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| 12/17/2011 12:00:00 AM

El finado del año

La 'muerte' más notoria de 2011, institucionalmente hablando, fue sin duda la del DAS, al que el gobierno le dio sepultura, sin pena ni gloria. Nuevas revelaciones de SEMANA mostraron que los pecados del organismo de inteligencia presidencial llegaron mucho más allá de las 'chuzadas' ilegales.

"Hoy cumple 58 años de nacido el DAS y a los 58 años vamos a liquidarlo. Ya acabo de firmar el decreto de liquidación". Con esta frase, pronunciada el pasado 31 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos oficializó el cierre definitivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El anuncio fue el desenlace de una cascada interminable de graves escándalos que protagonizó ese organismo de inteligencia, adscrito a la Presidencia de la República, en los últimos tres años.

A finales de febrero de 2009, SEMANA publicó el primero de más de 50 artículos durante más de dos años, en los que reveló cómo esa entidad se había transformado en la punta de lanza de una compleja operación de espionaje ilegal emprendida durante el gobierno de Álvaro Uribe contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, integrantes de partidos de oposición, ONG y periodistas. Entre 2009 y 2010, prácticamente no transcurrió un solo mes en el que el escándalo de las 'chuzadas' no acaparara los titulares de prensa. Las investigaciones de la Fiscalía corroboraron las denuncias de SEMANA y las primeras decisiones judiciales ratificaron la gravedad de lo ocurrido. Tres secretarios de Presidencia, los cuatro directores del DAS durante el gobierno Uribe y 18 funcionarios hacen parte de las investigaciones, y varios de ellos fueron arrestados. Media docena de exfuncionarios confesaron y fueron condenados; 2011 no fue la excepción y por tercer año consecutivo el escándalo de las 'chuzadas' siguió dando mucho de qué hablar.

En mayo, la fiscal general, Viviane Morales, imputó cargos contra parte del círculo más cercano de Uribe. Durante una audiencia ante un magistrado del Tribunal de Cundinamarca, la funcionaria afirmó que había existido "un complot contra la Corte desde la Casa de Nariño" en el que "Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado hicieron parte de una organización criminal para asediar a magistrados, a congresistas y a un periodista". Por primera vez desde que estalló el escándalo, la máxima representante de la justicia calificó a altos funcionarios del gobierno Uribe como integrantes  de una "organización criminal"  y señaló como responsable a uno de los hombres más cercanos al expresidente Uribe, el exsecretario general de Palacio Bernardo Moreno, quien se convirtió en el más alto funcionario hasta ahora arrestado por el caso de las 'chuzadas'. En esa misma audiencia se ordenó la captura de la exdirectora del DAS María del Pilar Hurtado, por su responsabilidad en el espionaje ilegal. En noviembre de 2010 Hurtado huyó a Panamá, donde consiguió asilo político, con lo que ha evadido hasta ahora su arresto. Recientemente, la Cancillería de Colombia solicitó a las autoridades panameñas su captura y extradición.

En septiembre, el primer director del DAS de la era Uribe, Jorge Noguera, fue condenado a 25 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y homicidio, entre otros. Noguera, que fue defendido a capa y espada por Uribe, se convirtió en el  primer director en la historia de ese organismo de  inteligencia en ser condenado. Y la justicia logró probar que en esa primera etapa el DAS fue puesto al servicio de los paramilitares y estuvo involucrado en asesinatos de defensores de derechos humanos y sindicalistas.

A mediados de septiembre, SEMANA publicó los primeros artículos con una nueva serie de graves revelaciones sobre el DAS. La revista tuvo acceso a miles de documentos secretos y clasificados de esa entidad. Se descubrió que las bases de datos con las identidades de los agentes y detectives, así como las de sus fuentes e informantes, estaban siendo vendidas a gobiernos extranjeros y organizaciones criminales, un verdadero atentado contra la seguridad nacional.

Otras oscuras facetas salieron a relucir. Grupos de detectives fueron destinados a espiar las actividades de los principales integrantes del Partido Liberal. SEMANA reveló documentos que mostraban que se ordenó infiltrar las Unidades de Trabajo Legislativo de representantes y senadores con el fin de espiarlos, y que la infiltración de agentes y el reclutamiento de civiles para espiar no se limitó al conocido episodio en el que Alba Luz Flores, una detective conocida por la opinión pública como la Mata Hari, les dio dinero a las señoras de los tintos de la Corte Suprema de Justicia para que introdujeran grabadoras con el fin de registrar ilegalmente las sesiones privadas de los magistrados. Durante varios años, hombres del DAS espiaron el propio despacho del exprocurador general Edgardo Maya, así como el de su sucesor, Alejandro Ordóñez.

Para comienzos de noviembre, SEMANA también reveló otros documentos secretos del DAS en los que se evidenciaba que funcionarios de esa entidad habrían participado en el atentado con un carro bomba en 2005 contra el entonces senador y actual ministro del Interior, Germán Vargas Lleras. Otros informes publicados demostraban cómo también algunos funcionarios estuvieron en los cinematográficos atentados en marzo de 2010 contra el zar de las esmeraldas Víctor Carranza. Según los archivos de contrainteligencia de la entidad, miembros del DAS habrían capacitado en el uso de explosivos a los paramilitares durante la época de las negociaciones en Santa Fe de Ralito. El asesinato de fuentes por parte de los propios detectives; grupos de funcionarios que participaron directamente en secuestros y extorsiones; la venta de información clasificada y hasta el alquiler de equipos de interceptación para narcotraficantes, paramilitares e incluso guerrilleros también salieron a la luz en esos documentos. El uso de equipos estadounidenses así como la malversación de fondos donados por embajadas hicieron parte igualmente del collar de perlas del DAS.

Esta escabrosa galería de pecados llevó al gobierno a anunciar el fin del DAS y a crear una nueva agencia, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), al frente de la cual fue nombrado el excomandante de la Armada almirante (r) Álvaro Echandía. La nueva DNI es una agencia civil, estrictamente de inteligencia, desprovista de las facultades del DAS que se convirtieron en focos de corrupción, como las de Policía judicial, que permitían interceptaciones con poco control y culminaron en 'chuzadas' ilegales y en el 'alquiler' del servicio de interceptaciones a grupos criminales. Migración, servicios de escolta, registro de delitos y la expedición del pasado judicial (que será eliminado) se reasignaron a la Policía, la Fiscalía, la Cancillería y la Defensa Civil, a las que está siendo trasladada gran parte de los 5.000 funcionarios del organismo.

La muerte del DAS era inevitable y su prolongada agonía solo sirvió para profundizar una crisis que comenzó hace años. Su fantasma debe ser una sombra que evite que la nueva DNI caiga en los mismos errores. Y a la Fiscalía le corresponde asegurar que el entierro del DAS no sirva para que los responsables de haber llevado a esa entidad por un oscuro camino logren evadir la acción de la justicia, escondidos en las sombras de la impunidad.
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