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| 7/11/2017 1:10:00 PM

Militares y civiles no deberían estar en la JEP, según Uribe

El exmandatario pide crear una segunda instancia “especial” para regresarles la reputación a los militares condenados. Son más de 1.200 casos de falsos positivos que investiga la Corte Penal Internacional.

Un informe de la Corte Penal Internacional entregado al Gobierno y que hace referencia a algunos casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia ha generado un amplio debate. El documento, revelado por El Espectador, asegura que ese alto tribunal ha estudiado en sus informes preliminares los casos de 23 generales y 6 coroneles –entre activos y retirados- por esos hechos.

El debate revivió uno de los miedos que existen alrededor del proceso de paz en el sentido de que los militares "terminen en la cárcel, mientras los guerrilleros salen libres". En ese contexto,  Álvaro Uribe  publicó  un resumen de la propuesta de su partido para el tratamiento judicial de las Fuerzas Armadas del Estado en el marco de la Jurisdicción Especial de Paz.

Para el expresidente, los integrantes de las Fuerzas Armadas y los civiles no deberían ser sujetos de la Justicia Especial para la Paz. Uribe pide crear una sala temporal en la Corte Suprema en la que puedan examinar las acusaciones por los hechos cometidos en las fechas que determine la justicia. 

En ese mismo sentido, pide crear una instancia “especial” con el fin de “reivindicar la reputación” de los miembros de la fuerza pública que por diferentes hechos hubieran sido condenados. Y finalmente, conceder la libertad condicionada a los 5 años.

El informe de la CPI dice que los supuestos delitos fueron divididos en cinco casos que corresponden a las regiones donde ocurrieron: en La Guajira y Cesar habrían sido por 146 ejecuciones registradas; Norte de Santander y magdalena 123 casos entre 2003 y 2009; los departamento del Meta, Casanare y Vichada también están en la línea de investigación con 163 casos; el cuarto corresponde al Huila donde se investigan 119 ejecuciones de casos entre 2004 y 2008; y llama la atención que Antioquia y Córdoba sean los departamentos con mayores cifras de estos delitos, con 677 ejecuciones entre 2002 y 2008.

El informe señala que si estos casos no son estudiados ni judicializados por la justicia ordinaria o la Jurisdicción Especial de Paz, La CPI podría intervenir.  

Sin embargo, el uribismo ha insistido que someter a los militares a la justicia creada en el acuerdo de paz es igualarlos con las Farc en términos de justicia, cuando las Fuerzas Armadas “velaban por la seguridad y tranquilidad de los colombianos”.

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