El gran garrote

Despues del famoso discurso del presidente George W. Bush para anunciar el inicio de la nueva cruzada contra el terrorismo a nadie le quedó duda de que ésta tendría su coletazo en Colombia. Lo que pocos pensaron es que se sentiría tan pronto. Los discursos de la embajadora Anne Patterson la semana pasada confirmaron que la lucha mundial antiterrorista de Estados Unidos tiene dientes y que los mostrará cada vez más en Colombia.

El miércoles, en el Primer Congreso Panamericano sobre Control y Prevención del Lavado de Activos en Cartagena, la embajadora dijo que Estados Unidos “quiere enjuiciar a los miembros de los tres grupos (AUC, Farc y ELN) que están involucrados en narcotráfico y lavado de dinero y buscará su extradición”. Y el jueves, ante la reunión anual de Fenalco, fue un paso más adelante.

Patterson reiteró que el ambiente de las relaciones bilaterales cambió con la destrucción las Torres Gemelas. “Los ataques terroristas del 11 de septiembre enfocaron nuestra atención en los nexos de la violencia internacional, que incluyen el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero y el crimen organizado”, agregó. Comparó a Osama Ben Laden y al régimen Talibán con los tres grupos armados colombianos, a los que tildó de narcotraficantes por segundo día consecutivo. Y esbozó cómo el nuevo enfoque contra el terrorismo afectará las relaciones de su país con Colombia. “El Plan Colombia sigue siendo la estrategia antiterrorista más efectiva que podríamos diseñar, explicó. El Plan Colombia privará a la guerrilla y a las autodefensas de los grandes recursos del narcotráfico”.

Estas declaraciones de la embajadora, que han generado tanto revuelo como en su época las del entonces embajador Myles Frechette, fueron percibidas por la opinión pública como la estocada final que le hacía falta al agonizante proceso con las Farc. Sin embargo, dado que a éste aún no se le ha levantado acta de defunción y que hasta la fecha el gobierno colombiano ha tratado a las Farc más como una organización insurgente con fines políticos que como una organización terrorista, surge la duda de cuál será el verdadero alcance de este viraje en la posición de Estados Unidos.

La era pos Osama

Tras el ataque a las Torres Gemelas el paradigma de la lucha contra el terrorismo cambió. Estados Unidos encabeza ahora una campaña contra los terroristas, a quienes definió como “enemigos del mundo civilizado”, y la comunidad internacional le ha ofrecido su apoyo.

Para firmar la resolución 1373 del Consejo de Seguridad, tres semanas después del ataque a Nueva York, los países miembros ni siquiera intentaron ponerse de acuerdo en una definición de terrorismo. Cuando se la preguntaron al embajador británico Jeremy Greenstock, él contestó con un sarcasmo muy inglés: “Lo que parece terrorismo, lo que huele a terrorismo, lo que mata como terrorismo, es terrorismo”. En otras palabras, después del 11 de septiembre terrorista es aquel que otros definen como tal y, para ser más exactos, aquel que Estados Unidos defina como terrorista.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, utiliza tres criterios para incluir un grupo en su lista de terroristas: que sea extranjero, que esté involucrado en actividades terroristas y que amenace la seguridad de ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional de Estados Unidos. Y define como actividad terrorista cualquier acción que sea ilegal en el país en el que se comete y que involucre el secuestro de un vehículo o avión, la amenaza o retención de un individuo para obtener una recompensa, el asesinato o el uso de armas biológicas, nucleares o explosivas con la intención de poner en peligro la seguridad de un individuo o de causar daño sustancial a una propiedad.

Como las Farc no sólo han secuestrado estadounidenses y volado oleoductos de firmas norteamericanas, sino también han asesinado a ciudadanos de ese país, son consideradas una organización terrorista por Estados Unidos.

Con esa nueva posición de Estados Unidos muchos colombianos fantasean con que los marines desembarcarán en Colombia para combatir a tres de los grupos terroristas que tiene en su lista negra: las Farc, el ELN y los paramilitares. Otros consideran que bajo los escombros de las Torres Gemelas quedó la esperanza de llevar a un buen término el proceso de paz con la guerrilla colombiana. Mientras que unos más optimistas, entre quienes hay altos funcionarios del gobierno, consideran que no ha habido un mejor momento en la negociación pues toda la presión internacional y el endurecimiento de la opinión pública llevarán a las Farc a comprometerse seriamente con una negociación. ¿Quién de todos tiene razón?

Entre Ben Laden y ‘Jojoy’

La actitud de Washington frente a la negociación con las Farc estará desde ahora atravesada por los eventos del 11 de septiembre, como lo dejó muy claro la embajadora en sus discursos. Pero eso no significa que Estados Unidos bombardeará al Caguán ni que desembarcará en las costas colombianas. En lo único en que coinciden todos los observadores políticos calificados es en que no hay ninguna posibilidad de tropas norteamericanas en suelo colombiano combatiendo a la guerrilla. La intervención, por lo tanto, no será directa sino indirecta.

