EL GENERAL Y EL CONDOR

La cuestión de si un Presidente de Colombia fue amigo y favorecedor de un insigne criminal, merece examinarse en detalle. Los lazos entre uno y otro, cuando existen, algo enseñan sobre la índole moral del gobernante y sobre los usos para los cuales concibe el poder.
El Presidente para efectos de las pesquisa, fue Gustavo Rojas Pinilla y el delincuente, León María Lozano. Las dificultades comienzan desde el momento en que se califica de delincuente a León María Lozano, el cual no fue jamás condenado por delito alguno y por ende en sentido estricto, incurriría en calumnia quien lo llamara delincuente. Los procesos penales que se le abrieron -cuatro por lo menos- no llegaron a ser juicio porque su poder de intimidación lo impidió y Lozano murió asesinado en 1956.
Ello no empece para que León María Lozano sea considerado en Tuluá, en Buga, en todo el Valle del Cauca y en general en Colombia, como un atroz homicida, jefe y mandante de la principal banda de asesinos que floreció en el Valle durante la época de la violencia entre liberales y conservadores. En ausencia de la biografía criminal de Lozano han bastado la novela de Gustavo Alvarez Gardeazábal, "Cóndores no entierran todos los días", y la película de Francisco Norden basada en el libro, para establecer lo que en el Valle del Cauca constituye verdad sufrida, vivida y transmitida de boca en boca: que León María Lozano fue El Cóndor, el rey de los pájaros. "Cóndores" denuncia a El Cóndor por su nombre, dispara los de muchas de sus víctimas asesinadas y refiere acontecimientos precisos, de modo que si no es espejo, sí es reflejo de las andanzas de un conservador sectario y católico fanático que se convirtió en legendario jefe de los asesinos.
Porque conviene precisarlo desde ahora, El Cóndor mandaba a matar, pero él mismo no mataba. No se sabe de instancia en que haya tomado las armas para segar la vida. El solamente daba las órdenes pertinentes desde el Happy Bar de Tuluá. Antes de adquirir notoriedad, Lozano únicamente usaba el sable, por su afición a la esgrima.
Lozano hizo tercero de primaria y, según "Cóndores", era hijo del contador de los ferrocarriles y trabajaba como vendedor de quesos en la galería (plaza de mercado, en el Valle) cuando el 9 de abril de 1948 comenzó su carrera de criminal del conservatismo. Ese día impidió que los liberales incendiaran el colegio de los curas salesianos en Tuluá y que atacaran a los sacerdotes. Con el beneplácito de los jefes conservadores y con una que otra carabina que aquellos le entregaron fue ascendiendo en la jerarquía del crimen como cruzado católico y conservador. Víctimas de sus matones murieron, para sólo citar uno de los delitos de fina estirpe medieval cometidos en los cañadulzales de siglo XX, cinco miembros de un club ciclístico de Tuluá que se negaron a arrastrar la carroza de María Auxiliadora durante una procesión porque la encontraron muy pesada. La procesión de muertos liberales o de asesinados por capricho está narrada en "Cóndores". Se lee:
"León María Lozano manejó con el dedo meñique a todo el Valle y se tornó en el jefe de un ejército de enruanados malencarados, sin disciplina distinta a la del aguardiente, motorizados y con el único ideal de acabar con cuanta cédula liberal encontraran en su camino. De todos sus pescuezos colgaban escapularios del Carmen. La mayoría iba a misa todos los domingos y comulgaba los primeros viernes. Todos, menos el jefe, que nunca cargó otra arma distinta que su mirada de mula cansada, iban armados con dos o tres revólveres y una carabina. Viajaban en carros azules, sin placas; o en las volquetas de la secretaría de obras públicas. Para ellos no regía el toque de queda que el gobierno impuso todos los días a las siete de la noche. Las carreteras estaban libres para su tránsito y en los retenes nunca eran detenidos. Jamás pudo presentarse una demanda contra ellos porque a los abogados liberales se les fue imposibilitando la opción a litigar y no había ningún conservador que se atreviera, por honesto que fuese, a presentar una demanda contra miembros de su mismo partido".
