Jueves, 19 de enero de 2017

| 2015/09/05 22:00

El imparable éxodo de los colombianos deportados

Oficialmente 1.097 colombianos han sido deportados de Venezuela, por trochas y caminos otros 10.000 han cruzado. Esta crisis humanitaria puede empeorar con la llegada de miles más.

En la memoria de colombianos y venezolanos el Puente Internacional Simón Bolívar no estaba tan presente desde 2008, cuando el cantante Juanes y otros artistas hicieron vibrar a ambos países con el concierto ‘Paz sin fronteras’ que ayudó a desarmar las tensiones que había en ese momento entre Bogotá y Caracas. Pero hoy, allí no hay ni música ni paz. Por el contrario, los 315 metros del viaducto se han convertido desde hace dos semanas en una muralla que unos pocos han logrado atravesar, entre ellos 1.097 deportados, acusados injustamente de ser paramilitares, ‘bacheteros’, ilegales o simplemente colombianos.

Pero debajo de la gigantesca mole de concreto, miles de connacionales no solo provenientes de La Invasión Mi Pequeña Barinas, al otro lado del río y de donde fueron expulsados de sus casas, sino de más adentro, han decidido dejar todo lo que tienen y cruzar las aguas del río Táchira impulsados por el miedo de ser intimidados, retenidos, acosados o detenidos por la Guardia Nacional. Una de las miles que se aventuró es Deisy Mendoza, una monteriana que el sábado pasado a las 11 de la noche no aguantó más. Días antes, su esposo, junto a otros residentes de esos barrios, fue sacado de la casa por la Guardia y golpeado. Después los subieron a un camión, los encapucharon y se los llevaron.

“Marcaron las casas y dejaron solo a mujeres y niños. Varias tiendas, incluso de venezolanos, fueron cerradas. Tumbaron muchas casas, las calles se fueron quedando solas… me llené de miedo y decidí irme. Me metí al río con mi bebé, pensando que en cualquier momento la Guardia iba a disparar”. Al otro lado, en el corregimiento de La Parada (Villa del Rosario), levantó un cambuche, en el que ya lleva varios días. “Así llueva y se nos moje este cambuche estamos en Colombia, y prefiero esto al terror con el que estábamos en Venezuela”.

Ella hace parte de los 9.826 colombianos que oficialmente, al cierre de esta edición, han retornado al país de manera voluntaria, cifra que, para el director nacional de la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván Márquez, puede aumentar pues la situación de los connacionales del otro lado del río Táchira es tan grave, que la gente se aventura a salir por donde sea con tal de evitar el ‘vergonzoso camino’ de la deportación.

Con su bebé en brazos, y ya junto a su esposo que fue deportado y al cual encontró en las filas de Migración Colombia, Deisy se abalanzó a buscar una prenda de vestir entre las donaciones que el Ejército Nacional estaba llevando a los albergues el jueves pasado. “Yo me salí sin nada, y no tengo ni qué ponerle al niño”, se apresuró a decir, al correr por un pantalón pequeño que tal vez le serviría a su hijo.

Mientras cientos de personas están en cambuches y chozas improvisadas al lado colombiano del río, a pocas cuadras de allí José Dagoberto Cardona se siente ‘como un rey’ en uno de los albergues que levantaron por parte del gobierno. “Así sea acá tirados en una colchoneta, estamos juntos”, cuenta este pereirano. La pareja, que llevaba siete años en el vecino país, aún conserva su acento, pero ella perdió su identidad, o por lo menos así lo considera él, al relatar que a su esposa un guardia venezolano le quitó su cédula colombiana, la rompió, la arrugó y nunca se la devolvió.

El éxodo de colombianos por la frontera se tiñe de otras historias, como la de Luz Mariela Silva, que vivía con su esposo en La Invasión, y considera que este es su segundo desplazamiento forzado por la violencia. “A mi primer esposo lo mataron en San José del Guaviare y por eso me fui para Venezuela, pero esto es una humillación, porque ni a los perros los sacan así. A todos los hombres los estaban empapelando y les decían que eran paramilitares, entonces tuve que pagarle 2.000 bolívares a un guardia para que dejara pasar a mi marido por el río”, relata Luz Mariela.

Estas denuncias se repiten en La Parada y sus albergues, donde cientos de personas, como Aidé Contreras y Marcos Ariza, aseguran que ya hay toda una mafia de las autoridades venezolanas para que los dejen salir por distintas trochas –unas más peligrosas que otras–. A los más necesitados por un reencuentro ya no les cobran en bolívares, sino en pesos colombianos –entre 20.000 y 40.000–  para permitir lo que no pueden lograr por el puente Simón Bolívar: reencontrarse con sus hijos, sus hermanos, sus esposos y esposas, sean de la nacionalidad que sean.

