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| 4/25/2017 6:45:00 PM

Así fue la caída del fiscal Aldana

El fiscal que aceptó cargos por nexos con Otto Bula ascendió en la Fiscalía, para muchos, sin tener que mover un dedo Esta es la historia de lujos, corrupción y poder del abogado que pasó de acusador a acusado.

El viernes a la a la 1:00 pm, el fiscal Aldana conducía un Audi Q5 cuando fue interceptado por las autoridades para proceder a su captura. El hombre, sobre el cual hoy pesan serias acusaciones de corrupción, alcanzó a pedir que le dejaran el parquear el vehículo en el garaje de un apartamento en el norte de Bogotá. 

Aldana tenía desde la administración de Eduardo Montealegre el cargo de fiscal delegado ante Tribunal -paradójicamente en el eje temático de corrupción a la administración pública de justicia- por el que ganaba 23 millones de pesos. Sin embargo, según las investigaciones del mismo ente acusador, como funcionario recibía sobornos por debajo de cuerda a cambio de incidir en los procesos. Una de estas "vueltas" se la habría hecho al exsenador Otto Nicolás Bula en relación con unos predios. 

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“Es un padre cabeza de familia”, dijo su abogado intentando que mientras se resuelve el juicio, el funcionario pueda tener casa por cárcel. Durante la audiencia de medida de aseguramiento alegó que Aldana sufre de hipertensión y que tiene un hijo recién nacido que depende económicamente de él. El magistrado, sin embargo, no acogió esa petición y lo envió a La Picota. En esa misma, en un cambio sorpresivo de opinión, Aldana se allanó a los cargos de peculado por omisión, cohecho propio y concierto para delinquir. 

Su ascenso a fiscal de tribunal fue el que curiosamente marcó su caída. Pese a las quejas de las fiscales de Luz Ángela Bahamón, Alexándra Ladino Pinzón y Andrea Pilar Malagón, se negó a devolver un cúmulo de expedientes que tuvo con asignación especial del fiscal general y de la Embajada Británica en la Unidad de Extinción de Dominio. Los casos eran claves en incautaciones de millonarios bienes contra la mafia, y aunque en algún momento se le entregaron como parte del grupo especial Gela, para la fiscalía perdió toda competencia sobre ellos. El tema despertó las sospechas de la entonces directora de articulación de fiscalías nacionales especializadas, Caterine Heyck, quien lo denunció.

"Llamó mi atención la insistencia del fiscal Aldana de continuar con los procesos y al mismo tiempo, demorar su entrega, solicité informes a los directores de Antinarcóticos y Lavado de Activos y de Extinción de Derecho de Dominio. Se destaca del informe de la doctora Malagón de una presunta irregularidad en la proyección de una resolución inhibitoria dentro del proceso de extinción de dominio frente a los bienes de la organización de alias ‘Papero‘", dice el documento de denuncia.

Un proyecto de archivo similar, proyectado en el caso de los bienes incautados a los hermanos Álvarez Meyendorff, lo tiene respondiendo ante la justicia. Dos de las propiedades habían sido compradas por Otto Nicolás Bula y el exsenador estaba detrás de su devolución. La fiscalía delegada ante la corte también investiga la conexión entre Aldana como abogado de Jacinto Báez y su posterior proyecto de improcedencia en la extinción de dominio de los millonarios bienes de a los hermanos Báez, quienes fueron extraditados a Estados Unidos con cargos de narcotráfico y eran conocidos como ‘los reyes del sanandresito‘.  

Según la denuncia de Heyck, en este como en otros casos, Aldana habría pasado de defensor a investigador de capos de la mafia, por lo que ahora la Fiscalía revuelca todas las decisiones buscando si logró beneficiar a personas con sus actuaciones. 

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"Se allegó a esta dirección documentación que refiere a que el doctor Aldana, en ejercicio de su profesión como abogado litigante fue apoderado de los extraditados: José Leonardo Cuevas Otálora, Carlos García Morales, alias ‘Matador‘, de los Rastrojos; Miguel Ángel Mejía Múnera, alias Mellizo; José Fernando Lopesierra; Jacinto Enrique Báez Báez, Eugenio Montoya Sánchez, David Orlando Andrade y Diego León Montoya, alias ‘Don Diego‘", dice la denuncia de Heyck, soportada con los ingresos reiterados de Aldana a visitar a estos extraditables en la cárcel. 

Caterina Heyck asegura en su documento, que dentro de los expedientes que Aldana se negó a devolver también están dos relacionados con los hermanos Calle Serna, jefes de la banda criminal ‘Los Rastrojos’.

Este proceso –dice la denuncia- "tiene irregularidades en el manejo de parte de Aldana, dado que desde septiembre del 2012 no se ha resuelto la situación jurídica de 11 personas y que la diligencia de indagatoria que se le realizó a Calle Serna fue adelantada de manera irregular por lo que se podría generar una nulidad". Dicha diligencia fue realizada en Estados Unidos. 