HACER LAS COSAS VOLANDO
Existen varios indicios relativos a la amistad de Rojas con Lozano. Se sabe con certeza que los dos se conocieron desde cuando Rojas ejerció el comando de la Tercera Brigada en Cali en 1948 y 1949. Según un periódico que dirigió el poeta y periodista Rogelio Echavarría, Rojas visitaba a El Cóndor en Tuluá: "Y ya se le había visto para entonces, en franca camaradería con el coronel Gustavo Rojas Pinilla, comandante de la Tercera Brigada, cuantas veces el cacique uniformado había estado en Tuluá".
De acuerdo con un testigo, Lozano y otros conservadores se unieron a la patrulla del ejército que recuperó el palacio municipal tomado por los liberales el 9 de abril de 1948. Luego Lozano organizó una policía cívica, autorizado por Rojas, para evitar que los nueve abrileños (los liberales) tumbaran el gobierno. El testigo recordó que inicialmente se trataba sólo de asustar al liberalismo de crear pánico, sin matar a nadie. El sobrenombre pájaro habría surgido de la consigna de hacer las cosas rápido, volando. "Hacer las cosas como un pájaro era hacerlas volando, en el acto. Y en verdad así se hacían".
Una fotografía tomada en 1952 en Tuluá en la que aparecen Rojas, Lozano y el político conservador Gustavo Salazar García, abogado defensor de El Cóndor, muestra que la política había hecho amigos a Rojas y a Lozano.
En 1952 ya era suficientemente sabido en el Valle del Cauca que Lozano fungía como jefe de una cuadrilla de malhechores que asesinaban, incendiaban casas y pueblos y abrían a bala las cárceles para liberar a sus compinches ocasional y accidentalmente detenidos. Y el comandante de las Fuerzas Armadas asistió en su ciudad natal, en la casa donde habitaba el bárbaro con su esposa Agripina Flórez, a un agasajo ofrecido por El Cóndor. La visita del comandante de las Fuerzas Armadas al comandante de los pájaros sirve para comprender a distancia de los años, por qué los asesinos conservadores operaban en la impunidad. ¿Ignoraba acaso Rojas quién era su anfitrión? Imposible. Un militar de tan alto rango no habría aceptado una invitación a la casa de un pobre vendedor de quesos, si Lozano hubiera sido sólo eso. De modo que no parece haber duda de que acudió deliberadamente y a conciencia a la casa del padrino de los sicarios. El representante de la autoridad legítimamente constituida bendecía con su presencia a un criminal que ejercía poderes ilegítimos, que encarnaba un pequeño Estado en Tuluá donde él era, por fuera y por encima de la ley, alcalde, policía, juez, legislador, carcelero y verdugo. Sin embargo, para Rojas, Lozano era el "indiscutible jefe laureanista" del Valle del Cauca, ingenua denominación que si representara toda la verdad sería, como en efecto lo es, demostración de las simpatías desembozadamente conservadoras del comandante de las Fuerzas Armadas.
Que Rojas y Lozano se conocían desde comienzos de 1948, cuando el primero comandó en Cali la Tercera Brigada, lo reconoció el propio Rojas cuando afirmó que El Cóndor ayudó al "Ejército de la Tercera Brigada sostener el gobierno legítimo del doctor Mariano Ospina Pérez".
Hágase tabla rasa de todo lo escrito. Supóngase que la visita de Rojas a la casa de El Cóndor carece de significado, admítase que el comandante de las Fuerzas Armadas sinceramente tenía a "don" León María Lozano por simple jefe laureanista.
Considérese entonces un incidente sobre el cual sí existen pruebas abundantes y precisas: la orden que Rojas Pinilla dio poco después de asumir la presidencia de la República para que León María Lozano fuera liberado de la cárcel en que estaba recluído por orden judicial. Decimos que existe abundante comprobación porque la Comisión Nacional de Instrucción Criminal creada en 1957 por la Junta Militar para indagar sobre el gobierno militar se ocupó in extenso del asunto e hizo posible que la Cámara de Representantes formulara acusación constitucional ante el Senado.
