El otro fallo que afecta a los pobladores de San Andrés

Este miércoles la Sala Plena de la Corte Constitucional salvó la mayoría de los artículos de la Reforma Tributaria aprobada por el gobierno nacional en el 2013, que buscaba generar empleo y dar incentivos tributarios a los empresarios. 

Con ponencia del saliente magistrado Alberto Rojas, fue aprobada casi en su totalidad. Sin embargo, cinco artículos trascendentales quedaron en el limbo, ya que no tuvieron visto bueno por parte del alto tribunal.

Semana.com conoció los detalles del trascendental asunto, en donde el gobierno se compromete a asignar un presupuesto especifico para el ICBF y el SENA, con el objetivo de reducir los gastos de los parafiscales en que incurren los empresarios al pagar las nóminas. 

No obstante, declaró no ajustados a la Constitución los artículos 151 a 155 de esa reforma, en los que el Gobierno dejaba en el papel los compromisos adquiridos con los pobladores del archipiélago de San Andrés, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Haya que le otorgó 72.000 kilómetros de mar a Nicaragua.

Los artículos permitían, entre otras cosas, la creación del Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres de la subcuenta denominada “Departamento Archipiélago”, con el fin de apoyar el financiamiento de programas y proyectos para la atención de necesidades derivadas de sucesos que generen un efecto económico y social negativo de carácter prolongado.

Igualmente el gobierno se comprometía a aumentar el trabajo de los pescadores en la isla en 10 % respecto al año anterior mediante “contratos para la ejecución de proyectos de asociación público-privada de iniciativa pública”. Dentro del texto de la sentencia, que será conocida en los próximos días, esto se les niega a los isleños.

La razón principal para este fallo es que por tesis mayoritaria los magistrados de la Corte no acogieron la ponencia al indicar que los artículos, relacionados con los pobladores del archipiélago no tenían nada que ver con la reforma tributaria. Por ello fueron tumbados. 

Ahora el Gobierno tendrá que inventar una fórmula mediante una ley extraordinaria  o un decreto excepcional para cumplir los compromisos adquiridos con decenas de familias afectadas económicamente por el fallo de la CIJ.