Santos no cierra la puerta al diálogo con Ortega

Luego de la alocución del lunes en la noche en la que el presidente Juan Manuel Santos reveló los cuatro puntos de la estrategia política y jurídica para defender el archipiélago de San Andrés, la principal conclusión es que el gobierno Santos le abre las puertas al diálogo a su homólogo nicaragüense, Daniel Ortega. El propósito es negociar un nuevo tratado de límites entre ambos países.

Así se desprende de la decisión del presidente colombiano de advertir que la Constitución, en su artículo 101, señala que "los límites señalados en la forma prevista por esta Constitución sólo se podrán modificar en virtud de tratados aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el presidente de la República".

El mandatario dejó claro que el fallo de la Corte Internacional de Justicia sólo puede ser aplicable cuando se celebre un tratado que proteja los derechos de los colombianos, acuerdo que deberá ser aprobado por el Congreso.

Este anuncio cierra las puertas a que los alcances del fallo puedan ser aplicables en un futuro cercano, pero se las abre a una negociación con el gobierno de Managua.

El propio Daniel Ortega le había propuesto a Colombia crear una comisión binacional con el propósito de llegar a acuerdos para aplicar el fallo y coordinar de manera conjunta las operaciones de pesca, patrullaje antidrogas y la administración conjunta de la reserva de la biósfera Seaflower en el mar Caribe, teniendo como base los límites establecidos por la Corte de La Haya.

Pero la postura de Colombia es otra porque, según la interpretación del internacionalista Enrique Gaviria Liévano, dicho tratado no se reducirá a transcribir los alcances del fallo de La Haya, ya que el presidente Santos rechazó la decisión y reafirmó la indignación que ha producido los nuevos límites fijados por el tribunal internacional.

Incluso, el senador Juan Lozano, integrante de la comisión de asuntos internacionales del Senado, aseguró que el Congreso colombiano no aprobaría ningún tratado en el cual los límites marítimos de Colombia correspondan a los que fijó la Corte de La Haya en su fallo de noviembre del 2012. Por eso se advierte que las posibles negociaciones entre Colombia y Nicaragua serán complejas.

Además, la decisión del presidente Santos de expedir un decreto en el que une la plataforma continental de Colombia en Cartagena con la del archipiélago de San Andrés se podría constituir en una decisión “audaz y novedosa”, según expertos, que en la práctica podría suponer un desacato a los alcances del fallo.

Con el decreto, Santos reafirmó jurídicamente que la plataforma continental de San Andrés, que se extiende hacia el oriente en 200 millas náuticas, se une con la plataforma continental que tiene la costa caribe colombiana que se extiende hacia el noroccidente y hacia San Andrés en al menos 200 millas. Esto significa, según el presidente, que Colombia tiene una plataforma continental continua e integrada desde San Andrés hasta Cartagena.

Puede ser un desacato en la medida que la mayor cantidad de mar que le quito la Corte de La Haya se concentra al sur de San Andrés, por lo que la decisión de unir ambas plataformas continentales podría suponer un desacato de los alcances del fallo.  

Sin embargo, expertos en derecho internacional, como Carlos Gustavo Arrieta, consideran que la figura de la zona contigua integral le permite reconocer hasta 24 millas alrededor de las islas. Mientras el expresidente de la Corte Constitucional Juan Carlos Henao sostiene que el presidente Santos aseguró que está obligado a cumplir y respetar la Constitución que sólo establece que los límites fronterizos se pueden modificar mediante un tratado, y el fallo de La Haya no lo es. “Mal haría en desarrollar las consecuencias del fallo sin buscar el ajuste normativo que reforme los límites”.

Esta son las primeras reacciones a un tema que estará en la agenda del presidente Santos hasta el final de su mandato, y posiblemente el inicio del otro.