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| 3/24/2003 12:00:00 AM

El éxito del Plan Colombia

El descenso significativo de los cultivos ilícitos que mostró las Naciones Unidas, en particular en los cultivos de coca, permite afirmar que el Plan Colombia está logrando sus objetivos.

El significado de este hecho es trascendental si se hace un análisis desapasionado. Una opción, claro está, es abordar el tema desde la perspectiva política en donde militarán todos aquellos que por principio, palabra, obra u omisión, no le quieren reconocer al anterior Gobierno (ese de la zona de distensión), nada de nada. Léase Atpa, fortalecimiento de las FFMM o política exterior. Otra opción, mas sensata y productiva, es analizar el tema desde una perspectiva estratégica sin poner atención en quién tuvo la idea, para centrarse en las repercusiones históricas que puede llegar a tener el fin de los cultivos de coca en Colombia.

Para empezar, es importante tener en cuenta que la afirmación no es en pasado, porque el Plan Colombia no era una propuesta gubernamental que finalizó el 7 de agosto del año anterior. Lejos de haber sido un plan específico, es ante todo una estrategia de Estado destinada principalmente a erradicar los cultivos ilícitos de coca y amapola cuyos efectos solo en la violencia que generan, han caracterizado tristemente las últimas dos décadas de nuestra historia. Es decir, el Plan Colombia no tiene fecha de vencimiento. Se trata de la puesta en marcha de una combinación de planes y programas que involucran distintas instituciones del Estado y cuyo primer objetivo es colocar la dinámica de erradicación de cultivos ilícitos por encima de la dinámica de siembra promovida por los narcotraficantes y los grupos armados. Es decir, lo que muestra Naciones Unidas.

Léase bien: dinámica de erradicación. No dinámica de fumigación, que no es lo mismo. La diferencia radica en que la erradicación se consigue con la mezcla de tres componentes en donde, claro está, se encuentra la fumigación, pero a la cual se le suma la interdicción y la acción social.

Mas allá del análisis de las cifras que hablan por si solas (ver gráfica), los mas significativo es que la capacidad de destrucción de cultivos por vía de la fumigación por primera vez en la historia superó las hectáreas sembradas. Esto significa que durante este año se está en capacidad de destruir toda la coca existente, lo cual no necesariamente traerá la desaparición total de los cultivos. Con seguridad se presentará una importante nivel de resiembra que en el 2002 fue de alrededor del 65%, es decir, un poco mas de la mitad de los cultivos destruidos. La vieja teoría de que los cultivos se desplazan sin que disminuyan queda desvirtuada por los hechos. Se desplazan, pero disminuyen. Así estaba planeado desde finales del año 2.000 cuando comenzó en firme el Plan Colombia.

Otro hecho relevante del descenso de los cultivos es que en el lugar donde es mas significativo es en el Putumayo en donde Naciones Unidas sostiene que hay casi 30 mil hectáreas cuando en el año 2000 había 66.022 hectáreas. Aquí lo importante es analizar que en el corazón del éxito de lo que está ocurriendo en el Putumayo se encuentra precisamente la concurrencia de distintas entidades, y en donde lo mas destacado es haber logrado, después de varias décadas de intentos frustrados, una coordinación eficaz entre la acción de los organismos de seguridad y la acción social en manos de múltiples instituciones.

El papel de la Policía Antinarcóticos ha sido fundamental porque las operaciones de fumigación son las que mas han destruido cultivos ilícitos. Su eficiencia se debe sin duda a su labor profesional y temeraria, que se complementa con las labores de destrucción de grandes laboratorios en todo el país y el desmantelamiento permanente de organizaciones de narcotraficantes en todo el territorio nacional. Por su parte, las Fuerzas Militares, en particular el Ejército, también han sido fundamentales gracias a la labor de interdicción realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur con sede en Tres Esquinas. Si la coca creció en el Putumayo por la falta de presencia de la fuerza pública, a partir del año 2000 enfrentó una crisis al hacerse cada día mas difícil acceder al cemento, la gasolina y el ácido sulfúrico, necesarios para producir la base de coca. La interdicción ha sido tan importante que pese a la destrucción de cultivos, que su precio no ha subido porque los compradores han tenido cada día mas inconvenientes para acceder al producto.

Si muchos críticos del Plan Colombia avizoraron una estrategia de tierra arrasada, se quedaron esperando el apocalipsis en el Putumayo. Tanto las FFMM y la Policía Nacional han venido realizando una labor quirúrgica y profesional dentro de un cronograma previamente establecido en donde los derechos humanos han sido prioridad y donde la acción social ha sido fundamental como tercer componente de una estrategia integral.

Si en el Putumayo se está acabando la coca también ha sido porque así lo han querido sus habitantes y gobernantes. La acción social puesta en marcha en el 2001 se basó en entender que el Plan Colombia no podía circunscribirse a la acción de los organismos de seguridad. El antecedente de las marchas cocaleras que habían movilizado cerca de 90 mil indígenas y campesinos, mostraban una comunidad que reclamaba una especial atención a su situación. Con un agravante: la realización de una movilización social a mediados del año 2000 hubiera tenido un efecto negativo para la solicitud de cooperación internacional en temas sociales, que en ese momento se gestionaba con los Estados Unidos y Europa y que finalmente solo llegó de Washington.

El plan de inversión pública sin paro cívico de por medio (es decir a las buenas), comenzó a finales del 2000, uno de cuyos componentes fue la realización de pactos sociales de erradicación voluntaria, para lo cual se dispuso de la administración de los recursos de organizaciones no gubernamentales que venían de tener éxito en la reestructuración del eje cafetero.

Los resultados son contundentes. Hace dos meses el Gobierno Nacional pudo constatar que cerca de 15.000 hectáreas de coca se han erradicado manualmente por un número similar de familias campesinas e indígenas. Lo llamativo es que en el mismo ejercicio se estableció que cerca de 11.000 de esas hectáreas ya están sembradas con cultivos lícitos de muy distinto tipo. Estas cifras son inmensamente altas si se comparan con el acumulado histórico logrado por el Plante en todo el país, que no alcanza las mil hectáreas. Lo real es que la población del Putumayo se cansó de la coca.

Lo significativo de todo esto lleva a otro tema que es polémico alrededor del Plan Colombia: el papel de los Estados Unidos. La USAID en el Putumayo tiene una presencia real sin demagogia, la cual ha sido vital para el programa social de erradicación voluntaria. La ayuda no se ha limitado al aporte a las Fuerza Militares y la Policía Nacional.





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