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| 11/12/2011 12:00:00 AM

El factor Gómez

El preacuerdo de la Fiscalía con uno de los tres grandes eslabones del carrusel de la contratación en Bogotá abre grandes interrogantes sobre el futuro de la investigación.

Quienes están cerca del caso del carrusel de la contratación en Bogotá sienten que algo muy raro está pasando y no acaban de entender cuál es la estrategia que hay detrás de las cartas que está jugando la Fiscalía.

De hecho, ya varias autoridades han puesto el grito en el cielo por los movimientos dados por la fiscal Viviane Morales en los últimos días. El primer acto de Gustavo Petro como alcalde electo, por ejemplo, fue escribirle una carta para rechazar el preacuerdo al que ella llegó con el contratista Julio Gómez. El procurador Alejandro Ordóñez, a su vez, le dio un sutil jalón de orejas, el jueves pasado, con un comunicado en el que la 'requirió' para que pida medida de aseguramiento contra Gómez.

Tanto a Petro como a la Procuraduría les ha parecido extraño que se haya llegado a ese preacuerdo con Gómez a pesar de que él no ha devuelto el 50 por ciento del producto del delito, en este caso, el peculado, como lo ordena el Código de Procedimiento Penal.

La fiscal se ha defendido. Hace unos días dijo que "en el sistema acusatorio, el principio de la libertad es el que rige a las personas", con lo que dio a entender que será el juez, cuando dicte sentencia, el que decidirá si Gómez va a la cárcel. Y también ha dicho que el contratista ya devolvió 12.500 millones de pesos. Sin embargo, eso no está del todo claro. La cifra exacta es 12.290 millones de pesos, y la Procuraduría cuestionó que la mayor parte (12.000 millones de pesos) corresponde a un anticipo dado a Julio Gómez por otro contrato, el del deprimido de la calle 94, que finalmente no se construyó y que de cualquier manera Gómez tenía que reembolsar.

El contratista, para efectos del pre acuerdo, solo entregó 290 millones de pesos. Una suma que, en principio, no se compadece ni con los 1.750 millones de pesos que recibió de los Nule por el contrato del tramo de TransMilenio de la 26, ni con el detrimento patrimonial de los dos contratos de malla vial por los cuales se le investiga, que suman 189.000 millones de pesos. Sin embargo, la Fiscalía alega que fueron los peritos los que tasaron en esa suma la devolución.

No está claro quién tendrá la última palabra. Pero lo de Julio Gómez es apenas la punta del iceberg de una historia que se está escribiendo detrás de bambalinas en el complejo judicial de Paloquemao ¿Qué es lo que está ocurriendo?

El preacuerdo de Gómez es el primero de tres que hará la Fiscalía con los tres grandes eslabones del carrusel de la contratación de Bogotá. Estos son quienes, según evidencias en la investigación, actuaron como intermediarios entre los hermanos Moreno Rojas y los demás contratistas para acordar las coimas y el pago de las mismas. Después del trato con Gómez, vienen los preacuerdos con el también contratista Emilio Tapia, y luego, con el abogado Álvaro Dávila. Hay testimonios que los señalan a ellos tres, además de a Iván Moreno, como los cerebros de toda la estrategia del carrusel.

Estos preacuerdos a los que están llegando, si bien son instrumentos legales, tienen en el fondo gato encerrado. O mejor, son un as que tienen los abogados defensores de este trío para evitar que la investigación pase a mayores. Gracias a estos acuerdos, ninguno de los tres hombres tendrá que comparecer como acusado en un juicio oral. Y eso quiere decir, para efectos de la investigación del cartel de la contratación, que ya se hace más remota la posibilidad de que incriminen a otros de los protagonistas, sobre todo como el suspendido alcalde Samuel Moreno o su hermano, Iván, quienes hoy esperan, detenidos, el desenlace de este proceso.

En otras palabras: Julio Gómez recibirá una condena con beneficios simplemente por aceptar los cargos y devolver un dinero, pero no tendrá que dar ningún tipo de información a la justicia. Y así se prevé que ocurra con Tapia y Dávila. De esa manera, los creadores del carrusel rompen la cadena de delaciones que venía tomando fuerza desde cuando los primos Nule encendieron su ventilador en 2010.

