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| 11/15/2016 10:30:00 PM

Así podría ser el campo colombiano en el posconflicto

En materia agrícola no todo es tragedia. Semana.com conoció experiencias que podrían dar luces sobre el futuro del agro colombiano. ¿Por qué?

Los problemas alrededor de la agricultura siguen copando la agenda noticiosa y tiene a los colombianos con opiniones divididas. Y entre los diálogos que se dieron en La Habana, paros agrarios, ley de tierras, censo agrario y escándalos de baldíos, el tema viene ganando protagonismo en los últimos años.

Para la muestra un botón. En el Cauca persisten las ocupaciones de haciendas por parte de los indígenas; en Nariño el líder afro Genaro García fue asesinado por las Farc por defender los derechos territoriales de su comunidad; en el Chocó miles de campesinos huyen de sus tierras por cuenta de la llegada de grupos armados ilegales que imponen su propia ley en esas zonas y en los Llanos orientales nadie olvida las polémicas por la llegada de multinacionales a cultivar la tierra.

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En medio de ese río revuelto lo que más palo recibió fue el modelo agrícola que promueve la agroindustria y la importación de alimentos tras los TLC. Y entre ellos el gran sacrificado fue el esquema de Indupalma, que impulsó hasta hace un par de años el entonces ministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde. Ese esquema permite a campesinos asociarse con empresarios para acceder a mercados de gran escala, siendo socios y dueños de la tierra. Los campesinos acceden a recursos y capacitación técnica para cultivar, mientras que las empresas se comprometen a adquirir toda la cosecha. El riesgo del negocio es compartido.

Jose´ Nolberto Mina, Guachene´, Cauca. Fotografía: Luis Ángel Murcia.

Pero lo que el país tal vez ignora, es que ese modelo no es el único, y a lo largo y ancho del territorio nacional se desarrollan proyectos agrícolas asociativos exitosos, que pueden mirarse con más atención y darían luces sobre el rumbo que debe tomar el campo colombiano. ¿La razón?, esos proyectos promueven el minifundio, el acceso a la tierra, combaten el monocultivo y les enseña a los campesinos a ser competitivos. Es decir, en cierta manera resuelven uno de los ´nudos ciegos´que se discutieron en La Habana.

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Entre esos proyectos exitosos los hay de todos los colores y sabores: Vallenpaz que produce frutas y hortalizas en el suroeste colombiano; las huertas de la Corporación Diocesana en el norte del Valle; los cultivadores de café especial en Quinchía, Risaralda; uchuvas en Cácota, Santander; piña en Yopal, Casanare; cacao en Yacopí, Cundinamarca; Gulupa en Toribío, Cauca y caucho en el Guaviare, entre otros. Además, muchos de esos esquemas no solo benefician al campesino tradicional, sino que abre el abanico hacia desplazados, desmovilizados, adultos mayores y madres cabeza de familia.

Todo ello encaja como anillo al dedo en medio de los desafíos del posconflicto, donde el campo fue considerado el punto álgido de las conversaciones; y coinciden con la promesa que hizo el presidente Juan Manuel Santos a los campesinos al comienzo de su mandato: “ellos merecen ser socios y obtener rentas de capital, además de sus ingresos laborales”.

La verdad es que el campo está llamado a ser una de las locomotoras que mueva la economía del país. Una investigación reciente de la universidad del Rosario, sobre los campesinos colombianos, reveló que en el la zona rural vive el 32 por ciento de la población y el 40 por ciento de la canasta alimenticia proviene del campo. Por si fuera poco, cifras oficiales indican que el país tiene un potencial de 21.5 millones de hectáreas cultivables. Hoy apenas se siembran 4.9 millones de hectáreas.

Alianza por el campo

Aunque parezca increíble, uno de los proyectos más ambiciosos en materia de asociatividad agrícola, nació en 2002 y lo lidera el propio ministerio del ramo; se llama ´Alianzas Productivas´ y consiste en “la vinculación de pequeños productores rurales a mercados especializados con un aliado comercial”, explicó en su momento Alejandro Mesa, director del programa. El proyecto sumó 560 alianzas, benefició a 36.876 campesinos de 426 municipios y se han invertido 612.248 millones de pesos; casi dos veces el Plan Colombia.

El esquema es sencillo. El ministerio de Agricultura convoca con recursos para asistencia técnica, los campesinos se asocian para cultivar algún producto y un aliado comercial se compromete a comprar la cosecha. Al principio el proyecto es subsidiado con dineros de la nación, organismos internacionales y la empresa privada, pero luego de 18 meses la cadena productiva debe ser autosostenible.

Jose´ Nolberto Mina, Guachene´, Cauca. Fotografía: Luis Ángel Murcia.

