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| 12/3/2011 12:00:00 AM

El ‘Frankenstein’

Aunque a casi nadie le gusta la reforma a la justicia, el proyecto es imparable en el Congreso. Estos son sus cinco puntos más polémicos.

Aunque muy pocos están satisfechos con el 'Frankenstein' que se ha ido armando con el paso de los debates, la reforma a la justicia avanza por una razón política: el presidente Juan Manuel Santos creó el Ministerio de Justicia para impulsar el proyecto que propuso desde que era candidato. Se dio esa pela y no va a renunciar a ella. Y, además, se convirtió en un asunto de honor luego de que el expresidente Álvaro Uribe le pidió a La U que no lo respaldara. Ese se convirtió en el espaldarazo que la iniciativa necesitaba.

Antes de terminar el periodo legislativo, el proyecto debe pasar su cuarto debate en la plenaria de la Cámara (de ocho). Lo más probable es que la aplanadora santista lo apruebe con poca discusión, aunque ha advertido que en los seis meses entrantes se deberá ajustar mucho más.

Los puntos más polémicos de la propuesta aprobada la semana pasada son cinco: la ampliación del fuero militar, la adjudicación de la función administrativa de la rama judicial a los presidentes de las cortes, la supresión de la silla vacía a congresistas que cometan delitos contra los mecanismos electorales y la fijación de un presupuesto para la justicia por vía constitucional.

1) El fuero

A la propuesta inicial se le agregó un punto que no tiene que ver con su propósito inicial: la ampliación de la competencia de la justicia penal militar sobre los posibles delitos cometidos por la fuerza pública. Según el proyecto, "en todo caso, se presume la relación con el servicio en las operaciones".

Aunque Colombia ha suscrito tratados en los que se define la competencia de la justicia ordinaria en casos de delitos de lesa humanidad, este artículo le permitiría a la justicia castrense hacer las investigaciones preliminares en esos procesos. Las organizaciones de derechos humanos consideran que si la medida hubiera estado aprobada hace unos años, la justicia militar no habría denunciado los "falsos positivos".

Aunque el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que la ampliación del fuero es necesaria, en Colombia existe la percepción de que por décadas la justicia militar fue inoperante.

2) El Consejo de la Judicatura

Cuando se comenzó a discutir la reforma, el gobierno, las ONG y los expertos consideraron que el Consejo Superior de la Judicatura no debería existir. Propusieron que las funciones administrativas fueran asumidas por un órgano integrado por los magistrados de las altas cortes y las disciplinarias, por un colegio de abogados. Las críticas al Consejo Superior de la Judicatura eran principalmente contra la Sala Disciplinaria, dado su origen político, pues está integrada por candidatos postulados por el gobierno y elegidos por el Congreso.

Pero ahora la sala sacrificada será la Administrativa. Sus competencias pasarán a una Sala de Gobierno en la que además de los presidentes de las cortes, tendrá asiento el Ejecutivo. Esos magistrados tendrán ahora que administrar recursos, pero no cuentan con el conocimiento técnico y las habilidades administrativas para esa tarea. El Congreso insiste en mantener una corte para disciplinar a abogados y jueces, a pesar de que en muchas partes del mundo los tribunales éticos o profesionales hacen esa tarea.

3) La silla ocupada

En la reforma se coló una perla. El texto que fue aprobado en el Senado y en la Comisión Primera de la Cámara quitó del artículo 134 de la Constitución la prohibición de reemplazar a los congresistas condenados o con medida de aseguramiento por delitos de lesa humanidad, narcotráfico, pertenencia o promoción de grupos ilegales. En su lugar incluyó una frase que dice que podrán ser reemplazados los miembros de corporaciones públicas condenados por delitos contra los mecanismos de participación democrática. Es decir, para quienes han constreñido a los electores, perturbado las elecciones o cometido fraude electoral, entre otros, habrá reemplazo. La medida es contraria a la Reforma Política de 2009 que buscó responsabilizar a los partidos políticos por permitir en sus filas infiltrados de la parapolítica o la farcpolítica. Huele a contrarreforma.

4) Una polémica favorabilidad

Los congresistas han reclamado que sus casos sean juzgados en dos instancias para asegurar sus garantías procesales. El acto legislativo entrega la competencia de la investigación a la Fiscalía, y los juicios estarían a cargo del Tribunal Superior de Bogotá en primera instancia, y de la Corte Suprema de Justicia, en segunda.

El fuero del que goza un congresista es el de un dignatario, por lo que no se entiende por qué un tribunal de jerarquía inferior a la de las altas cortes debe ser su juez. Además, congresistas procesados que aún no han sido condenados podrían acudir a un principio del derecho penal de la ley más favorable y obtener esas garantías. Hay quienes temen que se caigan los procesos que aún no tienen fallos por parapolítica.

5) Plata para la justicia

La propuesta fija constitucionalmente un aumento del presupuesto destinado a la rama judicial del 2 por ciento más la inflación proyectada. Así, por ejemplo, para el año entrante podría aumentar hasta el 6 por ciento con relación al actual. Ese porcentaje, cuando el Presupuesto General de la Nación aumentó el año pasado un 9 por ciento, es muy poco. El representante Miguel Gómez, de La U, calcula que la cifra podría ser tan solo de 72.000 millones de pesos de aumento.

El proyecto contempla también la entrega de un billón de pesos para la descongestión judicial para cinco años. No obstante, la Sala Administrativa contempla la ejecución de 300.000 millones de pesos con el mismo fin solo en 2013, lo cual es mucho más que lo fijado.

Lo más grave no es el monto, sino que el cálculo no obedece a un estudio técnico de sus necesidades. En otras palabras, eso significa que la cifra fue sacada como por arte de magia. Un sombrerazo.
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