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| 12/10/2011 12:00:00 AM

"El fuero militar, como está planteado, le abre la puerta a la CPI"

El jurista Hernando Torres, expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, critica el texto de la reforma a la justicia y plantea que le quita autonomía a la rama y privatiza esa función pública.

MARÍA JIMENA DUZÁN: SEMANA dijo que la reforma a la justicia era un Frankenstein… ¿Usted, que acaba de salir del Consejo Superior de la Judicatura, opina lo mismo?

HERNANDO TORRES: Pues qué tal el último mico que le colgaron: cambiaron el tiempo de detención de una persona sin orden de juez; pasó de 36 horas a 75. Esa petición la hizo específicamente la fiscal. Eso lo vine a saber ahora, que me avisaron que había sido aprobado. Para no hablar del fuero militar, que no estaba acordado con las cortes pero que igual metieron en la Comisión Primera de Senado a última hora.

M.J.D.: Y si pasa esa reforma del fuero militar, ¿usted cree que pasa el examen de la Corte Constitucional?

H.T.: Lo único que le digo es que si dejan el fuero como está planteado en la reforma, eso va a terminar en las cortes internacionales. Eso es abrirle la ventana a la CPI para que entre, porque la Interamericana hace rato está aquí y cada sentencia son 15, 20 o 40 millones de dólares. En principio, nosotros hemos dicho que el tema del fuero como está, está bien.

M.J.D.: ¿Por qué a las Cortes no les gusta que les quiten sus funciones electorales, como plantea la reforma a la justicia?

H.T.: Ese tema no se puede plantear de esa manera. Si las cosas están bien, ¿por qué se las modifica? Por ejemplo, la elección de procurador, de fiscal, de registrador, ¿por qué está mal? Aquí hay un tema más profundo que es el del equilibrio de poderes. En el fondo, lo que busca la reforma es quitarle autonomía a la rama jurisdiccional para pasársela al Ejecutivo.

M.J.D.: Yo le digo por qué está mal: porque esas facultades electorales han politizado a la justicia. Esa es una realidad innegable.

H.T.: Es posible que haya algunas distorsiones y que eso de que yo te elijo y tú me nombras no está bien. Pero el hecho de que en unas ocasiones se den este tipo de disfunciones no significa que haya que acabar con la autonomía de la rama jurisdisccional. De la misma manera, el hecho de que en el Congreso haya unos congresistas encarcelados no significa que haya que acabar con el poder legislativo. Hay que establecer mecanismos para frenar ese tipo de disfunciones, pero para eso no hay que hacer una reforma constitucional.

M.J.D.: ¿O sea que no hay nada que le guste de esta reforma?

H.T.: Claro que hay cosas puntuales que están bien, pero en general, no me gusta el espíritu de la reforma en su conjunto. La expectativa de la reforma era que iba a agilizar, a descongestionar. ¿Y para qué se iba a hacer eso? Pues para darle un mejor servicio al ciudadano. Esa expectativa se ha ido diluyendo en la medida en que va apareciendo el articulado y se da uno cuenta de que esa reforma no tiene que ver con el ciudadano y sus necesidades sino con la cúpula de la justicia y la estructura central de gobierno y administración de la rama. ¿Al ciudadano qué le va o qué le viene que la terna para elegir procurador la hagan las cortes o el Congreso o el presidente? En cambio sí le interesa que las prestaciones sociales que no le pagaron se las paguen y que se le reconozca el derecho a la intimidad, a la opinión. Eso sí le interesa.

M.J.D.: En la reforma se les aumentan los periodos, se vuelve al sistema de elección de magistrados por el método poco democrático de la cooptación. ¿Ustedes pidieron todas esas gabelas?

H.T.: No, en absoluto. Sí se discutió el tema de la duración de los periodos bajo otro ángulo. En la rama hay una preocupación porque los magistrados salen a litigar, y alguien planteó la tesis de que era mejor alargarles el periodo, pensionarlos, y de esa forma no vuelven a litigar. Fue en ese sentido que al principio el gobierno presenta la propuesta de alargar a 12 años el periodo de los magistrados. Los argumentos que avalaban esa propuesta eran que con esa medida se aseguraba la estabilidad en la jurisprudencia porque se evitaba que esta cambiara con el cambio de magistrados. Pero el contraargumento era que en este país hay 220.000 abogados inscritos y cada año salen 9.500 abogados de las universidades; esa media no era democrática. Si se hace un cálculo de probabilidades, cuando hay solo 73 magistrados en las cortes, la probabilidad de que un ciudadano llegue a las cortes es del 0,0005 por ciento. Es casi nula.

M.J.D.: ¿Por qué no están de acuerdo con que se acabe el Consejo Superior de la Judicatura?

