El gran chanchullo

 El llamado carrusel de la contratación de Bogotá pasará a la historia como el papá de los escándalos de corrupción en Colombia y, sobre todo, como el que disparó las alarmas sobre la toma del poder por parte de los contratistas a lo largo y ancho del país. Ni el escándalo de Dragacol, que marcó las noticias de 1999 por una conciliación irregular de ‘apenas’ 26.000 millones de pesos, ni tampoco el de Foncolpuertos, que se convirtió en un desangre de 2,3 billones de pesos, tuvieron un impacto tan profundo como las anomalías que se han destapado en los contratos de obras públicas en la capital del país.

En el caso de Bogotá, la justicia ha probado, hasta ahora, graves irregularidades y multimillonarias ‘mordidas’ en tres contratos: dos de mantenimiento de la malla vial, que se adjudicaron por cerca de 200.000 millones de pesos, y uno para la construcción de un tramo de TransMilenio, por más de 400.000 millones. Según las pruebas, por los primeros dos contratos al alcalde Samuel Moreno y a su hermano, el senador Iván Moreno, les habría tocado 10.800 millones de pesos de ‘mordida’ y al entonces contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, 3.500 millones.

Pero lo más grave es que eso es apenas una parte de todo el gran chanchullo. Hay indicios de que el mismo esquema se pudo haber utilizado no solo en muchos otros de los frentes de obra que se abrieron en la administración del alcalde Samuel Moreno –en los cuales se invirtieron 3,6 billones de pesos–, sino también en la construcción de hospitales y en la contratación en los mismos. ¿Hasta dónde llegará la justicia?

El año 2011 fue clave para el destape. Como si fuera una olla a presión, a partir de abril comenzó a salir todo el vapor. Primero, los primos Nule –Manuel, Miguel y Guido–, los contratistas responsables del desfalco, aceptaron regresar al país y ponerse a disposición de la justicia.

Si bien a mediados de 2010 ya se había conocido una explosiva grabación en la cual se contaban detalles de las ‘mordidas’, era crucial para la investigación la llegada de los polémicos contratistas. Sin su testimonio difícilmente se podían armar los expedientes.

Se volvió a repetir la historia de otros sonados escándalos del país en los cuales la prueba clave ha estado en la declaración de alguno de los involucrados. Así ocurrió en el proceso 8,000 cuando Santiago Medina, el tesorero de la campaña de Ernesto Samper, confesó la entrada de plata de narcotraficantes. Y en la yidispolítica, cuando el testimonio de la propia congresista Yidis Medina reveló que la reforma que permitió la reelección de Álvaro Uribe se había logrado con un cohecho.

Por eso cuando los primos Nule aterrizaron en el aeropuerto de Bogotá, las cámaras de televisión los asediaron y comenzaron a escribirse dos capítulos de esta historia. De un lado, ellos venían cargados con toda la artillería para brindar a la justicia la información que tenían sobre las demás fichas del cartel. Al fin y al cabo, los Nule se sentían atrapados y no querían ser los únicos paganinis. Y así ocurrió: tres semanas después, los otros dos grandes protagonistas del escándalo, del lado del Estado, también recibieron su propia dosis: la Procuraduría suspendió a Samuel Moreno de su cargo de alcalde de Bogotá –y desde finales de septiembre está detenido en la Escuela de Carabineros del Parque Nacional– y la Corte Suprema de Justicia mandó a la cárcel a su hermano, el senador Iván Moreno, quien hoy espera en La Picota su juicio.

Y por otro lado, los Nule trajeron con ellos bajo el brazo toda una estrategia jurídica para defenderse: contaban con terminar pagando una pena mínima de prisión. Para lograr ese propósito, de los cinco delitos que la Fiscalía les imputó, solo aceptaron el más grave, que es el de peculado –con el ánimo de que les descontaran pena por haber aceptado el cargo– y se fueron a juicio por los otros cuatro delitos, con la idea de que la fiscal Viviane Morales les concediera el principio de oportunidad según había quedado sugerido en un acta que firmaron a su llegada al país. Al final, según sus cuentas, vendrían otros descuentos por buen comportamiento, y el tiempo neto en prisión podría ser no mayor a tres años y medio.

