Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 1983/03/28 00:00

EL GOBIERNO EN EL AIRE

Con la posición de la Corte Suprema de Justicia frente a la emergencia comienza a agrietarse la imagen del gobierno.

EL GOBIERNO EN EL AIRE

De pronto parecía que el gobierno había quedado en el aire. Al final del año, era difícil escuchar una sola crítica al gobierno nacional, que comenzaba el año de 1983 como el más popular de la historia reciente. Ahora, escasos dos meses después, el pedestal del Presidente parece agrietarse en la medida en que ninguna de sus grandes iniciativas parece prosperar.
En primer lugar estaba la amnistía. Las esperanzas de que tuviera resultados positivos, se iban desvaneciendo en la medida en que transcurrían semanas y semanas desde su expedición. En medio de las acciones intensificadas de varios de los grupos, el único indicio de vida de las posibilidades de paz, había sido la entrevista sostenida entre Otto Morales y los dirigentes de las FARC. Excluyendo ese hecho, el panorama no podía ser más desolador: secuestros, abandono de fincas, evacuación de regiones, boleteo... En las ciudades la delincuencia común llegaba a niveles sin precedentes, y en el campo la situación se agravaba a tal punto, que por primera vez en mucho tiempo, se podía anticipar en un futuro no lejano una seria disminución en la producción de alimentos. ¿Qué podía haber desatado una situación tan crítica en el breve lapso de seis meses? Una interpretación posible, era que los grupos subversivos habrían aprovechado la brecha democrática abierta por el Presidente para fortalecerse y extender su campo de acción. Según otra interpretación, ahí estarían saliendo a flote problemas que habrían sido represados antes por la mano dura del General Camacho Leyva.
A otro nivel, también soplaban vientos de crisis en las relaciones entre el poder civil y el poder militar. (ver artículo siguiente). El forcejeo entre uno y otro se hizo evidente en ciertos momentos críticos relacionados con la investigación sobre el MAS. El intento del Presidente de modificar el tipo de relación entre el Ejecutivo y los militares que se había institucionalizado en el gobierno anterior, encontraba inicialmente un buen terreno en las coincidencias ideológicas entre Betancur y el general Landazábal. Sin la intensificación del conflicto armado ejercía presión permanente en contra de estas nuevas relaciones. En la medida en que en el frente interno aumentaban las tensiones sociales, al poder civil le costaba cada vez más mantener sus distancias frente al poder militar.
Buena parte de la política de apertura dependía de que se mantuviera esta distancia. Este era el hecho de fondo, independientemente de que el Presidente demostrara una gran habilidad para sortear las crisis coyunturales, como la que se vivió al publicarse la lista del MAS. En esta oportunidad, Betancur, apoyando simultáneamente a las Fuerzas Armadas y a la Procuraduría, evitó que la situación se desbordara.
En medio de estas dos grandes crisis, el gobierno sufrió la semana pasada un revés igualmente importante en los frentes económico y político. La Corte Suprema de Justicia, por mayoría de 13 a 11, había echado por tierra un decreto sobre el régimen del impuesto a la renta, expedido al amparo del artículo 122. En la práctica, esto significaba que la casi totalidad de los decretos de emergencia económica se caerían a su vez. La decisión de la Corte tomó al país por sorpresa. Obedeció a un cambio de jurisprudencia frente al criterio adoptado en 1974, cuando se utilizó por primera vez el artículo 122.
Teóricamente, la base de la sentencia radicaba en la inconstitucionalidad de decretar impuestos en tiempos de paz, de conformidad al artículo 43 de la Constitución. En el fondo, sin embargo, parecía primar el deseo de este alto tribunal de poner coto a la tendencia del Ejecutivo a centralizar poderes a costa de las otras ramas del poder público. De esta manera, se obligaba al gobierno a recurrir a la vía legislativa para la adopción de medidas, limitándole el camino fácil del 122, cuyo abuso amenzaba con convertirse en una tronera como el 121.
Aun cuando la declaración de inexequibilidad parecía un episodio jurídico, las implicaciones económicas y políticas que tuvo fueron enormes.
MAS DESCONCIERTO