Fue lo que se llamó en la época el proceso de las libertades arbitrarias, en cuanto se acusaba a Rojas de haber ordenado la libertad de cinco personas detenidas por mandato judicial, entre ellas, en primerísimo lugar, a León María Lozano.

"SI NO DECLARAS BIEN TE MAYTAMOS YA"
Los hechos son elocuentes, pero demandan la exposición de los antecedentes. El 12 de agosto de 1952 en el sitio La Bodega, corregimiento de La Negra, municipio de Yotoco, el juez promiscuo municipal de Yotoco, municipio cercano a Buga, adelantaba la reconstrucción de "un horrendo crimen en el que amigos de don León María aparecen como los más probables responsables", según palabras del presidente del Tribunal Superior de Buga. El juez, Gerardo Carvajal Triviño, no pudo realizar la diligencia de reconstrucción porque violentamente se lo impidieron "don" León María y sus matones. Efectivamente, Lozano, Germán Ospina Cabal y Hernán Rojas amedrentaron a los testigos del doble homicidio. Lozano se acercó por detrás a un testigo y con su peculiar voz ronca le advirtió: "Gran hijueputa si no declarás bien te matamos ya". A otro, agarrándolo del cinturón le dijo: "Usted tiene que dar esta declaración así y si no yo lo mato para que no sea hijueputa", "rojo hijueputa de mala clase". El juez se habría lanzado al río Cauca para salvar la vida, saliendo a resollar aguas abajo.
Por este delito de intimidación contra un funcionario público se abrió una investigación penal que le correspondió a un juez enviado por el ministro de Justicia, el cual ordenó en noviembre de 1952 la detención de León Maria Lozano. A renglón seguido el juez telegrafió al alcalde militar de la vecina Tuluá, capitán Alberto Lozano Cleves, para que informara al sindicado que debía presentarse en un juzgado de Buga, y luego regresó precavidamente a Bogotá sin notificar el auto. Este trámite lo dejó en manos de Eduardo Urrutia Rivera, fiscal del juzgado segundo superior de Buga.
El 25 de noviembre de 1952 a eso de las nueve de la mañana se presentó apoderado de Lozano, Lisandro Martínez Zúñiga, a advertir a Irurita que si no se le resolvía la situación, su defendido acudiría al juzgado acompañado de gran número de pájaros pudiendo ocurrir cosas graves. Más tarde, mientras actuaba en una audiencia pública, Irurita fue llamado de urgencia. Lozano se encontraba ya en el edificio de los juzgados, situado sobre un costado de la plaza Cabal de Buga. Había venido con desconocidos de presencia sospechosa y actitud amenazante, de 20 a 50 hombres, según las distintas versiones. Unos sujetos más ocuparon el Café Póker, a la salida del Palacio de Justicia. Se reunieron Irurita y dos jueces más, en ambiente de alta tensión, a estudiar fórmulas para sortear la situación Uno de los jueces, Benjamín Martínez Moriones, venía de hablar con Lisandro Martínez Zúñiga, que le expresó que El Cóndor no quiso servirse de un certificado médico para excusarse de compadecer al juzgado.Irurita redactó un telegrama para el ministro de Gobierno consultando si era factible hacer efectiva la detención de Lozano, ¡tratándose como se trataba del jefe de la colectividad conservadora y presidente del directorio conservador de Tuluá!
Los jueces y empleados judiciales estaban nerviosos desde un par de días antes, tan pronto se rumoró acerca del auto de detención dictado por el juez venido de Bogotá. Cuando León María llegó acompañado de los maleantes, fueron varios los secretarios y jueces que salieron a tomar brandy o aguardiente doble en lugar del tinto habitual. Martínez Moriones solicitó una pistola y un revólver y su secretario desarmó unas tijeras del juzgado para usarlas en caso de emergencia. A Irurita le pasaron un revólver casi inservible con tres cápsulas. Algunos colegas del Palacio de Justicia le sugirieron a Irurita, que estaba muy nervioso, que se ausentara con cualquier disculpa pero él manifestó que si se escondía lo matarían.
