Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2001/01/01 00:00

El fantasma de Escobar

Consuelo Sánchez Durán tuvo que irse al exilio diplomático en 1988 para salvar su vida. Ahora que la retiraron de su cargo consular prefirió asilarse que volver al país.

El fantasma de Escobar

Hace seis meses, durante una reunión mundial de magistrados organizada por el Banco Mundial en Washington, Consuelo Sánchez Durán, cónsul colombiana en dicha ciudad, fue ovacionada por los participantes en el evento. Fue un homenaje emotivo y sentido para la mujer que, a los 32 años de edad, ordenó la detención y acusó al narcotraficante Pablo Escobar por el asesinato del periodista Guillermo Cano, director del diario El Espectador. Un juez francés le dijo después a Sánchez: “Usted es una heroína”.

La felicidad que le produjo a la cónsul esta espontánea y sincera manifestación de reconocimiento por parte de sus colegas duró poco. Tiempo después el temor que la rondaba desde que Andrés Pastrana llegó a la Presidencia de la República y Luis Alberto Moreno fue nombrado embajador en Estados Unidos se hizo realidad. El 28 de septiembre, a las 5:30 de la tarde, la cónsul Sánchez fue llamada al despacho de Moreno. La relación entre ambos era distante. Según la ex funcionaria, en los dos años que trabajó con él no hablaron en más de tres ocasiones. Sin embargo esa tarde de otoño, mientras caminaba hasta el 2118 de Leroy Place, donde queda la embajada de Colombia, no se imaginaba que su vida y la de su familia iba a dar de nuevo un giro de 180 grados.

El encuentro entre Moreno y Sánchez fue muy breve. El embajador le mostró un documento que le había remitido la Cancillería, por medio del cual la notificaban del retiro de su cargo y del nombramiento en su reemplazo de Lizette Martínez Peña, esposa de Rodolfo Espinoza Meola, gobernador liberal del Atlántico hasta este mes. Después de solicitar que le cambiaran la fecha a los papeles y firmar la notificación Sánchez le dijo a Moreno: “Fue un placer haber trabajado con usted señor embajador”. Antes de retirarse del despacho María Claudia Gómez, una consejera de la embajada, le preguntó: “¿Y ahora qué va a hacer?”. La cónsul, perpleja e incrédula ante la situación que estaba viviendo, le respondió lo único que le pasó por la cabeza en ese momento: “Acudir al asilo”.

La mafia no perdona

La historia de Consuelo Sánchez comenzó en 1988 cuando recibió el encargo, como juez 89 de instrucción criminal, de realizar la investigación penal por el magnicidio de Guillermo Cano. El caso era una papa caliente. Había pasado por los despachos de tres jueces sin tener mayores avances y puesto en peligro la vida, por las amenazas de muerte del autodenominado grupo de Los Extraditables, de todos los que se involucraban en él.

Para garantizar la seguridad de la juez la llevaron a vivir en el Club Militar y le asignaron el carro blindado de Enrique Low Murtra, el ministro de Justicia de ese momento. Sánchez acusó a Pablo Escobar de ser el autor intelectual del asesinato de Cano. A partir de ese instante la organización criminal se movilizó para hacer efectiva la advertencia que le habían hecho a la juez si llamaba a juicio a Escobar: “Está cometiendo un grave error que manchará su vida y la hará desdichada hasta el último de sus días”.

La situación de Sánchez se volvió insostenible en Colombia y, por decisión del presidente Virgilio Barco y el ministro Low Murtra, partió al exilio diplomático como cónsul en Detroit. En la capital de la industria automotriz de Estados Unidos la Secretaría de Estado de ese país gastó 750.000 dólares en su protección. No obstante, en 1989 se hizo público el ofrecimiento por parte de los narcotraficantes de un millón de dólares por su cabeza y el gobierno colombiano decidió trasladarla al mismo cargo en Washington. En la capital estadounidense la policía local fue informada del caso de la funcionaria y regularmente vigilaba su casa. Como cónsul Sánchez siempre fue muy eficiente, nunca alguien se quejó de su trabajo. Sin embargo su permanencia en el puesto se convirtió en una piedra en el zapato para las administraciones de César Gaviria, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. “Todos los gobiernos, desde Gaviria, querían sacarla de allá, pero a todos les dio miedo hacerlo”, le dijo a SEMANA una fuente que conoce el caso y pidió no ser identificada.

