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| 6/12/2010 12:00:00 AM

El fallo del coronel Plazas

La juez que condenó a 30 años de cárcel al coronel Alfonso Plazas utilizó la misma tesis con la que condenaron al ex presidente Alberto Fujimori en Perú. ¿Cuáles son las pruebas que sentencian al coronel y los argumentos de su defensa?

En el holocausto del Palacio de Justicia murieron 11 magistrados de la Corte Suprema y decenas de personas más perecieron calcinadas. Pero apenas ahora, casi 25 años después de lo ocurrido, se produce el primer fallo de la justicia ordinaria.

Hasta ahora, la única culpa por esta masacre se le había atribuido a la guerrilla del M-19, responsable de la sangrienta toma. Pero la semana pasada una juez de Bogotá condenó a 30 años de prisión al coronel retirado Alfonso Plazas Vega, no por la retoma, sino por la desaparición de 11 personas que el ejército sacó con vida del máximo claustro de la justicia.

El fallo estremeció al país y cayó como un baldado de agua fría en las guarniciones militares y en la propia Casa de Nariño. El presidente Álvaro Uribe y los generales en retiro pusieron el grito en el cielo porque consideran que no tiene ninguna presentación que ex guerrilleros del M-19 estén en la vida pública mientras los militares son condenados.

“Una alianza criminal asesinó a la Corte en 1985 y ninguno está en la cárcel. Ahora condenan a un integrante de las fuerzas armadas que simplemente buscó cumplir con su deber… Duele... da tristeza”, esa fue solo la primera declaración de varias que dio el presidente Uribe.

Pero ese es otro debate. Esa es una discusión política que si bien es importante, no puede hacer perder de vista los pormenores jurídicos del caso. La sentencia de la juez no toca a los del M-19 porque ella estaba investigando estrictamente el caso de los desaparecidos. Ese delito hoy es considerado materia grave por la justicia internacional.
El juicio al coronel Plazas tocó las fibras más sensibles del Estado. Eso se palpaba la semana pasada en los alrededores del edificio de los juzgados especializados de Bogotá.
 
Una romería, claramente dividida en dos bandos, con carteles y camisetas, se concentró a la espera del fallo. A las cuatro y media de la tarde del miércoles, cuando por fin se conoció la sentencia, hubo una explosión de júbilo entre los familiares que han esperado un cuarto de siglo a que alguien les dé razón sobre lo ocurrido con sus desaparecidos.
 
Mientras en el otro bando, quienes creen que la condena al coronel es una injusticia, les respondían con arengas: “Los terroristas que se tomaron el Palacio están en el poder y los soldados que defendieron la democracia, en la cárcel”.

La trifulca fue rápidamente disuelta por la Policía que custodiaba el edificio. La fiscal Ángela Buitrago, quien recogió las pruebas para acusar al coronel, tuvo que salir fuertemente escoltada. En el sexto piso, la juez María Stella Jara, sentía el alivio de quitarse ese piano de encima. Ella pasó nueve meses escribiendo el texto de la sentencia, rodeada de un esquema de seguridad que ha sido reforzado tres veces por el incremento de las amenazas. Lejos de allí, en el Hospital Militar, el interno Alfonso Plazas Vega, que presenta un cuadro de estrés nervioso extremo, atendido por una junta médica y vigilado por guardianes del Inpec, fue informado por su abogado Jaime Granados de la sentencia.
Pocas veces una decisión judicial había producido tal revuelo en el país. ¿Qué fue lo que ocurrió hace 25 años y qué papel jugó el coronel Plazas?

Todo empezó a las 11:40 de la mañana del 6 de noviembre de 1985. Un grupo de asalto del M-19, fuertemente armado, ingresó a los sótanos del Palacio de Justicia abriéndose paso a bala. Otra fracción de los guerrilleros hizo lo propio, pero discretamente, por la puerta principal. El descabellado plan consistía en tomarse el Palacio a la fuerza y obligar a comparecer al presidente Belisario Betancur para hacerle un juicio público. Pero la reacción de la fuerza pública frustró esos planes.

A los pocos minutos un espectacular operativo militar acordonó el área y una batería de tanquetas blindadas se dispuso al frente del Palacio, en la Plaza de Bolívar. La orden de ingresar y recobrar el control del majestuoso edificio fue trasmitida y ejecutada por el coronel Alfonso Plazas Vega, comandante de la Escuela de Caballería, adscrita a la Brigada 13. Con el ingreso de los blindados, el ejército logró el control del primer piso y con ello el rescate de centenares de rehenes que eran llevados para ser registrados a la Casa Museo del 20 de Julio, a pocos metros del Palacio.

Lo que ocurrió dentro del Palacio fue el holocausto. Los combates se intensificaron y un incendio monumental que se desató hizo de todo el edificio un infierno. Al final, murieron cerca de un centenar de personas, nadie sabe exactamente cuántas. En el cuarto piso perecieron calcinadas cerca de 60 entre civiles, guerrilleros y destacados magistrados, incluido el presidente de la Corte Suprema, Alfonso Reyes Echandía.

