Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 1999/03/01 00:00

EL FRENAZO

Contrario a lo que muchos piensan, la tutela de Viviane Morales no pone punto final al choque <BR>de trenes

EL FRENAZO

El choque de trenes se resiste a morir. Pese a que las más recientes decisiones de la Corte
Constitucional podrían interpretarse como sus últimos suspiros la verdad es que el más controvertido debate
jurídico de los últimos años en el país tiene aún más vericuetos por dónde escabullirse. El viernes pasado,
sobre las 10 de la noche, los nueve magistrados de la Corte Constitucional tutelaron los derechos de la
senadora Viviane Morales, en el sentido de que el voto de los parlamentarios es inviolable y que por tanto la
Corte Suprema de Justicia no puede investigar por prevaricato a quienes precluyeron la investigación
contra el presidente Ernesto Samper Pizano en el llamado proceso 8.000. Pero si por un lado la decisión de
la Corte Constitucional cierra una puerta, por el otro la misma decisión deja abierta una ventana por donde
el proceso contra los parlamentarios puede prolongarse por un largo tiempo. Los magistrados de la Corte
Constitucional determinaron en su fallo que el máximo tribunal de justicia tiene la facultad de investigar a
aquellos parlamentarios que pudieron haber incurrido en delitos diferentes al prevaricato, como el de cohecho,
que consiste en recibir prebendas a cambio de votar en una dirección determinada. También puede
investigar a quienes posiblemente incurrieron en el delito de concusión, que consiste en exigir algún tipo de
retribución a cambio de modificar su votación. En todo caso se trataría de delitos distintos al de prevaricato,
que era el único soporte de la investigación de la Corte Suprema. Así quedó establecido explícitamente en
cada una de las 109 indagatorias que realizaron los magistrados de la sala penal de la Corte. En efecto, en el
acta que contiene los descargos de los investigados quedó establecido que "la Corte investiga la hipótesis
delictiva del posible prevaricato en que se podría haber incurrido al precluir la investigación del señor
presidente de la República". Esa aclaración se podría convertir en la tabla de salvación de los
parlamentarios. Ellos podrían alegar _como informó uno de los abogados defensores a SEMANA_ que si la
Corte Suprema decide ahora abrirles investigación por los delitos de cohecho y concusión estaría incurriendo
en una violación al debido proceso y por consiguiente del derecho de defensa. Es decir, la única manera para
que la Corte Suprema de Justicia pueda mantener en pie las investigaciones contra los parlamentarios es
que vuelva a barajar y abra nuevas investigaciones, esta vez por los dos delitos ya anunciados.La otra
caraPero hay juristas que opinan que no es necesario repetir cada una de las 109 indagatorias. Según ellos,
la cláusula establecida en los descargos no obliga a los magistrados a condicionar la investigación por un solo
delito. "Se trata de una hipótesis y hay que tener en cuenta que las indagatorias se hicieron sobre hechos y
no sobre conceptos jurídicos", dijo uno de ellos a SEMANA. De acuerdo con las diligencias practicadas por
los magistrados a los parlamentarios, la Corte Suprema no se limitó a indagar únicamente por el
presunto delito de prevaricato. En todas ellas los investigadores interrogaron acerca de dineros recibidos,
recomendaciones burocráticas, nombramientos diplomáticos, entre otros.En otras palabras, según los
juristas, no habría necesidad de repetir las diligencias porque en ellas quedaron consagrados todos
los elementos constitutivos del delito de cohecho.Pero, más allá de las diferencias jurídicas acerca de la
suerte futura de los 109 parlamentarios, lo cierto es que el fin del choque de trenes no se ve a la vuelta de la
esquina. Si se llega a imponer la primera teoría, es decir, la que establece que hay que volver a empezar, ello
haría que la nueva investigación no sólo sería más dispendiosa sino más compleja. Sin embargo el problema de
fondo no es tanto por cuál de las dos alternativas se decide la Corte sino cómo prueba los delitos. En el
caso del cohecho, por ejemplo, los magistrados de la Corte Suprema tendrían que demostrar que los
parlamentarios condicionaron su voto a cambio de prebendas presupuestales o burocráticas. Esto es muy
difícil de demostrar, puesto que posiblemente varios parlamentarios que absolvieron a Samper lo hubieran
hecho aun sin prebendas. El voto parlamentario siempre ha sido aceitado por la generosidad del Ejecutivo y
eso no es delito hasta que no se demuestre el dolo. Establecer una correlación entre un voto y un acueducto
o un voto y un puesto diplomático para un pariente es muy difícil. La Corte está contemplando introducir un
criterio jurídico según el cual la ilegalidad podría estar determinada por el excesivo monto de la prebenda o
su coincidencia cronológica con el juicio. Ninguno de estos criterios es fácil de aplicar pues el margen de
subjetividad es muy grande.Los dos caminosEn caso de que la Corte decida aventurarse por el camino de
citar nuevamente a indagatoria a los parlamentarios no sólo estaría metiéndole más candela a una de las
calderas, sino que a la lista de los 109 representantes tendría que agregar los nombres del staff de
colaboradores más cercanos de Samper, sin dejar por fuera, obviamente, al propio ex presidente. La razón
es simple: para que ellos reciban alguien debió haberles ofrecido.Si la Corte opta por la segunda teoría, es
decir, dejar las indagatorias como están, en los próximos días se estaría resolviendo la situación jurídica de
los 109 parlamentarios. Esta revista ha podido establecer que ya se encuentra listo el proyecto que define la
suerte de los representantes, algunos de los cuales serían responsables de los delitos de cohecho o
concusión, cuya pena es del orden de seis años de prisión.De cualquier manera quienes pensaron que con el
fallo de la tutela de Viviane Morales quedaba enterrado el juicio a los jueces del presidente Samper no
acertaron en sus pronósticos. Si la Corte Suprema descubre que algunos de los representantes sí votaron a
cambio de prebendas, ello demostraría que su conducta es mucho más censurable que la de aquellos que
votaron a conciencia, aunque su voto fuera a favor de la preclusión. nEstablecer una correlación entre un voto
y un acueducto o un voto y un puesto diplomático es difícil

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