Y pone en conocimiento, que a través de una carta, los hermanos Calle Serna pidieron unificar sus procesos de Extinción de Dominio y lavado de Activos en cabeza de Álvaro Eduardo Sarmiento con el argumento de que era la “persona designada para adelantar los acercamientos y negociaciones con Calle Serna y el grupo que lideró ‘Los Rastrojos’. La carta es firmada por Carlos Arturo Alfredo Real Bonilla, apoderado de Comba. El caso de Sarmiento está pendiente el pronunciamiento de la Fiscalía después de dos años de investigación.

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Bula lo defiende 

Pese al episodio de aceptación de cargos en los tribunales, el mismo Otto Bula en entrevista con La W Radio salió en defensa de Aldana y aseguró que en su despacho nunca se manejaron procesos en su contra. Bula admitió, eso sí, que conoció a Aldana con el fin de solicitarle que levantara la afectación sobre los dos predios que fueron incautados a los capos del narcotráfico Ignacio y Juan Fernando Álvarez Meyendorff.

Uno es un lote de 23 hectáreas en Sahagún, que Bula compra al Consorcio Agroganadero Valle del Sinú y es incautado por la Fiscalía. El otro, y el más importante es la Hacienda Maragón, que fue expropiada en el 2013 a los narcos extraditados a Estados Unidos. Por este predio de 650 hectáreas, el exsenador pagó 1.000 millones de pesos en el 2008 también al Consorcio Agroganadero. Según Bula pertenece a ganaderos reconocidos de la Costa, pero para la Fiscalía es la sociedad de papel con la que los Álvarez Meyendorff lavaban dinero.

La Fiscalía sostiene que a cambio de librarlo de este proceso de extinción de dominio, Aldana recibió un apartamento de 235 millones de pesos en el edificio Pentagrama de Bogotá para su novia Margarita María Useche Molina. Por cuenta de estos nuevos hechos, la fiscalía le imputará al exsenador cordobés cargos adicionales de cohecho, concierto para delinquir y falso testimonio. 

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La Fiscalía delegada ante la corte, que lleva el caso, explicó que el exsenador recibió en total siete apartamentos en el edificio Pentagrama en pago de una deuda de parte de la Constructora Umbral. Uno de estos terminó en manos de la novia de Aldana. Los registros del inmueble, conocidos por Semana.com dejan constancia de que la única transacción que se realizó con el apartamento fue en octubre del 2015, cuando fue vendida directamente por la Alianza Fiduciaria SA, administradora del Patrimonio Autónomo del Comiso Pentagrama II a la señora Useche.

Según Bula, Aldana lo presentó en un encuentro casual con Andrés Vélez, condenado por alianzas con paramilitares y considerado testigo falso en varios casos, entre ellos, el de Nancy Patricia Gutiérrez y el de Luis Alfredo Ramos. Producto de ese encuentro, dice Bula, él le vende  el apartamento a Vélez, quien a su vez lo termina entregando a Useche. 

Aunque Aldana no tiene a su nombre muchas ni millonarias propiedades, la Fiscalía investiga los bienes de su familia. En la audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra Margarita María Useche, por ejemplo, señala el ente investigador que ella era propietaria de una camioneta marca Sang Yong, que fue adquirida por la madre de Rodrigo Aldana y luego se hizo el traspaso.  Por esa vía, la entidad encontró que Aldana y su madre son los dueños de la empresa Aldalar Transportes SAS, con sede en Bogotá.

En su listado de propiedades, Aldana aparece como comprador de un apartamento que entró en proceso de extinción de dominio en 1997 contra la esposa y los cuñados de Guillermo Ortiz Gaitán, capo clave del 8.000 que respaldó a varios políticos entre ellos la desaparecida Martha Catalina Daniels. Después de varios años, el caso se cae y se revocan las órdenes contra los implicados, entre ellos Felix Gaitán Cendales. Este predio terminó en manos de Aldana a través de una venta que le hiciera Alejandro Peña Prada en el 2004. Junto con Aldana aparecen como propietarios Yamile Rivera Sáenz, Jorge Enrique Forero Galán.

No es la primera vez que Aldana despierta una controversia en la Fiscalía. Luis Camilo Osorio lo declaró insubsistente por negarse a expedir una orden de captura en contra de uno de los hermanos Rodríguez Orejuela. Pero la resolución se cayó posteriormente y tuvo que ser reintegrado durante la administración de Viviane Morales.

Hasta ahora, Aldana es el fiscal de más alto nivel que confirma ante un juez su participación en graves escándalos de corrupción. Este lunes ante sus directores, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, aseguró: "la fiscalía amaneció de luto". Sin embargo, lo que se viene en materia de corrupción en la propia justicia va a tener un impacto "épico", como lo afirmó el mismo jefe del ente investigador. "En los próximos meses, el país conocerá cómo este cáncer ha carcomido a la sociedad, de tal manera que podamos regenerar el tejido institucional porque sin justicia vamos a perder la guerra contra la corrupción", indicó.

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