"A SUS ORDENES DON LEO"
Cuando Lozano ingresó al edificio de dos plantas, conversó primero con Alfonso Mena Delgado, secretario de Irurita. Lozano se quejó de los jueces bandoleros que perseguían a los elementos sanos del conservatismo y dijo que se proponía protestar telefónicamente ante el ministro de Justicia por la citación que se le había hecho.
Un rato después, en el corredor Irurita se encontró con Lozano y sus seguidores. Los enruanados tenían las caras cortadas y llevaban sombreros hasta los ojos, recuerda el fiscal. Irurita le pidió al sindicado que se calmara pero Lozano respondió en términos violentos exigiendo que le arreglaransu situación, eufemismo equivalente a levantar la orden de detención. Eran las 11:30 de la mañana cuando Lozano e Irurita entraron al despacho, mientras los pájaros permanecían a la expectativa en la puerta y en los pasillos de la fiscalía. En presencia de El Cóndor, Irurita le comunicó a su secretario Alfonso Mena que se sentara a la máquina de escribir para redactar la providencia revocando la detención. Mena sostuvo que era una imprudencia y consideró aconsejable esperar la respuesta a la consulta enviada al Ministerio de Gobierno. Lozano enfureció y exigió que le llamaran a su abogado. Sus secuaces entraron en ese momento al despacho diciendo "a sus órdenes don Leo", mientras se llevaban la mano a la cintura. Viendo que podía ser atacado, pensando "que siempre estaría protegido por Nuestro Señor, ya que esa mañana lo había recibido en el Altar con la más infinita devoción", previendo el dolor que su muerte causaría a su madre y buscando salvar la vida de su secretario, el fiscal Irurita dictó, sin conocer el expediente, y sin poder determinar la culpabilidad o inocencia del procesado, un auto cancelando la detención de Lozano. La presencia de tan distinguida delegación de la "pajarería" era suficiente intimidación, aún si sus miembros hubieran estado desarmados.
"El ejército me habría podido ayudar pues los 'pájaros' estuvieron lo suficiente para que corriera la noticia por todo Buga de lo que estaba pasando", dijo Irurita Rivera en una entrevista. Efectivamente, lo miembros del Tribunal Superior de Buga, que funcionaba fuera del Palacio de Justicia, pensaron esa mañana en pedir auxilio al Batallón Palacé de la localidad pero se abstuvieron cuando un poco después de las 11 a.m. un juez relató la conversación que había sostenido con Lisandro Martínez Zúñiga. Este le dijo que en vista de las intenciones de defensa violenta que llevaba Lozano era preferible no convocar al ejército, pues ello implicaría la muerte de muchos funcionarios de los juzgados. Ante la gravedad de los hechos que ocurrían en esos mismos instantes, el presidente del Tribunal, Demófilo Candela Moriones, habló a las 12 menos cuarto con el Procurador General de la Nación, el cual prometió conversar con los ministros de Gobierno, Guerra y Justicia. Por la tarde, seis jueces se mostraron atemorizados durante una reunión con el Tribunal y justificaron la actitud de Irurita de revocar el auto de detención.
NUEVO AUTO DE DETENCION
Por ese segundo delito de intimidación contra un funcionario público se abrió una investigación que el Ministerio de Justicia encomendó al juez 19 de instrucción criminal, enviado también desde Bogotá, pues evidentemente los funcionarios judiciales de la región estaban atemorizados. El 15 de diciembre de 1952 el juez Jesús Medina Vásquez, de filiación conservadora, después de oír en indagatoria a El Cóndor, a Irurita y a los demás testigos, dictó auto de detención contra Lozano por coacción ilícita contra el fiscal Irurita, quien a su vez, como sabemos, había ordenado la detención inicial de El Cóndor por la misma causal, la intimidación contra el juez de Yotoco. El juez Medina Vásquez, durante su corta estadía en Buga, se alojó en el Batallón Palacé y desde allí despachó. Estimaba que su vida estaba amenazada y podría correr peligro si abandonaba el cuartel, lo que demuestra el poder intimidatorio de El Cóndor. Dentro de la unidad militar, hizo entrega del expediente al juez Benjamín Martínez Moriones, no sin antes expresarle que eran tantas las presiones y amenazas que sólo esperaba entregar el negocio para emprender viaje a Bogotá.