Pero afuera del Palacio, según testimonios e indicios, algunos de los sobrevivientes de la toma también sufrieron un infierno por cuenta de la fuerza pública, que los clasificó como “sospechosos” y los trasladó a guarniciones militares donde, según la juez Jara, fueron torturados hasta la muerte. Los desaparecidos son ocho empleados de la cafetería, dos visitantes y la guerrillera Irma Franco, que trató de salir del Palacio como una rehén más.

El fallo dado a conocer la semana pasada, más allá de la importancia que tiene por tratarse de un caso tan emblemático, tiene también un significado especial pues se toma la decisión después de que el expediente pasó décadas engavetado en los escritorios de los investigadores. Poco se había hecho, desde el punto de vista penal, para tratar de esclarecer lo ocurrido ese noviembre sangriento. Hasta ahora solo se han publicado informes de corte académico –dos comisiones de la verdad– sin efectos penales. La última de las comisiones, integrada por destacados ex magistrados, rindió su informe hace apenas unos meses. También se han impuesto sanciones de carácter administrativo y disciplinario por excesos de los militares en la retoma. En cuanto al M-19, todos los guerrilleros que participaron en el ataque murieron, y el grupo como tal fue cobijado por una amnistía y un indulto.

La justicia militar se encargó del proceso penal durante los primeros años y en 1986 exoneró al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Edilberto Sánchez. Unos años después, gracias al abogado de las familias de los desaparecidos, Eduardo Umaña Mendoza, el caso pasó a la justicia ordinaria. Pero cuando Umaña fue asesinado, en 1998, el expediente cayó en el olvido. En 2005 resucitó cuando la conmemoración de un nuevo aniversario del holocausto sacudió el polvo.

El fiscal Mario Iguarán reasignó el expediente a la unidad de delegados ante la Corte Suprema, y le correspondió a Ángela María Buitrago, una acuciosa fiscal, quien determinó que el caso de los desaparecidos configuraba un delito de lesa humanidad y por tanto no prescribía. Por esa época también aparecieron varios videos, publicados por Noticias Uno y Caracol, en los que se ve a dos de los reportados como desaparecidos saliendo con vida del Palacio de Justicia, bajo la custodia del Ejército. Y uno más en el que se distingue salir cojeando al entonces magistrado Horacio Urán, a pesar de que después fue uno de los cuerpos hallados sin vida en el interior del edificio.

La investigación cobró nuevos bríos. En 2006 la Fiscalía vinculó al coronel Edilberto Sánchez, comandante de Inteligencia de la Brigada 13, y seis meses después ordenó la detención del coronel Plazas, quien se había de-sempeñado como director de Estupefacientes en el gobierno Uribe.

En septiembre del año pasado concluyó su juicio, luego de múltiples audiencias donde se vio de todo: recusaciones y amenazas a la juez, recursos para trasladar el proceso a la justicia penal militar, excusas médicas por parte del ex oficial e incluso una bochornosa pelea en plena calle entre Plazas y manifestantes en su contra. Tras nueve meses de análisis, la juez Jara finalmente emitió su sentencia. ¿Qué fue lo que encontró para condenar a Plazas y ordenar compulsar copias para que se investigue a toda la cadena de mando de entonces, empezando por el propio presidente Betancur?

El fallo, conocido por SEMANA, consta de 302 páginas y se apoya en la tesis jurídica con la que en Perú se condenó a 25 años de cárcel al ex presidente Alberto Fujimori, como “autor mediato” de masacres. Es decir, la responsabilidad penal que le cabe a quien se sirve del mando que tiene en una estructura de poder para cometer, a través de subordinados, graves delitos. Con esta misma tesis, en Colombia se han sentenciado a varios parapolíticos.

El fallo sostiene que aunque Plazas Vega no desapareció a los empleados de la cafetería por mano propia, lo hizo aprovechando el poder de mando que tenía. Para acreditar tal mando la juez relaciona declaraciones del presidente Betancur, del ministro de Defensa Miguel Vega Uribe y del coronel Iván Ramírez, quienes sostuvieron que Plazas fue el real comandante de las operaciones.

Otro hecho muy “significativo” para la juez fue el protagonismo que tuvo el coronel Plazas ante los medios de comunicación a la hora de informar sobre las operaciones. Fue en una de esas intervenciones que pronunció su célebre frase: “¡Aquí, defendiendo la democracia, maestro!”. Aunque el comandante de la Brigada 13 era el general Jesús Armando Arias Cabrales, las intervenciones de Plazas dan a entender que en el terreno él fue el comandante de la operación. El Manual de Inteligencia de Combate, un documento secreto hallado por la Fiscalía, indica que en una operación “solamente el comandante de la Brigada puede suministrar información a la prensa”.

Varios testigos también aseguraron que Plazas estuvo en la Casa Museo del 20 de Julio y sobrevivientes, que según el expediente declararon en esa época, lo escucharon impartiendo órdenes y participando de reuniones privadas con otros oficiales. Eso indica que no podría ser ajeno a la clasificación que allí se hizo de los llamados “sospechosos” que luego fueron trasladados a guarniciones militares, entre ellas la Escuela de Caballería que estaba bajo su responsabilidad directa.

