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| 4/25/1988 12:00:00 AM

EL GRAN ESCAPE

Dos mil soldados, 3 helicópteros artillados y varios tanques, no pudieron evitar la huída de Pablo Escobar de su finca cerca a Medellín

Cuando los primeros vecinos oyeron el ruido lejano de los helicópteros después de las 5 de la mañana del marte 22 en el sector de El Poblado, al suroriente de Medellín, no se imaginaron que el día que comenzaba sería dificil de olvidar. Al fin y al cabo, por allí pasan los helicópteros que comunican al centro de la ciudad con el aeropuerto Jose María Córdoba y su estruendo se ha vuelto familiar por lo que pensaron que a lo sumo podría tratarse de que habían comenzado a volar más temprano. No era en absoluto una hora decente para despertarse, así que se arrellanaron en sus almohadas dispuestos a sacarle a la madrugada unos momentos más de sueño. Pero cuando los aparatos comenzaron a sobrevolar insistentemente sobre los techos de sus residencias, comprendieron que la cosa se salía de lo normal. Al salir a sus terrazas, se dieron cuenta de que lo que sucedía a su alrededor era una verdadera operación de guerra.
Un contingente estimado entre mil y 2 mil hombres armados hasta los dientes, pertenecientes a los batallones Girardot y Ospina de la Cuarta Brigada, y apoyado por tanques y por 3 helicópteros artillados, se tomó, en el sentido más militar de la expresión, un gran sector de Medellín habitado por gentes de clase predominantemente acomodada. Decenas de camiones repletos de soldados irrumpieron con gran escándalo en los barrios residenciales, y en pocos minutos extendieron un cerco del que era absolutamente imposible salir. La confusión se apoderó del sector, a medida que los soldados, muchos de los cuales fueron vistos avanzando por las calles como si se tratara de un combate casa por casa, establecieron varios retenes y comenzaron a requisar a todos los habitantes, sin discriminación de sexo o edad. Algunos disparos que se escucharon no hicieron otra cosa que aumentar los temores de una población ya suficientemente intimidada.
"Nos trataron a todos como si fuéramos narcotraficantes", dijo a SEMANA un ama de casa del barrio San Lucas. Por el otro lado de la moneda, algunos voceros militares se quejaron de "falta de colaboración de la ciudadanía". Lo cierto es que hubo numerosos allanamientos, y en opinión de los pobladores consultados, las requisas de los automóviles fueron exageradas, al punto que a varios se les rasgó la cojinería.
En medio de esta situación, los niños no pudieron ir a sus colegios, los obreros de la construcción fueron desalojados de sus obras, el aeropuerto José María Córdoba quedó fuera del alcance de los huéspedes del Hotel Intercontinental, y ni los altos ejecutivos del sector privado, ni funcionarios oficiales de la talla del ministro de Educación Antonio Yepes Parra y del director de ISA, Pedro Javier Soto Sierra, pudieron traspasar el cerco. Hacia la una de la tarde, los controles comenzaron a suavizarse, pero aún no había entre la ciudadanía suficiente claridad sobre lo que estaba ocurriendo.
EN BUSCA DEL PEZ GORDO
Solamente al final de la tarde se supo qué había detrás de semejante barahúnda. El brigadier general Jaime Ruiz Barrera expidió un comunicado en el que explicó que el objetivo original de la operación era el desmantelamiento de una "organización subversiva terrorista urbana" que según informaciones supuestamente obtenidas por la inteligencia militar, tenía un centro de entrenamiento en el exclusivo sector. Pero a falta de guerrilleros, el Ejército se topó de manos a boca, con una de las residencias de Pablo Escobar Gaviria, el hombre a quien las autoridades norteamericanas consideran jefe del cartel de la cocaína. Según el mismo comunicado, cuando las tropas se acercaban a la casa-finca, un sofisticado sistema de alarma alertó a Escobar y le dio oportunidad de desaparecer. Atrás quedo detenida su esposa, María Victoria Henao Ballén, y la hermana de esta, Pastora, junto con unas 20 personas, que, según parece pertenecían a los servicios de seguridad personal de Escobar. Pero el pez gordo había huído.
El episodio ocurrió en la finca "El Bizcocho", ubicada al final de la Loma de Los Balsos, en límites con el municipio de Envigado. Allí el sistema de alarma, seguramente accionado desde alguna de las tres garitas de vigilancia que dominan los accesos, tomó de sorpresa a los soldados cuando avanzaban hacia la casa. Según el general Ruiz Barrera, Escobar Gaviria dormía en esos momentos en una cabaña situada en la parte trasera de la propiedad y había tenido que huír apresuradamente en calzoncillos, o "con las ropas en la mano".
En la finca, además de la consabida flota de automóviles lujosos y de un completo arsenal, se encontraron una serie de documentos y grabaciones que, según las autoridades, podrían descubrir las claves de una verdadera red de conexiones del Cartel de Medellín con altos funcionarios del gobierno y la Procuraduría, red que sería coordinada por la persona a nombre de quien figura "El Bizcocho", Gustavo Adolfo Upegui López, a quien la inteligencia militar considera mano derecha de Escobar.
La reacción del Procurador Alfredo Gutiérrez Márquez, ante al anuncio del descubrimiento de esas conexiones, no se hizo esperar. En carta al ministro de Defensa, general Rafael Samudio, Gutiérrez Márquez solicitó que se investiguen las posibles conexiones de algunos funcionarios de la dependencia a su cargo con la mafia, aunque anunció que su propio despacho adelantaría una investigación interna.
Al final de la semana, la liberación de la esposa y la cuñada de Escobar, decretada por un juez militar que consideró que no había ningún mérito para mantenerlas tras las rejas, y la suspensión de los efectos del auto de detención contra Escobar, dictada por el Consejo de Estado, daban a la opinión pública la impresión de que la balanza se inclinaba, de nuevo, a favor del hombre que 24 horas antes, había sido perseguido como pocos colombianos en la historia. En efecto, la sección Primera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Samuel Buitrago Hurtado, dejó sin piso el auto de detención con fines de extradición que el Ministerio de Justicia había dictado el 6 de enero pasado contra Escobar, sobre la base de que no existe tratado de extradición aplicable entre los Estados Unidos y Colombia. El alto tribunal dejó sin piso, así, de un plumazo, la tesis del gobierno de que la Convención Multilateral de Montevideo es la herramienta jurídica idónea para extraditar nacionales a Estados Unidos, y planteó la necesidad de que el Ejecutivo, o bien denuncie (dé por terminado) el tratado bilateral de 1979 -inaplicable en Colombia pero vigente entre los dos países- y así dé paso a la aplicación de la Convención, que sólo puede operar en ausencia de un tratado bilateral, o bien presente al Congreso un nuevo proyecto de ley aprobatorio del tratado de 1979, que supla las anteriores leyes de ratificación, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia. Y como si todo lo anterior fuera poco, el Consejo de Estado, en un fuerte jalón de orejas al gobierno, calificó como una posición "harto vacilante" la asumida por la administración del presidente Virgilio Barco frente a la extradición.