Esta segunda orden de detención no se cumplió en la cárcel debido a la proverbial asma cardíaca acompañada de frecuentes accesos que padecía Lozano, dolencia certificada por dos médicos de Tuluá, y que un magistrado de Buga calificó de "pretexto" para eludir la prisión. El juez ordenó entonces que de acuerdo con la "alta posición" y delicado estado de salud del procesado, la detención se verificara en el Batallón Palacé, y parece que fue detenido el 17 de diciembre pero dejado en libertad ese mismo día, pues el juez regresó a Bogotá, como lo aconsejaba la prudencia, y en el Valle ninguna autoridad se atrevía, sin riesgo mortal, a desconocer el poder del presidente del directorio conservador de Tuluá.
Lozano continuó sus andanzas criminales. El presidente del Tribunal Superior de Buga en 1953, jurista conservador Alfredo Delgado Plaza, anotó que El Cóndor "libre, como lo ha visto todo el Distrito, ha andado de pueblo en pueblo, con la natural sorpresa de las gentes y haciendo sentir la fuerza de su fama y de su presencia".
Un tercer juez fue enviado desde Bogotá por el Ministerio de Justicia para proseguir la investigación. A los 15 días le ordenaron que pasara el expediente a un juez de Buga, con lo cual se inició una verdadera competencia para desembarazarse de esa bola de hierro candente. Un fiscal lo entregó a un juez superior y éste al del circuito, el cual a su vez determinó que a Lozano se le acusaba de asonada, en ese momento delito de competencia de la justicia penal militar. El Batallón Palacé lo remitió a la Tercera Brigada en Cali, que se declaró incompetente y lo devolvió al Batallón. De allí regresó una vez más al juzgado penal del circuito, donde languideció hasta unos días después del derrocamiento de Laureano Gómez Castro el 13 de junio de 1953.

"LIBERACION HUMANITARIA"
El juez Carlos Londoño Richoux, creyendo que la presencia del ejército en el gobierno había desvanecido la intranquilidad y la zozobra, y seguramente contagiado del sentimiento de esperanza que renació con la caída del régimen laureanista, procedió el 10 de julio a confirmar el auto de detención que el abogado de Lozano pedía revocar. Para Londoño Richoux no era posible que el fiscal Irurita hubiera sentido miedo por la simple notificación de la detención a un sindicado.
De allí dedujo el juez que el miedo del fiscal implicó una intimidación. Fue así como el 11 de julio de 1953 León María Lozano cruzó las rejas de la cárcel de Buga. ¿Consecuencia acaso de la política de paz, justicia y libertad proclamada menos de un mes antes por Rojas Pinilla al asumir el mando de la nación? ¿Efecto del nuevo clima? ¿Indicio del fenecimiento de la tolerancia y complicidad del laureanismo hacia los pájaros? Nada de eso. Nada tuvo que ver el nuevo Presidente de la República con el encarcelamiento de Lozano. Al contrario. El 16 de julio se produjo la orden personal del presidente Rojas de liberar a León María Lozano Lozano.
Apenas cinco días de cárcel pagó "don" León María, porque para salvarle la vida el presidente Rojas, en un acto humanitario, mandó liberarlo. No se piense que esta última frase contiene alguna sombra de cinismo. En absoluto. Fue la explicación que tiempo más tarde Rojas habría de dar ante el Congreso: "Liberé a El Cóndor por razones humanitarias".
Juzgará el lector si debía invocarse el humanitarismo para arrancar de las manos de la justicia a un criminal reincidente contra el cual pesaba un auto de detención, dictado cabalmente porque el sindicado, haciendo uso de la intimidación y de la fuerza amedrentó a dos jueces por uno de los muchos crímenes de sus secuaces.