Lennin Velandia es uno de los beneficiarios; él lidera la organización Manos Unidas que reúne a 23 familias dedicadas al cultivo de piña en Yopal, Casanare. Aunque la finca que perdió por la violencia tenía 26 hectáreas, hoy rehace su vida en una parcela de 6 hectáreas y con el sueño de comprarla algún día “desde que empezamos a cultivar en esta zona, la tierra se valorizó mucho. Nuestra meta es sacar 400 toneladas de piña”, argumentó.

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Similar entusiasmo revelan las 29 familias que siembran uchuva en 15 hectáreas de tierra en Cácota, Santander. Ese programa arrancó desde febrero de 2014 y aunque aún no llegan a la meta de seis toneladas de fruta semanales, ya están trabajando por lograr la certificación para exportar su producto a Europa, “aquí la mayoría somos dueños de la tierra”, dijo Leonel Higuera, líder de Asofrutas.

El modelo de Alianzas Productivas también le coqueteó a los indígenas del Cauca. Hoy ese programa beneficia a 120 familias de los tres resguardos de la comunidad Nasa en Toribío. Ellos destinaron 120 hectáreas de su territorio para sembrar gulupa, (fruto parecido a la granadilla) que les compra una comercializadora de Bogotá. Aseguran que la meta es “convertirnos en agroempresarios”, explicó el alcalde mayor indígena William Yule, gerente de la asociación.

El precio del cacao

En esa misma alianza están la mayoría de cultivadores de cacao. Solo en Santander hay 17.000 familias que producen casi la mitad de las 140.000 toneladas de cacao en todo el país; aunque el modelo no está libre de problemas, “en términos generales es bueno; solo falta definir bien los precios de venta de cosecha, porque hasta ahora las chocolatinas están mal repartidas”, argumentó Ómar Valencia, líder de la mesa nacional de cacaoteros.

La crítica de Valencia surge porque desde hace un par de años los cacaoteros se vieron en aprietos debido a la caída del precio de su producto (pasó de 5.800 pesos a 2.800 pesos), pese a que existe una Alianza Productiva con la Compañía Nacional de Chocolates. El problema se resolvió con subsidios del Estado, pero aún está en el aire una solución a largo plazo.

El precio de las cosechas es uno de los temas más polémicos de las alianzas y así quedó reflejado en informe que presentó en 2007 el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible, Cecodes, entidad que agremia cientos de compañías que promueve negocios inclusivos, un modelo que busca generar ganancias incorporando en sus cadenas a personas de bajos ingresos.

Sembrando paz

Otro de los modelos agrícolas exitosos es el promovido por el programa Vallenpaz, que beneficia a 12.000 familias víctimas de la violencia (desplazados y desmovilizados) de 33 municipios de Nariño, Cauca y Valle.

Ellos cultivan 5.600 hectáreas con 78 productos agrícolas (frutas, hortalizas, cereales, verduras, cacao, etc) pese a que el 60 por ciento de los beneficiarios no son dueños de la tierra, “el modelo logra desvirtuar el prejuicio de que el minifundio no es rentable ni autosuficiente”, argumentó Luis Alberto Villegas, ex director de la fundación que tiene 800 aliados del sector privado.

Algo similar impulsa la Corporación Diocesana de la diócesis de Cartago, Valle, donde a través de huertas comunitarias intentan crear cadenas productivas para familias golpeadas por la violencia del narcotráfico. Ya arrancaron en Versalles con 45 beneficiarios que siembran mora en 20 hectáreas de un predio que entregó en comodato la alcaldía, “con la ayuda de la fundación Saldarriaga Concha, pretendemos expandir el modelo a todos los municipios del norte del Valle”, aseguró el sacerdote Jairo Uribe, director de la Corporación.

Café Quinchía

Sin duda uno de los sectores agrícolas más golpeados en los últimos años ha sido el caficultor, pero en Quinchía Risaralda, los pequeños campesinos se las ingeniaron para pasar el trago amargo: crearon la Asociación de Pequeños Caficultores de Quinchía, Apecafeq.

Lo increíble es que esta asociación no es nueva, funciona desde 1997 y su especialidad es la exportación de café especial, al mercado inglés. Ese grano lo siembran 512 pequeños campesinos en 897 hectáreas, “todos somos minifundistas, la finca más grande tiene 3 hectáreas”, dijo Uriel Chiquito, uno de los beneficiarios del proyecto.

En Quinchía existen 6.500 fincas cafeteras, pero solo 512 hacen parte del programa de Apecafeq. En 2011 exportaron 3.100 sacos del grano excelso y ahora gestionan una marca propia similar a la de Juan Valdez, para comercializarla no solo en Colombia, sino en Europa. “producimos café especial certificado, que nos hace acreedores de una prima adicional de 58.000 pesos por cada saco que exportamos”, explicó María Trejos, gerente de la asociación.

Todos esos casos demuestran que la realidad del campo colombiano no es tan árida como lo pintan, y que para sacar adelante el sector basta con darle una mirada seria a esos proyectos invisibles que siembran en las regiones.

 

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