Después de muchos tropiezos, la semana pasada un juez los condenó por peculado –es decir, por haberse quedado con cerca de 70.000 millones de pesos del anticipo del contrato de TransMilenio– a siete años y medio de prisión. Si bien la condena inicial fue de 15 años, les rebajó la mitad por haber aceptado los cargos. Y después podrán tener nuevas rebajas por su comportamiento en la cárcel. No se descarta que logren entonces pagar tan solo la pena que se han propuesto. La Fiscalía estaba esperando que se diera esta primera condena para ver si les concede el principio de oportunidad por los otros delitos.

Y así, como ellos, otros protagonistas del carrusel también están a la espera de sus respectivos castigos: el excontralor Miguel Ángel Moralesrussi y la directora del IDU para la época de los hechos, Liliana Pardo, estuvieron unos meses en la cárcel pero ahora lograron detención domiciliaria y libertad, respectivamente, y esperan desde sus casas el avance del proceso. El subdirector del IDU Inocencio Meléndez fue el primero en hacer un preacuerdo y se le impuso una condena de siete años de cárcel.

La gran incógnita es qué pasará con los contratistas Julio Gómez y Emilio Tapia, así como con el abogado Álvaro Dávila, quienes, entre otras, cumplían una tarea de intermediarios y en teoría tienen información vital para acabar de destapar el cartel. Por eso, el preacuerdo que hizo Julio Gómez con la justicia, que le garantiza una pena mínima de cárcel y que puede ser imitado por los otros dos, ha levantado tanta ampolla. Los críticos de esa decisión consideran que como el preacuerdo los exime de ir a juicio, así evitan tener que delatar a otros o poner sobre el tapete información aún más comprometedora.

Y así como esta, aún quedan muchas preguntas abiertas en este caso.

Pero más allá de los detalles particulares, cuando se dice que este escándalo es el de mayor calado de todos los que ha tenido el país, es también por los grandes estragos que ha provocado. En Bogotá, por ejemplo, buena parte del caos que se está viviendo en las vías se explica por el desgreño con que se hicieron los contratos para 200 frentes de obras públicas que se abrieron. Por no hablar de cómo se frenó en seco el avance galopante que venía teniendo la ciudad con sus administraciones anteriores.

Para la Fiscalía también ha sido toda una papa caliente. El fiscal encargado del caso, Germán Pabón, fue retirado por la fiscal general, Viviane Morales, decisión que aún no ha sido lo suficientemente explicada. Y como si fuera poco, el caso del carrusel de la contratación ha estado en el centro de otra polémica: la que se ha creado por el matrimonio de la fiscal Morales con el polémico Carlos Alonso Lucio. En su más reciente columna, María Jimena Duzán preguntó: ¿Qué sabe Lucio de las presuntas comisiones de éxito que pagaron a contratistas y a abogados y que fueron denunciadas por los Nule?

Y por último, este caso, por la atención mediática que ha tenido, se convirtió en una especie de punto de quiebre que dejó al descubierto cómo se ha dado la toma del poder por parte de los contratistas en todo el país. Los primos Nule se convirtieron en el paradigma del descalabro: estos tres jóvenes llegaron a acumular más de 160 contratos en todo el país por más de 2 billones de pesos, en un aparente emporio que era, en realidad, apenas una frágil pirámide.

La corrupción ha existido siempre. Pero nunca antes el país había estado tan aterrado como este año por el calibre de los escándalos y el tamaño de la ‘mordida’ de los recursos públicos. Tal vez la gran diferencia es que mientras antes en Colombia se hablaba de personas o funcionarios corruptos, con el cartel de la contratación de Bogotá quedó al descubierto que ya hay una fórmula para saquear de manera sistemática al Estado.