La arbitraria orden de libertad la dio en primer lugar el flamante director de la Policía Nacional, coronel Francisco Rojas Scarpetta, natural de Tuluá, cuartel general de El Cóndor.
Desde Cali, Rojas Scarpetta telefoneó el 15 de julio de 1953 a su cuñado Alfredo Molina Martinez, alcalde de Buga, para transmitirle la siguiente orden que debia referir al juez penal del circuito: "Que se sirva poner inmediatamente en libertad al señor León María Lozano, quien se encuentra detenido en la cárcel del circuito, por orden del excelentísimo señor Presidente de la República, teniente general Gustavo Rojas Pinilla, y que se le diga que se presente inmediatamente a Bogotá y se entreviste con el señor subdirector de la Policía Nacional, teniente coronel Ordónez". El cuñado-alcalde envió un oficio al juez penal del circuito para hacerle conocer la voluntad de su excelencia. Es el oficio 336 del 15 de julio de 1953. El juez Londoño Richoux consultó con el Tribunal Superior de Buga ante tan inusitado procedimiento y obtuvo como respuesta natural la de no someterse a lo que le dictaba el alcalde. El juez así lo comunicó al alcalde. Este, en oficio 338 del mismo día, reiteró la orden: "Señor Juez Penal del Circuito. L.C. Atentamente me permito manifestar a usted que hace un momento el coronel Francisco Rojas Scarpetta me comunicó telefónicamente que había recibido la orden del excelentisimo Presidente de la República, teniente general Rojas Pinilla, que dispusiera la libertad inmediata del señor León María Lozano, quien se encuentra detenido a órdenes suyas en la cárcel del Distrito Judicial. Como el coronel Rojas Scarpetta me expresó que transmitiera a usted la orden emanada del Gobierno Nacional, así lo hago para que usted disponga".
Molina Martínez dijo que nunca buscó la liberación de El Cóndor, sino que suplicó a su cuñado que lo sacaran de Buga porque quería evitar que su ciudad fuera flagelada. Temía obviamente que la detención del preso en Buga podría originar represalias de los pájaros contra la población.
Como el juez no accedió a entregar al preso, el Presidente de la República personalmente llamó por teléfono al comandante del Batallón Palacé de Buga, coronel Guillermo Padilla Manrique, para insistir en la liberación de El Cóndor. El comandante se dirigió por escrito al juez, invocando las instrucciones verbales de su excelencia, y señalando que el detenido debía ser entregado al vicesargento primero Roberto Rengifo Gómez para su conducción a Bogotá. El juez Londoño Richoux entregó al preso para unas supuestas diligencias ante la Policía Nacional en Bogotá cumplidas las cuales se le prometió que el sindicado sería de nuevo puesto a órdenes de la autoridad judicial de Buga.
No sólo no marchó El Cóndor a Bogotá, no sólo se le vio libre en Tuluá, celebrando estruendosamente con sus secuaces en el crimen, sino que el coronel Padilla Manrique consideró oportuno sentar su protesta ante el Tribunal Superior de Buga por la testarudez inicial del juez Londoño Richoux. "En la mañana de hoy fui sorprendido desagradablemente del informe del señor Alcalde", se lamentaba el coronel, informe según el cual el juez no accedía a la orden de su excelencia alegando que la libertad no podía concederse sino previa revocatoria del auto de detención vigente.
Y sentaba el coronel Padilla Manrique esta doctrina jurídica antológica: "Para cumplir la orden de su excelencia estima este comando que la lógica decisión hubiese sido dictar la providencia y dar cumplimiento a la orden del Presidente de la República comunicada de manera oficial por el representante del Ejecutivo, en esta ciudad". En el poco tiempo en que El Cóndor estuvo preso, el secretario del juzgado fue a la cárcel a notificarle alguna determinación del juez. Los compinches del preso trataron de agredirlo, pero El Cóndor les explicó que se trataba de un empleado que cumplía órdenes. Recuerda el secretario "que era tanto el temor que siendo nosotros empleados del tribunal, ibamos al Café Póker a tomar tinto y la gente se salía del café porque teníamos a León María detenido".