Desde el punto de vista económico, la caída del decreto 3743 dejó al país en un limbo económico. Los empresarios se quejaban de la imposibilidad de llevar a cabo proyecciones financieras cuando no había ninguna certeza respecto al rumbo que tomaría la economía en las próximas 24 horas.
Ahora habría que esperar para ver cuáles decretos caían detrás del 3743, y posteriormente ver qué tan peluqueados saldrían los que el gobierno decidiera introducir por las vías de procedimiento normal. Esta larga espera implicaba un "lucro cesante" que constituía un lujo demasiado costoso para la economía en este momento.
El Presidente y sus funcionarios trataron de minimizar la gravedad del asunto. La Directora de Impuestos, Alba Lucía Orozco de Triana, aclaró que quienes se ampararon en algunos de los decretos de la emergencia mientras estuvieron vigentes, seguirían cobijados bajo la misma regulación, aunque el decreto se derogara. Por esto, el miércoles la dirección de impuestos nacionales prolongaba sus horas de servicio para recibir a todas las personas que buscaran la amnistía ante el riesgo de que este decreto también cayera. Para quienes no se cobijaran bajo ninguno de los decretos promulgados durante la emergencia, su actividad tributaria se regulará de acuerdo con las medidas vigentes antes de que el gobierno hiciera uso del 122.
Sin embargo, los esfuerzos del gobierno por tranquilizar los ánimos y crear un clima de confianza tropezaban por una actitud de expectativa por parte de los sectores económicos. Se llegó a afirmar que después de las negociaciones con los gremios, las medidas tributarias lo que iban a hacer era reducir las captaciones fiscales, con lo cual se frenaba la posibilidad de disminuir el déficit, punto central en la declaración de emergencia económica. La ampliación de la base tributaria que compensaría una disminución de impuestos, seguía siendo una posibilidad lejana ante la incertidumbre reinante.
HORA DE NEGOCIAR
No menos importantes que las implicaciones económicas son las políticas. Hasta el momento, el Presidente se había jugado la carta de gobernar individualmente, buscando colocarse por encima de la mecánica y tradición partidista, a nombre un interés público abstracto que él representaría. Esto, al mismo tiempo que le garantizaba un inmenso apoyo en la base, le estaba generando roces con distintos estamentos. Además del respaldo reticente del conservatismo ortodoxo, se veía acercar gradualmente la oposición del partido liberal. A éstas se sumaban la protesta de los gremios financieros, que comenzaban a tildarlo de socialista. Aun la jerarquía eclesiástica mostraba inquietud ante algunas de sus posiciones, como su política internacional. Por encima de todo esto, el Presidente cabalgaba sobre el prestigio de su popularidad y sorteaba los obstáculos buscando mecanismos de operación que le permitieran moverse en forma independiente.
La decisión de la Corte lo obligaría a revisar este estilo de gobierno. Al verse forzado a recurrir a las mayorías parlamentarias, Betancur tendrá que descender del Olimpo en que se encontraba. Aun cuando la mayoría de las declaraciones iniciales de los grupos políticos son de solidaridad con el gobierno, se puede prever que en el remolino del debate parlamentario los congresistas querrán demostrar que no tragan entero. Los decretos, aun cuando sean aprobados, seguramente quedarán modificados en buena medida.
En particular, tendrá que entrar a negociar con el partido liberal, que se venía quejando de ser tratado como una "montonera informe". Así como en el pasado el liberalismo tuvo que someterse al doble juego de tener que darle participación al partido conservador al tiempo que aceptaba su posición crítica, ahora, como lo anunció López Michelsen en la Junta de Parlamentarios, será el gobierno conservador al que le corresponderá enfrentar la aplicación de este sistema por parte del partido liberal.
A pesar de los inconvenientes que todo esto le representa, el Presidente tiene a su favor que la situación de orden público ha generado un sentimiento de respaldo a las instituciones de las cuales él es su principal símbolo.
Prueba de esto es el apoyo que ha tenido la campaña de El Tiempo que llama a un gran acuerdo nacional. La percepción generalizada es que el país está atravesando una grave crisis y que el requisito de la hora es rodear a su presidente. -

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