H.T.: Antes de la Constitución del 91, el poder judicial era un subordinado porque todo lo manejaba el Ministerio de Justicia. La parte de infraestructura física la manejaba el Fondo Rotatorio. La parte de sueldos y salarios la manejaba otra instancia; la creación de juzgados la hacía el Congreso. Había una gran dispersión y eso hacía de la justicia una rama ineficiente. Entonces, el constituyente del 91 hizo un diseño constitucional y dijo: “Esto se necesita administrar en un solo punto”, y creó la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, y se les dio la categoría de magistrados con la idea de que no fueran subordinados, que es lo que se propone ahora en la reforma: se acaba la sala y se nombra a unos comisionados, no magistrados. Sin embargo, el problema de fondo subsiste porque para administrar justicia se necesitan recursos.

M.J.D.: Pero tengo entendido que la reforma es generosa en eso y que plantea un porcentaje del PIB para la rama…

H.T.: Sí, en la reforma dice que va a haber una apropiación adicional de un billón de pesos en los próximos cuatro años y que el presupuesto de la rama subirá por encima del 2 por ciento. Eso es lo que dice el proyecto. Sin embargo, quiero decirle que en la Ley 1285, que es la ley estatutaria, dice que para efectos de descongestión, el gobierno nacional apropiará recursos equivalentes al 0,5 por ciento del PIB durante cuatro años. Eso equivaldría a 2,8 billones de pesos para lograr la descongestión. Jamás apareció un centavo de ese dinero y ahí está la Ley 1285. No hubo ninguna apropiación, obviamente seguimos recibiendo recursos ordinarios pero no como lo ordena la ley estatutaria. Mire lo que está pasando no más ahora con la implementación de la Ley de Víctimas. Ahí está el Consejo Superior de la Judicatura pidiéndole plata al gobierno para montar los tribunales que hay que montar para implementarla. Yo sí quisiera preguntarle al país cómo es que se hacen las leyes en Colombia… ¿Se hacen seriamente? Se hacen con buena voluntad pero sin dientes financieros.

M.J.D.: Pero hay quienes dicen: “Ustedes se quejan de que no tienen plata cuando les han dado mucha”.

H.T.: Mire, a la rama jurisdiccional se le da el 1,2 del presupuesto nacional, ese porcentaje ha bajado desde la época de Gaviria, cuando era el 2 por ciento. Desde el punto de vista del PIB, nosotros tenemos el 0,32 por ciento. Sin embargo, la demanda judicial ha ido en aumento porque el mundo, Colombia incluida, está sufriendo una revolución judicial.

M.J.D.: ¿De qué revolución me habla?

H.T.: El derecho y la justicia han pasado a ocupar un espacio muy importante en la vida cotidiana de los ciudadanos. El derecho a solicitar una pensión por la vía de tutela es una maravilla. Ha sido lo mejor que le ha pasado al ciudadano. Por eso desde que la tutela se instauró se han producido en el país cuatro millones de tutelas, lo cual es bueno y malo. Cuando uno va a ver quiénes tutelan, se encuentra que son los de la tercera edad, pensiones, salud. Ese es el grueso. ¿Y por qué los jueces tienen que reconocer esos derechos si esa es una función del Ejecutivo? ¡Ahh!... pero como el Estado no lo hace, los ciudadanos empiezan a ir donde los jueces a que les tutelen sus derechos. Eso es lo que se llama el gobierno de los jueces. Eso ha producido un aumento de la demanda de justicia en Colombia y sin embargo nosotros seguimos teniendo casi que los mismos 4.000 jueces y magistrados que hemos tenido en los últimos años.

M.J.D.: ¿Está de acuerdo con la propuesta de que los abogados y notarios asuman funciones de jueces para aligerar la descongestión?

H.T.: No estoy de acuerdo por una razón: la función jurisdiccional la deben cumplir en su totalidad los jueces. Y los jueces no se improvisan, como no se improvisan los cirujanos. Yo lo que quería ver en la reforma era un postulado que dijera todo lo contrario: que todos los ciudadanos tienen derecho a un juez. Pero además, al entregarles a los notarios y abogados funciones de juez, el Estado está incurriendo en una tercerización de la función pública en manos de los privados. Y en la medida en que esa tercerización se va fortaleciendo, va perdiendo fuerza la jurisdicción de justicia. Hoy, de hecho, los grandes casos se están adelantando a través de tribunales de arbitramento. Este debate no se ha dado en Colombia, y tiene que darse. En el país hay siete millones de pobres y siete millones de indigentes, esos ciudadanos están excluidos del Estado de derecho. Y eso no lo trae la reforma.

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