Para la juez, Plazas siempre estuvo informado del traslado de personas rescatadas a la Escuela de Caballería, pues como comandante de esa unidad táctica contaba con un radio con frecuencia compartida con sus hombres y con los otros oficiales de mando. En el expediente está la transcripción de esos audios en los que subalternos suyos coordinan el traslado de “sospechosos” a la Escuela. El coronel “era conocedor de lo que acontecía con ese grupo de sobrevivientes”, dice la sentencia.

Un segundo elemento importante en el fallo de la juez es que le dio total credibilidad a la declaración de Édgar Villamizar Espinel, un suboficial retirado que aseguró haber participado de las operaciones como parte de un grupo de Granada (Meta) que fue llevado para reforzar la retoma militar. Según Villamizar, alguien le preguntó al coronel Plazas qué hacer con los sospechosos y este respondió: “Cuelguen a esos hijueputas”. El testigo afirma que pudo oír y darse cuenta de los vejámenes que sufrieron los sospechosos llevados a la Escuela de Caballería. “Los colgaban de las manos, les daban golpes en el estómago, con cables les ponían electricidad en cualquier parte del cuerpo, tanto a los hombres como a las peladas. Yo me alcanzo a recordar bien, bien, bien, de la que primero se trajo: le rasgaron la blusa y le dejaron los senos a la intemperie”. Según ese relato, los excesos produjeron la muerte de varios sospechosos que habrían sido sepultados en la pesebrera.

El testimonio de Villamizar llegó al proceso hace poco más de un año y coincide con otros elementos que obran en el extenso expediente desde hace décadas. Por ejemplo, con un casete que misteriosamente desapareció y que registraba el relato de agentes del B2 del Ejército que participaron de la retoma del Palacio. En esta grabación –que consta en el expediente desde hace décadas– se afirma que una decena de personas rescatadas no brindaron una explicación convincente de por qué estaban en el Palacio de Justicia y “fueron conducidas hasta la Escuela de Caballería del Cantón Norte y de la Brigada”.

A través de llamadas anónimas, a las familias de los desaparecidos les dieron la misma información días después del holocausto. En sus declaraciones de esa época quedó registrado así como las respuestas que recibieron en las guarniciones militares. “Que no molestara más y que dejara de estar indagando por personas que no valían la pena porque eran guerrilleros y asesinos”, fue la respuesta que obtuvo en el Cantón Norte el padre del desaparecido Carlos Augusto Rodríguez, administrador de la cafetería del Palacio, según testimonio que dio en la época de los hechos.

La defensa del coronel Plazas ha rechazado de manera tajante la decisión de la juez y en particular ha puesto en tela de juicio al testigo Villamizar. Jaime Granados, abogado de Plazas, anunció que apelará la sentencia pues considera un despropósito que se condene a 30 años de cárcel a un “coronel de la República” basados en la versión de “un falso testigo”. Granados sostiene que la declaración de Édgar Villamizar fue ilegal porque se tomó sin que la defensa estuviera presente. “No sabemos si existe, no hay siquiera certeza de su nombre porque en el expediente aparece como Villamizar y como Villarreal”. El testigo hace hoy parte del programa de protección de la Fiscalía.

Durante el juicio, el apoderado del coronel intentó demostrar que no es verdad que existan desaparecidos del Palacio de Justicia. Según esa versión todos murieron calcinados y sus restos deben corresponder a una decena de cuerpos que terminaron sepultados en una fosa común del Cementerio del Sur de Bogotá. En agosto de 1996 se practicó la exhumación de esa fosa y los dictámenes forenses concluyeron que solo uno de los cuerpos extraídos de allí correspondía a un desaparecido. Pero no se hallaron huellas de los otros once. La tesis de que no hay desaparecidos quedó aún más sin piso luego de que aparecieron los videos y de que la Comisión de la Verdad dijo este año que “no existe duda alguna de que empleados de la cafetería y algunos visitantes ocasionales fueron víctimas de desaparición forzada”.

En los alegatos del juicio la defensa de Plazas admitió que la guerrillera Irma Franco salió con vida del Palacio entre los rehenes rescatados por la fuerza pública, pero que su desaparición no es responsabilidad del coronel pues este no tuvo control sobre la gente que iban rescatando. Plazas afirmó que los mismos videos con los que trataban de inculparlo muestran que la gente rescatada era conducida al museo por soldados con uniforme camuflado, o sea que no eran sus hombres de la unidad táctica de Caballería, cuyo uniforme era habano con casco.

La Procuraduría, que en el juicio pidió absolver a Plazas, también anunció que acudirá al tribunal superior para tratar de anular la sentencia de la juez Jara.
Este fallo no es, como se puede creer, el punto final del caso. Por el contrario, puede ser apenas el principio de una investigación que en otras circunstancias debió hacerse hace más de 20 años. Lo mejor que pueden hacer los implicados, sobre todo en estos tiempos de justicia globalizada, es dejar que la justicia colombiana cumpla su tarea.
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