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| 5/22/1995 12:00:00 AM

EL GOLPE

SEMANA revela detalles desconocidos de la silenciosa investigación que sirvió al fiscal Alfonso Valdivieso para detonar el escándalo del año: las relaciones peligrosas entre el cartel de Cali y la política.

CUANDO EL EX SENADOR EDUARDO MEStre Sarmiento fue reduido en la madrugada del viernes pasado en la casa cárcel de La Modelo en Bogotá, a su encuentro salió todavía adormecido el ex gobernador de Arauca, Alfredo Colmenares Chía, detenido desde enero pasado por diversos cargos. Colmenares lo recibió muy amablemente y tras entregarle una taza de café, le dijo: "doctor, la vida aquí es muy dura, tómese este tintico".
De hecho, las últimas horas para Mestre habían sido muy difíciles. El ex congresista había tenido que salir de su casa a las 11 de la noche en medio del llanto de su hija de 13 años, que les pedía a los agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía -CTI- que no se llevaran a su padre. Pero de nada valió que Mestre les suplicara a los agentes que lo dejaran pasar la noche en su apartamento del segundo piso del lujoso edificio de la carrera 7a. con calle 93. Los agentes tenían órdenes precisas de arrestarlo y no aceptaron la propuesta.
Mientras tanto, a poca distancia de la residencia de Mestre, la Fiscalía fracasaba en una misión tan importante como la captura del ex senador. El periodista Alberto Giraldo logró escabullirse de otro grupo de detectives que lo buscaban en su apartamento, ubicado en el exclusivo sector de Los Rosales, al norte de Bogotá.
Con la captura de Mestre y la fuga de Giraldo se cerraba para la Fiscalía General de la Nación el primer capítulo de una minuciosa y callada pesquisa de cinco meses que, a juicio de los investigadores, dejó al descubierto las relaciones clandestinas entre el cartel de Cali y un sector de la clase política colombiana. Perdida por ahora la pista de Giraldo, la Fiscalía se ha quedado sin una carta importante para esclarecer los vínculos entre Cali y los políticos, pues nadie duda que Giraldo tiene muchas cosas que contar. Al fin y al cabo fue protagonista del escándalo de los narcocasetes y anfitrión de la reunión entre el entonces candidato Ernesto Samper y el general Miguel Maza Márquez.
Cheques, disquetes de computador, facturas, nóminas de particulares y autoridades al servicio del cartel, registros mercantiles a nombre de testaferros y una veintena de sociedades de papel, son parte de un voluminoso cargamento de pruebas que ocupa hoy una caja fuerte de la Fiscalía del tamaño de un cuarto de cuatro metros cuadrados.
De allí surgieron los primeros indicios que llevaron al ente acusador a vincular a la investigación a 49 personas, entre quienes se encuentran el Contralor General de la República, nueve congresistas, 12 testaferros, 23 particulares y los dos más importantes cabecillas del cartel de Cali. Y una vez más salió a relucir el nombre de Santiago Medina, ex tesorero de la campaña del presidente Ernesto Samper. En esta oportunidad será llamado para que rinda una declaración sobre los fondos que según la Fiscalía recibió de una de las empresas de fachada del cartel de Cali.
No era la primera vez que Mestre resultaba involucrado en un escándalo de narcotráfico. En un encausamiento contra Harold Ackerman, conocido como el embajador del cartel de Cali en la Florida, los servicios de inteligencia de la DEA sostienen que Eduardo Mestre "está involucrado en el tráfico de narcóticos de Colombia hacia Estados Unidos". En el mismo documento la agencia antidrogas estadounidense consignó la transcripción de una conversación en la que Ackerman le pide a uno de sus asistentes que consigne una suma dé dinero a nombre de Mestre en la cuenta número 3726-502284-71001 de American Express (ver facsímil).