LEON MARIA VUELVE AL BAR
Roberto Rengifo Gómez fue, como sargento primero, la persona que recibió la orden del coronel Guillermo Padilla Manrique de entregar al juez el oficio que le mandaba poner en libertad a Lozano. Rengifo Gómez recuerda que recibió a Lozano en la cárcel y lo llevó al Batallón Palacé y que en la oficina del comando se celebró este diálogo con el "mico" Padilla:
- Padilla a Rengifo: "Coja el teléfono, llame a Avianca y pida dos cupos para que lleve a este señor a Bogotá".
- León María: "No puedo ir en avión porque sufro de asma".
- Padilla a Rengifo: "Pida cupo en autoferro para ir a Armenia y luego a Bogotá".
Rengifo llamó pero no había cupo en el autoferro.
- León María: "Yo me comprometo a ir mañana a Bogotá por tierra a presentarme al coronel Rojas Scarpetta, comandante de la Policía".
El coronel Padilla aceptó el trato. Por la tarde citó de nuevo al sargento:
- Padilla a Rengifo: "Lleve a este señor a Tuluá en un carro que él tiene afuera de la cadena y lo deja en su casa, no en el café, sino en su casa, para evitar críticas de la gente. 'Unicamente saldrá cuando salga a la estación a tomar el autoferro' ".
León María llegó a Tuluá acompañado del sargento Rengifo. Este, de vuelta en el batallón, dirigiéndose al comandante Padilla le informó:
- "Cumplida la orden, mi coronel".
- Padilla a Rengifo: "Se recordará que a usted lo van a llamar a decirle que León María está en el café".
Efectivamente, un rato después se recibió en el comando la llamada de alguien que notificaba que en un café León María celebraba la liberación con sus secuaces.
La orden de libertad, lo confirma Rengifo, fue dada directamente por el presidente Rojas Pinilla. Bertilda Plata, secretaria del comando, le refirió años después al suboficial que ella se "goterió" por otro teléfono la llamada de Rojas al coronel Padilla en la cual a éste se le ordenó poner en libertad a León María Lozano y hacerlo presentar ante el comandante de la policía.

PROTESTA EL TRIBUNAL DE BUGA
El Tribunal Superior de Buga por unanimidad denunció que El Cóndor, después de su liberación, seguía delinquiendo y sentó su protesta ante Rojas Pinilla aduciendo que el poder judicial "ha tenido que pasar por la dolorosa situación de ver rotos los trámites sagrados en la ley para la libertad de un sindicado por delitos comunes, y los ha visto rotos en favor de una persona que, luego de burlar a la justicia y de repetirse en sus atropellos a la ley, lejos de haber sido conducido a Bogotá 'para presentarlo a la dirección de la Policía Nacional', según fueron las razones que forzaron la libertad solicitada, sin peligro alguno para su afección bronquial, anda después de todo lo referido, en sus mismas andanzas denunciadas como se lo dirá a Vuestra Excelencia el informe llegado a esa entidad del señor juez municipal de Darién".
Por lo demás, los protagonistas interrogados durante la investigación del Congreso en 1958 y 1959, si bien trataron de aducir elementos exculpatorios, confirmaron que el presidente Rojas dio la orden de liberar a El Cóndor.