¿Por qué la Fiscalía pierde la oportunidad de conseguir más información para seguir destapando el cartel? La fiscal dijo a RCN Radio que Julio Gómez "queda comprometido a ser testigo de cargo en otros procesos". Sin embargo, no es claro qué interés va a tener este contratista en revelar nuevos episodios o pruebas si ya está resuelto su caso.

Y aún más, en el preacuerdo no quedó escrito sobre quién tendría que dar información. "Debe servir de testigo de cargo en procura de esclarecer los hechos. No se especifica ni contra quién ni en relación con qué", precisó una fuente de la Fiscalía que conoce el caso. SEMANA le preguntó si existe la posibilidad de que con estos acuerdos nadie siga destapando hechos del carrusel, y la respuesta fue: "Existe esa posibilidad. Uno puede pensar que la defensa de ellos está jugando a eso".

A estos polémicos preacuerdos se les suman dos episodios que han provocado todo tipo de cuestionamientos. El primero es el hecho de que la Fiscalía no les haya dado a los primos Nule, como les había prometido, un principio de oportunidad por su colaboración con la justicia.

Más allá de que la opinión pública, hastiada del robo del que ellos fueron protagonistas, le aplauda a la fiscal general que no tenga ninguna consideración con los Nule, el que no les dé el principio de oportunidad tiene sus efectos. En primer lugar, deja un mal sabor que les dé beneficios a quienes no han colaborado con información (Gómez, etcétera) y se los niegue a quienes dieron la cuota inicial para destapar el escándalo. En segundo lugar, la Fiscalía ya había prometido ese beneficio (ver facsímil) y la misma fiscal había hablado de un principio de oportunidad parcial. ¿Qué delincuente puede tener confianza en que delata a peces gordos y que la Fiscalía mantiene su palabra? Y en tercer lugar, los Nule han decidido no seguir colaborando con testimonios y evidencias.

Eso en la práctica quiere decir que, con los grandes contratistas saliéndose por la tangente y los Nule callados, tiende a congelarse la investigación y el riesgo de que se dé cierto grado de impunidad crece. Para nadie es un secreto que los grandes crímenes de este país se han resuelto cuando los propios delincuentes han decidido prender el ventilador.

Por ahora solo se están investigando tres contratos. ¿Si todos dejan de hablar, qué va a pasar con los más de 200 frentes de obra de la administración de Samuel Moreno por 3,5 billones de pesos? Sin contar la contratación en otros sectores, como la salud, que ya Gustavo Petro prometió destapar.

El segundo episodio que ha aparecido es la mención de Alfonso Gómez Méndez. El nombre del exfiscal general salió a relucir la semana pasada en unas grabaciones que reveló RCN Radio en las cuales Germán Pabón, el fiscal que tuvo a su cargo la investigación por el carrusel de la contratación, mencionaba que Gómez Méndez le había pedido, en una reunión en su casa, en junio pasado, ver si podía ayudar en el caso de Julio Gómez. La respuesta de Pabón, según pudo conocer SEMANA, fue: "Aquí de lo que se trata no es de salvar a un contratista, sino de salvar a Bogotá".

A Germán Pabón, quien en pocos meses había logrado recoger pruebas para detener a varios de los implicados, lo sacaron del caso el 8 de julio. Pabón convenció a los peces gordos, los primos Nule, de admitir el delito de peculado, con lo cual garantiza una pena para ellos de por lo menos ocho años y los obliga a ir a un juicio oral en el cual la idea era que dieran más evidencias del saqueo.

En favor de la fiscal Viviane Morales hay varios puntos. En primer lugar, que están en la cárcel tanto Samuel Moreno como los primos Nule. Y la ciudad, hastiada de la corrupción, se lo agradece. En segundo lugar, que una explicación para no darles aún el principio de oportunidad a los Nule es que tal vez está esperando que quede en firme la condena por peculado contra ellos. En tercer lugar, que si bien se pueden cuestionar los preacuerdos, son herramientas que permite la ley, y que tal vez son los estrategas de los contratistas los que están sacando jugo de ellos. Y en cuarto lugar, que fue Viviane Morales la que también abrió el capítulo de los concejales en el cartel de la contratación. ¿Qué tantas pruebas tiene contra ellos? Es lo que está por verse.

Toda la ciudad espera que se haga justicia en este caso y que se recupere la plata perdida. El peor escenario sería, como temen algunos, que se empiece a desmoronar el caso en los estrados y solo terminen pagando peces chicos del IDU.
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