Viernes, 19 de diciembre de 2014

| 2013/02/28 00:00

El fallo que salvaría a Petro de perder la Alcaldía

El Tribunal de Cundinamarca negó una demanda que pedía revocar su inscripción como candidato.

Se trata de una condena que presuntamente recibió el hoy alcalde por porte ilegal de armas. Foto: Juan Carlos Sierra / SEMANA

De manera privada y de la propia mano de uno de sus abogados, el alcalde Gustavo Petro recibió a mediados de febrero un fallo que no deja de ser para él la mejor noticia en medio de la polémica por el manejo de la ciudad. La sentencia lo mantiene en la silla en la Alcaldía.

En cerca de 40 hojas, el Tribunal de Cundinamarca no sólo negó una demanda para que se revocara su inscripción como candidato a la Alcaldía de Bogotá. El fallo también se constituiría en pieza procesal clave para que el Consejo de Estado decida en una investigación por pérdida de investidura.

Se trata de una condena que presuntamente recibió el hoy alcalde por porte ilegal de armas en el año de 1985. Según la acción popular interpuesta por el concejal Orlando Parada, el alcalde Petro fue condenado por el juzgado 106 de justicia penal militar y por ello purgó una pena privativa de la libertad durante aproximadamente dos años, hasta el 6 de febrero de 1987.

En su oportunidad, Parada, exintegrante de la Policía y hoy concejal de la U, afirmó que la Constitución impide que una persona que haya sido condenada por sentencia judicial pueda inscribirse como candidato. Incluso citó la Ley 617 del 2000 en su artículo 95. Para el cabildante existe un mal mensaje en premiar a una persona que infringió la ley.

El concejal buscó que mediante la demanda el Consejo Nacional Electoral revocara el acto por medio del cual se inscribió el alcalde lo que llevaría incluso a que se pensara en su salida del cargo.

Para el magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Manuel Lasso, quien fue el ponente de la decisión, las pruebas entregadas no son suficientes para determinar que Petro fue condenado. “No obraba sumario N. 221, adelantado contra, entre otros, el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, ni copia de la decisión proferida de la citada investigación”.

“La plena prueba que se requiere para establecer lo dicho por el demandante sería un sentencia condenatoria, sin embargo, la misma no puede ser recaudada por el tribunal pese a los esfuerzos desarrollados”, se lee en el fallo.   

Incluso así se hubiera encontrado el proceso para el tribunal, el arresto respondió a un infracción de una “norma administrativa”, la cual se deriva del Decreto 1056 de 1984 que declaró turbado el orden público y el estado de sitio. En otras palabras, el porte de armas fue considerado en esa oportunidad una contravención y no un delito.     
 
Para uno de los allegados al proceso y cercano al alcalde, el fallo “podría inferir en los fundamentos de la demanda del Consejo de Estado (...) son los mismos con que interpuso la demanda de pérdida de investidura, es un proceso calcado”.

Tanto el alcalde como su defensa esperan que antes de mayo haya a su favor una sentencia del Consejo de Estado que desestime la solicitud de pérdida de investidura. Como se sabe, la Procuraduría ya conceptuó a favor el mandatario capitalino.

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