EL TESORO ESCONDIDO
Después de muchos años de aparente inactividad frente al cartel de Cali, las autoridades resolvieron pisar el acelerador y comenzaron a perseguir la estructura de esa organización. Fue así como en febrero del año pasado entró a operar el Bloque de Búsqueda o Comando Especial Conjunto -CEC- en la capital del Valle del Cauca. Se necesitaron cinco meses para que las labores de inteligencia comenzaran a dar frutos.
El 6 de julio agentes del Bloque allanaron en Cali tres residencias de suboficiales retirados del Ejército, que según los indicios trabajaban para el cartel. En las pesquisas los oficiales encontraron una serie de documentos y el que más llamó la atención fue el referente a la empresa de seguridad Hércules. Con esta información un día después el CEC ocupó las oficinas de esa entidad e incautó las actas de la junta directiva. Al revisar y analizar los documentos los investigadores descubrieron un nombre que para ese entonces ya les era familiar: se trataba de Guillermo Pallomari González, un ciudadano chileno que, según las autoridades, vive en Colombia desde hace 20 años y quien en la organización interna del cartel es conocido con el alias de 'Reagan'.
Desde ese momento el nombre de 'Reagan' o de Pallomari se convirtió para el Bloque de Búsqueda y la Fiscalía en la pieza clave para descifrar el manejo de la contabilidad y la gestión de las empresas creadas por el cartel de Cali a fin de canalizar los pagos a sus colaboradores. Por esa razón para el CEC fue un golpe muy importante la captura de Pallomari el 8 de julio del año pasado en su oficina Asesorías Contables y Financieras, situada en la Avenida 4a. No. 6-67 de Cali.
El tesoro de Pallomari estaba escondido en su maletín ejecutivo. En la valija, los oficiales del Bloque encontraron:
La lista de pagos de sobornos a la Policía de Cali, que oscilaban entre 300.000 y un millón de pesos mensuales, según el rango. La nómina estaba conformada por 35 oficiales de alta graduación, 25 suboficiales y 130 agentes.
Los desprendibles de siete cheques de una cuenta del Banco de Colombia, girados así: dos a Eduardo Mestre por cinco millones de pesos cada uno por concepto de 'mensualidad de junio' y 'mensualidad de julio', respectivamente. Otro a Alberto Giraldo, por un valor de 10 millones de pesos. Uno más por 10.567.000 pesos para cancelar la cuenta de la tarjeta Diners de Amparo Arbeláez, esposa de Miguel Rodríguez Orejuela. Otro cheque fue girado por 750 millones de pesos a la empresa Socir S.A., que según el Bloque de Búsqueda pertenece a los Rodríguez. Los dos últimos cheques, por valor de 100 y 200 millones de pesos, respectivamente, fueron girados por el señor Eduardo Gutiérrez por concepto de 'champaña'.
Un rastreo financiero realizado por la Fiscalía durante varios meses arrojó como resultado que los desprendibles de los cheques correspondían en efecto a dineros que ingresaron a las cuentas personales de Mestre y Giraldo. Esta comprobación fue suficiente para que la Fiscalía sustentara la orden de captura firmada el jueves a las 9 de la noche por el fiscal Valdivieso por el presunto delito de enriquecimiento ilícito.