La venezolana Celeste Mendoza, quien cubre a su bebé de una temperatura que alcanza los 38 grados centígrados, cuenta que a su esposo lo deportaron, por lo que ella decidió cruzar la frontera para nacionalizar al pequeño, a sabiendas de que nació en Venezuela. “Tengo pena por lo que ha hecho mi gobierno, para mí es una falta de respeto que las personas tengan sus cosas y de un día para otro perderlas por una decisión así”.

La Parada ya no es el sector pujante y comercial que era hace un mes. Ya no se ve la cantidad de mercancía venezolana a las afueras de las casas, que con el tiempo se han convertido en amplias bodegas. Hoteles, tiendas y mercados están cerrados, lo que contrasta con el movimiento que se percibe al lado del río Táchira, donde los deportados se las ingenian para sobrellevar la situación.

Por sectores hay líderes que organizan la entrega de ayudas y la preparación de arepas y sancochos, cuyo menaje es lavado con las aguas del afluente que separa a las dos naciones, ante la mirada de la Guardia Nacional. En ellas también se zambullen quienes quieren dejar atrás días de horror y tratan de mostrar una sonrisa en medio de todo el caos que se percibe. “Es otra pequeña Colombia la que está empezando acá”, resalta Mario Castro, otro deportado que cree que no es casualidad que en el puesto de mando unificado que el gobierno colombiano instaló en el puente Simón Bolívar haya oficinas móviles de la Registraduría Nacional, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, de Migración Colombia, del Sena, de la Policía Nacional y otros, aportando para paliar la situación.

La Registraduría Nacional del Estado Civil ha dispuesto de dos unidades móviles y una fija para atender a quienes requieren el documento de identidad con urgencia. Roque Alirio Martínez Santos, delegado de la registraduría para Norte de Santander, señaló que a la fecha tienen 1.224 documentos listos de personas que han solicitado el servicio para adelantar trámites en el país.

Llama la atención que los padres de 572 menores, entre niños y niñas, han tramitado el Registro Civil de Nacimiento, lo que indica que nacieron en Venezuela, pero tras la crisis, desean ser nacionalizados como colombianos. Otro de los datos es que 135 mujeres y 175 hombres han pedido un duplicado de la cédula de ciudadanía, lo que da fuerza a las denuncias de quienes aseguran que la Guardia venezolana les retuvo los documentos o se los rompió. Muchos llegaron con lo que tienen puesto.

La procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Miryam Hoyos, comentó que conocieron el caso de un hombre que les ofrecía dinero a las mujeres a cambio de sexo. “Era un hombre que compartía la carpa de deportado con otra persona, ofrecía a las mujeres entre 50.000 y 60.000 pesos para tener sexo, pero ya el caso está en la Fiscalía”.

También se supo de dos hombres que estaban ofreciendo hasta 25.000 pesos a las mujeres que se dejaran cortar el cabello, al parecer para hacer pelucas. Si bien este no es un delito, estas autoridades lo catalogaron como una falta grave en este contexto, pues los hombres que estaban incitando a las mujeres a vender el pelo les decían que ellas necesitaban recursos para sobrellevar esta situación en la frontera.

En medio de esta crisis humanitaria, el viernes hubo un primer gesto del gobierno de Venezuela. En 33 colegios de Cúcuta y Villa del Rosario estudian 2.067 niños venezolanos y colombianos. El gobierno, en cabeza de la ministra Gina Parody, insistió en crear un corredor humanitario que les permitiera pasar. El viernes, 107 lograron volver a clases y retornar, tras un complejo operativo, a sus casas. Se espera que el lunes cientos más lo hagan.

Pese a este gesto, varios funcionarios del alto gobierno se atreven a decir que lo peor está por venir, pues el éxodo de colombianos parece no detenerse, y cada vez están llegando más colombianos del interior de Venezuela, no solo por miedo sino porque algunos, que la están pasando mal económicamente, han visto una posibilidad de regresar y arrancar de nuevo con la ayuda del Estado. Desafortunadamente Cúcuta, la ciudad donde ocho de cada diez personas vive de la informalidad, de vender tintos o ser comerciante, será la mayor receptora de los deportados y regresados de Venezuela, lo que avecina otra gran crisis para esta capital.

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