Mientras Sánchez veía su labor en el consulado como la manera de permanecer alejada de quienes querían matarla la burocracia de turno la veía como una incomodidad, era un puesto menos con el cual premiar a alguien cercano a sus afectos políticos porque, por lo general, estas asignaciones no son para miembros de la carrera diplomática. Sin embargo nadie se atrevía a tomar cartas en el asunto por temor al escándalo que supondría sacar a una mujer con aura de heroína sólo para satisfacer un apetito burocrático. Además nadie quería cargar con la responsabilidad si le ocurría algo malo después de su regreso a Colombia. El fantasma del episodio Low Murtra, a quien retiraron de la embajada de Colombia en Suiza y fue asesinado a los pocos meses de su llegada a Bogotá, todavía causa escozor.

El cambio es ahora

En 1998 Sánchez se enteró de que el nuevo gobierno quería reemplazarla. Por eso, en septiembre de ese año, le envió una carta al presidente Pastrana en la que le exponía su caso y le pedía su intervención para permanecer en Washington. Nunca recibió respuesta. El martes de la semana pasada The Washington Post dio a conocer la historia de la cónsul. Ese mismo día ella, después de que un juez colombiano fallara en su contra la acción de tutela que había interpuesto para evitar que la retiraran del consulado, sacó sus cosas de la oficina que ocupó en los últimos nueve años, renunció a la presidencia del Cuerpo Consular Iberoamericano y, mientras lloraba como una niña pequeña, firmó la petición de asilo.

La Cancillería colombiana, ante la solidaridad institucional internacional que generó esta polémica decisión, dijo que las evaluaciones realizadas por los organismos de seguridad del Estado habían revelado que Sánchez ya no corría ningún peligro y podía regresar al país. Que como las condiciones que motivaron su inclusión en el cuerpo consular habían cambiado ya no se justificaba su permanencia en el cargo. “Yo respeto la decisión del señor Presidente pero pido que también se me respete a mí y a mis hijas el derecho a la vida”, dice Sánchez, quien insiste en que los estudios de seguridad que hizo el gobierno no son confiables. Por ahora está manicruzada, no puede trabajar hasta que las autoridades de migración resuelvan su solicitud. Su apoderado, el abogado Michael Maggio, es optimista frente al caso y piensa que en unos tres meses estará solucionado. Eso espera Sánchez, por el bien suyo y de sus dos hijas estadounidenses. Ella siente que sólo con tierra de por medio puede alejarse de los fantasmas de su pasado, los mismos que la hacen repetir con pánico: “Para mí Pablo Escobar no ha muerto”.La última noticia que se tuvo de la joven estudiante Juliana Villegas fue el martes pasado a las 6:30 minutos de la tarde, minutos después de haber finalizado sus clases en la Universidad Javeriana, cuando se disponía a abordar su vehículo para dirigirse junto con una amiga a su casa.

En ese momento un grupo de hombres armados la obligó a subirse a un automóvil que partió raudo por las calles de Bogotá. Desde ese día, y hasta el cierre de esta edición, no se sabía absolutamente nada de lo ocurrido con Juliana Villegas. Sus captores no se han comunicado con alguno de sus familiares, entre ellos su padre, el prestante dirigente gremial Luis Carlos Villegas. Tampoco saben nada los miembros del Gaula, expertos en el tema del secuestro, quienes desde el mismo momento del plagio asumieron la investigación. Los organismos de Inteligencia de la Policía y del Ejército tampoco tienen una sola pista que les permita establecer quiénes y por qué razón secuestraron a la joven universitaria. El caso de Juliana Villegas se ha convertido en un misterio. Por ahora son más las hipótesis que se barajan sobre quién la puede tener en sus manos que verdaderas pistas que permitan establecer su paradero.