OTRAS PISTAS
En una decisión de la Fiscalía durante la administración de Gustavo de Greiff, que dejó muchas dudas en el Bloque de Búsqueda, Pallomari fue dejado en libertad. Pero en poder de las autoridades quedaron muchas más pistas, las cuales permitieron la localización el 12 de julio del año pasado de Julián Murcillo, otro eslabón importante en la cadena de hallazgos. Según el CEC, este hombre era el representante legal de varias de las empresas de papel de la organización del Valle, entre ellas Celular City, Servitalleres del Valle y Lubricón del Pacífico. Estas empresas funcionaban en la misma oficina del edificio situado en la Avenida 2a. Norte No. 4-38.
De acuerdo con la investigación, Murcillo era además el representante legal de una empresa conocida como Exposal y en cuyos archivos, cuando fue allanada, se encontró la famosa lista de las camisetas. Se trata de un listado que contiene los nombres de numerosos personajes políticos, frente a una columna de cifras que, para ellos son camisetas de propaganda electoral y para la Fiscalía elevadas sumas de dinero. Los políticos resultaron posteriormente vinculados a la investigación por otros indicios que se sumaron al escándalo de las camisetas.
Una cadena de allanamientos del Bloque de Búsqueda llevó a descubrir cinco nuevas empresas de fachada, entre las que están Distribuidora Agrícola la Loma, Comercial Agropecuaria la Estrella, Distribuidora de Productos Agrícolas el Diamante, Socir S.A. e Inversiones Ara. La Fiscalía encontró que coincidencialmente estas empresas fueron creadas al tiempo que empezaron las campañas políticas y cerraron sus puertas cuando terminó la segunda vuelta de la campaña presidencial. Los investigadores, igualmente, comprobaron que estas empresas de papel, establecidas con capitales entre uno y dos millones de pesos, llegaron a realizar transacciones, en un solo día, por más de 4.000 millones de pesos. "Esos grandes movimientos de dinero se presentaron especialmente dos semanas antes de realizarse las elecciones para Congreso y dos semanas antes de la segunda vuelta de la elección presidencial", dijo a SEMANA uno de los investigadores.
En cuanto a Inversiones Ara, la Fiscalía estableció que en los registros de la Cámara de Comercio aparece a nombre de Miguel Rodríguez y su esposa, Amparo Arbeláez. Este hallazgo permitió a los investigadores explorar nuevos rumbos en las pesquisas.
A través de la contabilidad de Inversiones Ara, un equipo de 10 fiscales sin rostro integrado por Valdivieso para agilizar las investigaciones que estaban semiparalizadas en Cali, confirmó que la organización había convertido al Hotel Intercontinental de esa ciudad en una especie de centro de operaciones.
Por esta razón, la comisión especial de fiscales se dio a la tarea de revisar los registros de huéspedes del hotel en el período comprendido entre enero y julio de 1994. Los documentos demostraron para la Fiscalía que algunos políticos tenían cuenta abierta por los servicios de hospedaje, bar y restaurante. Uno de los investigadores comentó que algunos de esos políticos pasaban más tiempo en el Intercontinental que en sus propios feudos electorales. Los gastos de estadía, según la investigación, eran sufragados en su totalidad por Inversiones Ara.
Al analizar toda la información recaudada, la Fiscalía clasificó en tres las contribuciones del cartel de Cali a los políticos: pagos en dinero para la financiación de diferentes rubros de las campañas, beneficios en especie (vallas, camisetas, publicidad, entre otras) y atenciones cuantiosas a través de las sociedades del cartel (hospedaje). Sin individualizar el tipo de contribución que recibieron, la Fiscalía le pidió a la Corte Suprema de Justicia que investigue a los congresistas Alvaro Benedetti, Jaime Lara Arjona, José Guerra de la Espriella, Alberto Santofimio Botero, Armando Holguín Sarria, Ana de Pechtal, Rodrigo Garavito, Yolima Espinosa y María Izquierdo. Estos parlamentarios enfrentan también la posibilidad de perder su investidura.
A pesar de que la Fiscalía no atribuyó cargos en concreto, algunos de los involucrados salieron rápidamente a mostrar comprobantes de pago del Hotel Intercontinental. Blandiendo una tarjeta de crédito de Bancoquia el contralor general, David Turbay Turbay, por ejemplo, apareció en varios noticieros de televisión para negar el supuesto pago de hospedaje. No obstante, SEMANA conoció que la Fiscalía tiene en su poder documentos que demostrarían que Inversiones Ara habría pagado la permanencia del ahora Contralor en el Intercontinental durante los días 15 y 16 de abril de 1994. Por su parte, José Guerra de la Espriella también distribuyó en los medios de comunicación un comprobante de pago de la tarjeta de crédito del Banco Ganadero en el que consta que pagó el hospedaje en el hotel el 19 de abril del año pasado.
Muchas fueron las sorpresas que se llevaron los fiscales encargados de la investigación. Pero ninguna como hallar el nombre de la popular actriz Margarita Rosa de Francisco en una de las facturas de pago de hospedaje en el Hotel Intercontinental por parte de Inversiones Ara.
De acuerdo con los documentos que hoy reposan en el expediente de la Fiscalía, la actriz se alojó a mediados de mayo del año pasado durante tres días en el Intercontinental. Por tal razón fue llamada para que presente una declaración libre y espontánea.
Los investigadores apenas han revisado una parte del voluminoso expediente. Y es posible que se lleven muchas más sorpresas. En palabras del vicefiscal, Alfonso Salamanca, por lo menos otras 100 personas serán vinculadas a la investigación en las próximas dos semanas. La idea es no dejar un solo cabo suelto y, como lo señaló el propio fiscal Alfonso Valdivieso, es imperioso evitar que el dinero del narcotráfico siga pasando de mano en mano.-

"La inteligencia de la DEA refleja que Eduardo Mestre está involucrado en el tráfico de narcóticos desde Colombia hacia Estados Unidos".

JOSE GUERRA DE LA ESPRIELLA: "Según María Izquierdo, mi nombre aparecía vinculado porque presuntamente el cartel de Cali me había pagado una cuenta de hospedaje en esa ciudad. Dicha cuenta la pagué yo de mi bolsillo".

RODRIGO GARAVITO: "Estoy muy complacido de que por fin la Fiscalía decidió cerrar el caso y pasarlo a la Corte Suprema de Justicia, que es la entidad competente para realizar la investigación".

YOLIMA ESPINOSA: "Todo esto se debe investigar. Quienes me conocen saben cúal ha sido mi conducta. Todos los dineros de mi campaña están perfectamente presentados en la Veeduría"

MARIA IZQUIERDO: "Esto no puede seguir así, que por una camisetas nos pongan en la picota pública. Mi campaña fue financiada por mi esposo, que estaba secuestrado, y por dos empresarios honrados de Boyacá, porque aquí no hay carteles".

ALVARO BENEDETTI: "Creo que es necesario que se investiguen todos estos hechos que están diciendo. Mi financiación proviene de gente buena, especialmente profesionales de la salud que hacen parte de mi equipo de trabajo"

ARMANDO HOLGUIN SARRIA: "NO podría existir una cuenta mía pagando un hospedaje en un hotel de Cali. En la etapa final de la campaña se recibieron algunas camisetas, pero la gente se quejó porque estaban en muy mal estado"

ANA GARCIA DE PETCHALT: "El Fiscal está cumpliendo con su obligación. Esta es una investigación preliminar y mi conciencia está tranquila. Estoy dispuesta a dar las explicaciones del caso a la Corte Suprema de Justicia".

DAVID TURBAY TURBAY: "Las cuentas del Hotel Intercontinental de Cali las pagué yo con mi tarjeta de crédito. Mi nombre saldrá limpio de este episodio".
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