El coronel Padilla Manrique reconoció que recibió una llamada telefónica "del entonces Presidente de la República, señor teniente general Gustavo Rojas Pinilla, según la cual disponía que el señor Lozano fuera remitido bajo la custodia de un suboficial, para ser puesto a órdenes de la subdirección de la Policía Nacional, en Bogotá". Empero, a renglón seguido afirmó, inexplicablemente y como queriendo disculparse y disculpar, que "no recibí ninguna orden de libertad para el señor Lozano... recibí la orden personal del señor general Rojas Pinilla para enviarlo a Bogotá... presumo que ese envío obedecía al anhelo de ver libre al Valle de la figura del señor Lozano, y de realizar posiblemente el traslado de sus investigaciones a otra jurisdicción penal". Sea cual fuere el propósito buscado, el presidente Rojas no podía ordenar la salida de la cárcel de un preso detenido por orden judicial. Esa fue la liberación arbitraria, sin que cuenten los motivos presumibles de desterrar a El Cóndor. La finalidad de remitirlo a Bogotá era sólo un pretexto, como se vio anteriormente. El entonces subdirector de la Policía Nacional, coronel Jorge Ordóñez Valderrama, no recibió ni de Rojas ni del director de la Policía orden o misión alguna de esperar en Bogotá a León María Lozano. Es más, Ordóñez declaró que ni siquiera tuvo conocimiento de lo que acaecía en Buga en relación con El Cóndor, el jefe de los pájaros o "policías celestiales", como los llamara el poeta Jorge Zalamea.
CONTRADICCIONES EN CADENA
¿Qué respondió Rojas Pinilla en el Senado durante el proceso de las libertades arbitrarias? Se contradijo y suministró excusas irrisorias. En una primera instancia hizo saber, a través de un copartidario y paisano suyo, el representante conservador boyacense José María Nieto Rojas, que ante una carta de El Cónor en que se quejaba de grave dolencia física, había insinuado que se le cambiara de clima como una consideración humana "y que jamás había dado ninguna orden de libertad". Nieto Rojas fue un político extremista, que llamó cerebro de la reforma comunista de la Constitución a Alberto Lleras Camargo y "régimen liberal-comunista" al gobierno de López Pumarejo.
Extraña sobremanera que el clima de Tuluá y de Buga, que no le impidió al asmático dirigir las bandadas de pájaros durante varios años, de un momento a otro en la cárcel, se tornara insalubre al punto de obligarlo a temperar en otras latitudes.
Pasadas cinco semanas desde cuando su vocero oficioso lanzara en el Congreso la excusa írrita de la grave dolencia física, Rojas Pinilla no tuvo reparo en desmentir a Nieto Rojas, es decir, en desmentirse a sí mismo. Indagado por la comisión instructora del Senado en su lugar de detención -las instalaciones de la Armada Nacional en Cartagena- dio una respuesta que merece transcribirse in toto por lo cantinflesca, porque pretende echarle la culpa a un sargento de la orden de un general y Presidente, y porque ni siquiera trata de tomar distancia de la figura de El Cóndor.
"León María Lozano. Este ciudadano vallecaucano era el indiscutible jefe laureanista de ese Departamento y, como tal, a raíz del 13 de junio y debido a la permanente campaña de la prensa liberal contra tal ciudadano por haber ayudado al Ejército de la Tercera Brigada a sostener el gobierno legítimo del doctor Mariano Ospina Pérez, era objeto de una tenaz persecución. No recuerdo haber dado alguna orden personal ni directa para que este ciudadano fuera puesto en libertad, pero es muy posible que el jefe del Batallón Guardia Presidencial, mejor dicho el coronel Ignacio Rengifo, oriundo del Valle del Cauca y muy amigo de don León María Lozano, hubiera insinuado la conveniencia de cambiarlo de cárcel para evitar que fuera linchado por las turbas liberales. Debo recordar que estábamos en pleno 13 de junio y que, por consiguiente, todo el odio del Partido Liberal y el de la mayoría del Partido Conservador quería volcarse y tomar represalias sobre Laureano Gómez y los laureanistas. Por elemental espíritu de humanidad y de responsabilidad, era un deber del Presidente de la República evitar que un ciudadano muriera linchado por turbas desenfrenadas, sedientas de venganza. Varios parlamentarios del Congreso actual fueron amigos, íntimamente amigos de León María Lozano, y pueden atestiguar si era verdad o no que tal ciudadano era indiscutible jefe laureanista del Valle del Cauca.
En 1952 cuando visité la ciudad de Tuluá, siendo yo comandante de las Fuerzas Armadas, al aceptar un agasajo en la casa de