El Gobiemo contraataca

ACORRALADO POR TANTA denuncia sobre el tema de la corrupción, el Gobierno del presidente César Gaviria decidió meterse de lleno en el tema. En la misma semana en que se desarrollaba en la Cámara de Representantes el debate sobre Colfuturo, y mientras surgían nuevas acusaciones contra otro hermano del mandatario, Alejandro Gaviria, el Gobierno presentó un proyecto de ley que pretende asegurar que los servidores públicos y los particulares se sujeten al principio de moralidad en sus relaciones con la administración.
Este proyecto tiene alcances novedosos. Define, por ejemplo, los deberes, derechos y prohibiciones de los empleados oficiales; el régimen disciplinario de los servidores públicos y crea una Comisión Nacional para la Moralización. Pero más importante aún, obliga a los funcionarios a declarar bajo juramento y certificación sus bienes y rentas antes y después de asumir y dejar su cargo.
La intención del Gobierno parece clara: no quedarse atrás en un tema en el cual parlamentarios del grupo de Andrés Pastrana ya presentaron un proyecto, y el precandidato Ernesto Samper anticipó que llevará su propia iniciativa al Congreso. "El proyecto -dice el viceministro de Gobierno Jorge García- se trabajó durante cuatro meses, y surgío de una serie de propuestas que formularon expertos de la Universidad de los Andes, o de sugerencias que salieron de algunos foros sobre corrupción. Invitamos a expertos en cuestiones penales, fiscales, pedagógicas, finanzas, y otros ".
Y es que hay motivos para preocuparse: según cifras de la Contraloría General, el 80 por ciento de los colombianos no cree en las instituciones porque "son un foco de inmoralidad". Ejemplos sobran: entre un 25 y 30 por ciento del gasto público que se destina para la inversión se queda en manos de quienes adjudican,tramitan y controlan las licitaciones. El asunto ha llegado a tales extremos que la Comisión de Hong Kong, reconocida mundialmente por haber reducido de modo significativo este flagelo en la colonia británica, dará asesoría a Colombia en su lucha contra la inmoralidad oficial.
El Gobierno ha pensado incluso en instaurar un régimen de recompensas, que hasta ahora solo se había aplicado contra el narcotráfico y la guerrilla. Las recompensas, tal como se ha previsto inicialmente, se traducirían en una participación económica en los bienes del Estado que sean recuperados tras la colaboración del ciudadano.
Pero no todo es castigo. El Gobierno crearía también estímulos económicos para aquellos funcionarios que se destaquen en el buen cumplimiento de su oficio. "Una de las grandes fallas de la administración pública -agrega el viceministro- consiste en que no se incentiva a los funcionarios. Da lo mismo ser malo que bueno" .En tal sentido, se establecería el reconocimiento de una prima de productividad equivalente al 50 por ciento de la asignación basica mensual. O el pago de una bonificación "por excelencia" equivalente a dos veces el salario mensual del funcionario quien, además, tendría acceso preferente a becas, cursos, comisiones de estudio, programas de bienestar social y cargos de mayor jerarquía.
El proyecto también prevé que las penas contra los funcionarios públicos corruptos sean mayores. El peculado por apropiación se penaria con prisión de cuatro a 15 años (actualmente es de dos a 10 años); el enriquecimientos ilícito acarrearía privación de la libertad entre tres y ocho años (hoy de uno a ocho años); el prevaricato por acción u omisión ocasionaría cárcel por dos o seis años (vigente de uno a cinco años); la concusión con tres a seis años (hoy de dos a seis).
La lucha contra la corrupción fue desde el principio del Gobierno de Gaviria, un tema recurrente. La novedad en esta oportunidad es que las ideas de la administración han quedado plasmadas en un proyecto de ley. De seguro su estudio se acumulará con el de las demas iniciativas que sean llevadas a las cámaras, donde ojalá el debate sirva para aterrizar el asunto, y darle forma a herramientas que, por sobre todo, busquen ser eficaces en la erradicación de un mal que ya los colombianos ubican en el mismo nivel de gravedad de la guerrilla y el narcotráfico.