Sobre las hipótesis, la primera que se consideró fue que el secuestro lo habían perpetrado las Farc por la franqueza con la que Villegas ha hablado sobre el proceso de paz y la utilización de la zona de distensión por parte de ese grupo guerrillero. Los gremios, que han respaldado al presidente Andrés Pastrana en la búsqueda de un proceso de negociación con las Farc, lo han hecho de forma decidida pero a la vez crítica ante la falta de voluntad por parte de ese grupo para que las negociaciones avancen. Y como Villegas es el vocero de los industriales del país, hubo quienes pensaron que las Farc le estaban pasando una cuenta de cobro por sus posiciones públicas frente a la negociación.

Cuando todo apuntaba a que este grupo guerrillero podría tener a la joven estudiante de ciencia política el propio Raúl Reyes leyó un comunicado en San Vicente del Caguán, en el cual señaló que no tenía conocimiento que alguno de sus frentes la tuviera en su poder. Sin embargo la declaración de Reyes no es suficiente prenda de garantía para descartar la autoría del secuestro. En el pasado reciente negaron rotundamente que ellos habían secuestrado al periodista Guillermo ‘La Chiva’ Cortés. Se necesitaron varios meses para establecer que, en efecto, habían sido las Farc los autores de ese plagio. Sólo con el rescate de ‘La Chiva’ se estableció plenamente que las Farc lo habían secuestrado.

La segunda hipótesis que se baraja es que detrás del secuestro de Juliana Villegas podría estar la mano del comandante de las autodefensas, Carlos Castaño. Ello podría obedecer a las declaraciones de Villegas en el sentido de que los industriales estarían dispuestos a financiar a los guerrilleros si suspendían el secuestro y la extorsión en el país. Castaño, que hace unas semanas secuestró a ocho congresistas para sentar su enérgica protesta sobre la ley de canje que se tramita en el Congreso de la República, también tendría argumentos para justificar el plagio de la hija del presidente de la Andi. Pero el propio Castaño desmintió la versión. En declaraciones a SEMANA señaló que “es un absurdo pensar que las AUC estén detrás del secuestro de una joven estudiante, hija de un prestigioso industrial, como es el doctor Luis Carlos Villegas”.

La tercera hipótesis apunta hacia la delincuencia organizada. Esta opera en las principales ciudades del país para secuestrar a personalidades con el fin de negociarlas posteriormente con los grupos guerrilleros. La cuarta hipótesis se dirige hacia el ELN, que en los últimos meses ha demostrado todo su poderío en el secuestro urbano. Basta con recordar las dos últimas acciones: la de la iglesia La María y la del Kilómetro 18 de la ciudad de Cali, donde se llevaron a más de 100 personas a plena luz del día. Cada vez que el ELN está en negociaciones con el gobierno despliega su fuerza para fortalecerse en la mesa de diálogo. Quienes son partidarios de esta hipótesis se basan en el intempestivo retiro de Villegas de las conversaciones entre ese grupo guerrillero y la sociedad civil después de la reunión que tuvo lugar en Maguncia (Alemania) hace dos años. Hasta el momento el ELN no se ha pronunciado sobre este tema.

Y hay una quinta hipótesis, que señala que el autor del secuestro de Juliana Villegas podría ser un grupo de extrema, al estilo del Jega, que realizó el secuestro de Juan Carlos Gaviria, hermano del ex presidente César Gaviria. En esa oportunidad las autoridades tardaron mucho tiempo para descubrir que esa pequeña fracción ultraizquierdista tenía a Gaviria, al que alcanzó a hacerle un juicio revolucionario.

Estas son apenas hipótesis que manejan las autoridades porque lo cierto es que hasta el momento nadie tiene una sola pista concreta y sólida que permita señalar a los verdaderos autores del plagio de la estudiante universitaria que, junto con su padre, ha participado en varias marchas por la paz de Colombia y contra el secuestro. Por esas cosas del destino le ha tocado vivir en carne propia este aterrador drama.

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