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| 3/25/2015 2:21:00 PM

El fantasma de las Convivir en el Congreso

Iván Cepeda denuncia que un proyecto de ley facultaría a cooperativas de ciudadanos para prestar servicios de seguridad. Mauricio Lizcano, autor del proyecto, rechaza tal afirmación.

En el año 1994 un decreto firmado por el gobierno del presidente Ernesto Samper dio origen a las cooperativas asociadas para prestar servicios de seguridad privada en determinadas zonas del país. La idea fue una respuesta oficial para dotar de herramientas legales a la defensa de numerosos ganaderos en el país que entonces se veían amenazados por las presiones y la violencia de los grupos subversivos.
 
Aquel decreto dio origen a las llamadas Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada que se denominaron Convivir. Aunque fueron muy criticadas por organizaciones defensoras de derechos humanos, fueron defendidas por el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez.
 
Pero en los años 90, esas Convivir evolucionaron y se convirtieron en grupos de autodefensa agraria y posteriormente fueron absorbidas por las Autodefensas Unidas de Colombia. En el año 2007, el entonces senador del Polo Gustavo Petro, en un célebre debate el Senado, dijo que las Convivir fueron el origen de la tragedia del paramilitarismo en Colombia.
 
Ahora, cuando el país está a la expectativa de los resultados definitivos del proceso de paz, en el Congreso colombiano el fantasma de las Convivir volvió a rondar por un proyecto de ley muy controvertido. El senador Mauricio Lizcano (la U) presentó una iniciativa para regular el servicio de vigilancia privada. Un proyecto extenso, de 124 artículos, que algunos sectores califican de peligroso.
 
Por ejemplo, el senador Iván Cepeda dijo a la Comisión Segunda del Senado que el proyecto de Lizcano contempla "revivir las cooperativas de seguridad privada" y otorgarles funciones que suplirían a la fuerza pública, con lo cual "podría conllevar a una nueva paramilitarización del país".

Según Cepeda, el proyecto establece la creación de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas, que podrán estar conformadas por ciudadanos y que se regirán por las normas establecidas para las empresas de vigilancia y seguridad. Contempla, además, una obligación de colaboración de las empresas y cooperativas de seguridad privada con la fuerza pública, lo cual, según el congresista, podría propiciar la renovación de los efectos negativos que produjo la figura de la red de cooperantes llamada Convivir, la cual les dio impulso a los grupos paramilitares y cobró las vidas de cientos de ciudadanos.

“Es contraproducente que en el contexto de un acuerdo de paz y ante posibilidad de un posconflicto, sectores del Congreso presenten una iniciativa que revive ese viejo peligro de paramilitarizar el país a través de entregarles a cooperativas de seguridad el manejo de asuntos de orden público. La tenebrosa experiencia de las Convivir nos enseñó que no se puede seguir en la línea de otorgarles facultades del Estado a los privados”, aseguró Cepeda.

Y es que, según Cepeda, estas facultades están contenidas en el artículo segundo del proyecto, que les permite las empresas de seguridad privada realizar investigaciones, sin clarificar de qué tipo, se podría estar autorizando al desarrollo de investigaciones que afecten la intimidad de los ciudadanos y poner en riesgo otros derechos fundamentales. Así se lee en el artículo: “(…) Se entiende por empresa de vigilancia y seguridad privada la sociedad o cooperativa legalmente constituida, (…), la cual, tiene por objeto social (…), investigación, prevención y gestión de riesgos en seguridad (…)” .

Además, el artículo 3, por el cual se amplía la acción defensiva de las empresas, literalmente autoriza a repeler cualquier acción delictiva contra sus protegidos a la figura de “reduciendo las oportunidades para la actividad criminal y desalentando la acción de los criminales”.

El senador advirtió también que el proyecto de ley plantea un "cheque en blanco" para que el presidente pueda establecer cuáles son los servicios conexos a la actividad de la vigilancia privada, cuya definición, alcance y determinación serán determinados por el gobierno nacional, como lo establece el artículo 44.
 
No se reviven las Convivir
 
Mauricio Lizcano rechazó las observaciones de Cepeda y aseguró que su proyecto, que pretende regular a las empresas de vigilancia privada, nada tiene que ver con la resurrección de las Convivir.
 
De hecho, aseguró que el Decreto 356 de 1994, que les dio vida a estas cooperativas de seguridad, está vigente y las define como un servicio comunitario de vigilancia y seguridad privada para promover seguridad privada a sus cooperados. "Eso está vigente".   
 
Lizcano aseguró que hoy en el país hay 50 cooperativas que prestan servicio de vigilancia y que están sometidas a los mismos requerimientos de las empresas privadas. Por eso, dijo que tuvo que incluir la reglamentación de estas cooperativas para no afectar a las que actualmente prestan dicho servicio. El autor del proyecto también aseguró estas cooperativas, en ningún caso, reemplazarán a la fuerza pública.  
 
La discusión del proyecto tuvo que ser aplazada hasta que el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, fije la postura del Gobierno alrededor de este proyecto, el cual fue presentado en la pasada legislatura por el senador Juan Lozano, y ahora es defendido por el senador Lizcano. Sobre la mesa está la preocupación de si este proyecto puede revivir las llamadas Convivir, las cuales fueron una pesadilla para la Nación y desencadenaron en la violencia paramilitar. 
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