Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 4/23/2011 12:00:00 AM

El gran chicharrón

La entrega de avales es un dolor de cabeza para los partidos políticos, porque están obligados a asumir responsabilidades que no tienen capacidad de cumplir.

La página web del Partido Liberal colapsó el viernes 8 de abril. Fue bloqueada por la avalancha de candidatos que quieren ser avalados por esa colectividad en las próximas elecciones. Llegaron más de 12.000, y como todos los interesados no alcanzaron a inscribirse, el plazo tuvo que ampliarse. Lo mismo ocurrió en el Partido Conservador y en La U. Y luego de los coqueteos de Álvaro Uribe con Enrique Peñalosa, al partido le cayeron decenas de aspirantes al Concejo que quieren entrar a las listas verdes.

Si tradicionalmente un candidato, para ser elegido, tenía que hacer cálculos sobre cómo pescar votos y dónde conseguir dinero, ahora tiene que agregar otro tema clave: quién le da un aval. Hay quienes pagan por él. En la práctica, los candidatos no forman parte de un partido dentro del cual buscan una candidatura, sino se cambian de camiseta según quién los acoja en sus filas.

La nueva reforma política, que alcanzaría a regir para las elecciones de octubre si la Corte Constitucional la aprueba, cambiaría la mecánica del mercado de avales. Por esa razón, los candidatos están haciendo todo lo posible por asegurarse uno desde ahora. La razón es que las nuevas normas castigarían de forma severa la doble militancia y no permitirán los cambios preelectorales de camiseta.

El analista político Juan Fernando Londoño explica que "es una reforma dura que busca fortalecer a los partidos". Y en efecto, es tan dura que establece graves responsabilidades a quienes otorgan los avales. Los partidos que apoyen a candidatos que tengan vínculos con sectores ilegales podrían perder su personería jurídica. Para evitarlo, todos los partidos han diseñado sofisticados formatos y procedimientos que los aspirantes a elección popular deben llenar sobre sus antecedentes.

Pero hay problemas. Los trámites adoptados han generado resistencias internas en varios de ellos. En el Partido Liberal se libra una batalla entre caciques regionales que quieren imponer sus candidatos con la Dirección Nacional, que es la que tiene la última palabra. "Esas decisiones llenan de divisiones al partido, pero la responsabilidad está primero", afirma Rafael Pardo, quien vetó a Roberto Jiménez, hermano del paramilitar alias 'Macaco', para la Alcaldía de Dos quebradas.

Juan Lozano, director de La U, está enfrentando una encrucijada similar. "Mi compromiso es contribuir para que ninguna persona vinculada con organizaciones de narcotráfico, guerrilla o paramilitares reciba nuestro aval. Estoy dispuesto a darme las pelas que sean necesarias", dice. Aunque La U ha definido mecanismos como las consultas internas, encuestas y consensos para definir candidatos, la Dirección Nacional, en últimas, es el filtro final.

El PIN, la Alianza Social Indígena (ASI) y Cambio Radical confían más en los parlamentarios regionales y consideran que ellos conocen mejor a quién se le deben entregar avales. Según Antonio Álvarez, secretario general de Cambio Radical: "Lo democrático son los votos que les han dado a los senadores y representantes. Las consultas internas se utilizan para que los enemigos pongan a votar a gente para que salgan elegidos los candidatos de otros partidos", asegura.

Por el contrario, el Partido Conservador va a apelar al mecanismo de las conultas internas, y el Polo las hace cuando ningún candidato obtiene el 60 por ciento de aprobación por parte de las coordinadoras regionales. "Una consulta tiene más legitimidad, pero tiene el riesgo de que queden elegidos candidatos que después no puedan avalar", dice Juan Fernando Londoño. Por eso, estos partidos tendrán que hacer un doble esfuerzo para asegurarse de que todos los que participen en las consultas puedan recibir el aval si salen elegidos.

Otros partidos más jóvenes, como el Verde y el Movimiento Mira, que son débiles regionalmente, apuestan a la formación de los candidatos y al fortalecimiento interno de su militancia como garantía de que no avalarán a candidatos paracaidistas que creen campañas fachada para lavar dinero. "Este año es como una partida de ajedrez, el que gana es al que menos fichas le metan a la cárcel", dice Carlos Ramón González, director nacional del Partido Verde.

La gran pregunta es si los partidos cuentan con mecanismos y voluntad política para depurar sus listas. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Cepero, les advirtió que tuvieran en cuenta la calidad de los aspirantes a la hora de llenar sus listas y el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, también lanzó su respectiva advertencia en días pasados.

Los jefes de las colectividades políticas están contra las cuerdas. No consideran justo que el gobierno, con mejores instrumentos de investigación, no esté dispuesto a compartir información sobre candidatos riesgosos. La Unidad de Análisis Financiero (UIAF), del Ministerio de Hacienda, anunció el pasado viernes 15 de abril que hará un monitoreo permanente para detectar operaciones financieras sospechosas en las cuentas de campaña de los candidatos, pero dijo que, por tratarse de información reservada, no podrá compartirla con los partidos. "Sería inaceptable que existiendo información de inteligencia que compromete a candidatos el gobierno no la entregue oportunamente", dijo el director de La U, Juan Lozano. El DAS también está exigiendo que los partidos envíen una carta por el candidato sobre el que tengan dudas, pero exige que ese mismo candidato autorice para que revisen sus antecedentes.

Cada partido, dependiendo de su tamaño, está procesando entre 7.000 y 12.000 aspiraciones. Una tarea dispendiosa y casi imposible sin la ayuda del Estado. La nueva ley ha sido bien recibida, porque la feria de avales no podía seguir como venía. Lo que no está claro es en qué porcentaje se va a cumplir.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1842

PORTADA

La voltereta de la Corte con el proceso de Andrade

Los tres delitos por los cuales la Corte Suprema procesaba al senador se esfumaron con la llegada del abogado Gustavo Moreno, hoy ‘ad portas’ de ser extraditado. SEMANA revela la historia secreta de ese reversazo.