LAS DUDAS
Al final de la semana y cuando ya era evidente que la captura de Escobar había vuelto a ser no sólo un imposible material sino también un imposible jurídico, en círculos generalmente bien informados de Medellín comenzaban a comentarse abiertamente las múltiples dudas que el caso había despertado.
Para empezar, estaba el comunicado de la brigada, que hablaba de que lo que se estaba buscando inicialmente el martes 22 en el sector de El Poblado, era una célula subversiva. Muchos recordaron que algo muy similar había sucedido cuando Carlos Lehder fue capturado a principios de 1986 cerca a la capital antioqueña. "Es raro -dijo a SEMANA un conocido empresario antioqueño. Es como si siempre trataran de pedir excusas por haber intentado detener a uno de estos mágicos, explicando que la cosa pasó por pura casualidad". Claro que hubo en Medellín la semana pasada, un rumor que podría confirmar lo dicho por la brigada y según el cual, el Comando Superior del M-19 se encontraba en la capital antioqueña. Pero de cualquier modo, como lo aceptó un alto funcionario del gobierno que conversó el viernés con SEMANA, "si bien es posible que hubiera algo de verdad en lo de la célula subversiva, lo cierto, lo único realmente cierto de todo, es que nadie se lo creyó".
Pero lo que también resultaba difícil de creer, debido a que los colombianos no están acostumbrados a que las autoridades persigan en forma tan agresiva a los principales sindicados de narcotráfico, era que se hubiera desatado semejante operativo de cerca de 12 horas, para detener a Pablo Escobar. "Para nosotros -dijo a esta revista un joven dirigente antioqueño- fue una verdadera sorpresa que de pronto, a la brigada le hubiera dado por cumplir con su deber. Claro que si se decidieron a hacerlo, bienvenidos sean". Esto llevó a muchos a pensar que podía haber una segunda intención detrás del operativo contra Escobar. Pero, ¿cuál? Se especuló mucho. Se habló, como siempre, de un soplón enemigo de Escobar. Se dijo que esto es una prueba más de la presencia de agentes de la DEA en Medellín, de la que se viene hablando hace meses. Se aseguró, en fin, que por alguna razón misteriosa, el andamiaje de impunidad montado alrededor de Escobar, se había venido al suelo.
Sin embargo, más allá de todas estas teorías, era necesario poner en orden las cosas que sí parecían claras. Para empezar, que -como lo pudo confirmar SEMANA con fuentes del gobierno en Bogotá- el operativo, independientemente de los motivos que lo hayan originado, se convirtió rápidamente en una maniobra para capturar a Escobar. Y esto, según las mismas fuentes, puede tener una explicación en lo sucedido hace cuatro semanas, cuando un comando aparentemente enviado por Escobar se robó una avioneta Turbo Commander de la plataforma del terminal militar de CATAM en el aeropuerto Eldorado de Bogotá. "Cuando eso sucedió -contó un miembro del gabinete ministerial- es evidente que los militares se sintieron agraviados muy particularmente. Sintieron que les habían salpicado el uniforme y que la mafia los estaba retando con semejante cachetada".
El otro punto que se había convertido en caldo de cultivo de todo tipo de especulaciones, era el referente a la información recogida por la brigada en el allanamiento a "El Bizcocho". Específicamente, se habló de una serie de cassettes marcados con lo que se interpretó como las iniciales de los nombres de algunos abogados y constructores de la capital paisa. No está claro si se trata de grabaciones que Escobar hacía de sus conversaciones con esas personas, o de que él interceptaba y grababa las conversaciones de esas personas con terceros. En fin mientras esto no quede claro y mientras no se conozca el contenido de los cassettes, nada se podrá determinar.
Terminada la semana, el balance tenía que hacerse desde más de una óptica. Por una parte, el gobierno perdió la que había sido quizá la mejor oportunidad que había tenido nunca de capturar a Escobar. Pero por otra, teniendo en cuenta que el fallo del Consejo de Estado del miércoles 23 habría determinado en pocos días la liberación de Escobar si éste hubiera sido detenido, el gobierno se libró de protagonizar uno de los ridículos nacionales e internacionales más grandes de la historia de la lucha contra el narcotráfico.
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