El primer efecto concreto es que se utilizará el Plan Colombia para luchar contra la guerrilla. Hasta hace poco tiempo se intentaba hacer una diferenciación entre guerrilla y narcotráfico en relación con el uso permitido de los helicópteros artillados del Plan Colombia. Muchos congresistas norteamericanos y ONG ponían el grito en el cielo con la denuncia de que era necesario limitar el uso de ese armamento a combatir el narcotráfico. Pero alertaban que era imperativo no permitir que su uso se desviara hacia la guerrilla.

Eso en la práctica era un imposible porque las Farc controlan zonas inmensas de cultivos de coca y no se podía llegar a éstos sin enfrentarse con sus efectivos. Era en cierta forma algo como tratar de capturar a Osama Ben Laden sin encontrarse con los Talibán.

Con su discurso la embajadora norteamericana borró de un tajo la diferencia existente hasta ahora entre la lucha antinarcóticos y la antiinsurgente. Textualmente afirmó: “En el Putumayo, mientras más sabemos sobre la situación es más claro que las Farc son una organización narcotraficante nada más”. Con frases como éstas el general Fernando Tapias tiene manos libres para utilizar los helicópteros Black Hawk a su discreción.

El segundo efecto concreto tiene que ver con la zona de distensión. La resolución del Consejo de Seguridad, que fue firmada por Colombia, exige a los gobiernos “denegar refugio a quienes financian, planifican o cometen actos de terrorismo, o prestan apoyo a esos actos, o proporcionan refugios”. Bajo esa óptica y tras ser comprobada la presencia de tres militantes del Ejército Revolucionario Irlandés (IRA) en el Caguán y viajes de otros extranjeros a la zona en los últimos tres años, es claro que al gobierno le quedaría muy difícil explicarle a la comunidad internacional el retiro de los controles que le impuso al despeje al prorrogarlo el pasado 7 de octubre, y que han puesto las negociaciones en vilo. “Mi gobierno está bastante preocupado por el uso de la zona de distensión como base para actos terroristas, dijo la embajadora Patterson en su discurso ante Fenalco. Por esa razón aplaudimos y apoyamos al presidente Pastrana por la ejecución de mejores controles en la zona de despeje”.

Esa posición norteamericana tiene por objeto apretar las tuercas y aumentar la presión para una salida política. Sin embargo no es seguro que funcione. El comunicado de las Farc al cierre de esta edición deja claro que ‘Tirofijo’ y sus hombres no son muy susceptibles a este tipo de presiones. Responsabilizaron en forma concreta al Presidente de la República por cualquier fracaso del proceso de paz y no dejaron ninguna puerta abierta para su continuación. Muchos observadores coinciden en que este es el momento más crítico que ha atravesado hasta ahora el proceso de paz.

El apoyo del resto de la comunidad internacional al proceso también se replantea. La Unión Europea definirá en las próximas semanas su lista de terroristas, en la cual casi con seguridad aparecerán las Farc y las AUC. Y la OEA está elaborando una Convención Interamericana contra el Terrorismo, que sería aprobada en la próxima asamblea de junio en Barbados, y que dificultará aún más las relaciones ‘diplomáticas’ de los países del continente con grupos como las Farc.

El viraje de la Unión Europea frente al proceso de paz se produjo por dos causas diferentes. Por un lado, el secuestro de los tres alemanes, que fue considerado una bofetada ante la actitud constructiva que los países miembros estaban mostrando hacia el proceso de paz. Esta actitud llegaba a tal punto que se comenzaba a discutir la posibilidad de que la Unión financiara el mantenimiento de la guerrilla durante una tregua. Y, por el otro, la confirmación de que tres terroristas irlandeses del IRA habían estado en la zona de distensión en actividades de entrenamiento despejó cualquier duda sobre los nexos de las Farc con el terrorismo internacional.

Y esa nueva actitud frente al terrorismo, liderada por Estados Unidos, no se limita a la Unión Europea sino que se extiende a los propios países latinoamericanos. De hecho, México ya comienza a cuestionar la presencia de representantes de las Farc en su territorio y el presidente venezolano Hugo Chávez, de quien se dice en su país que tiene afinidades con la guerrilla colombiana, está marcando distancias con estos grupos subversivos.

En medio de este nuevo ambiente político van a tener lugar cambios en las interpretaciones jurídicas. El concepto de delito político será cada vez más estrecho. “El secuestro sería excluido de esa figura y por lo tanto no será amnistiable, dice Humberto de la Calle, embajador de Colombia ante la OEA. Los tribunales internacionales terminarán ocupándose de este tipo de organizaciones más temprano que tarde y se les abrirá el paso a las extradiciones”, agrega.

Este punto de la extradición, sin embargo, va a ser una piedra en el zapato. Las declaraciones de la embajadora Patterson sobre ese aspecto no fueron muy bien recibidas. Voces calificadas, como las del ex presidente Alfonso López, la de Carlos Lemos y la del ministro de Justicia, Rómulo González, así como las de casi todos los precandicatos presidenciales, se manifestaron en contra. El argumento central fue que un proceso de paz no podía ser viable si el interlocutor está en peligro de ser extraditado en un Hércules a Estados Unidos durante la negociación. Igualmente se afirmó que el terrorismo cometido en Colombia no podía ser objeto de extradición y que, en términos generales, ese tema le pertenece a los estrados judiciales y no a los diplomáticos.

“Podría echar por la borda el proceso de paz si es capturado un dirigente de las Farc y es pedido en extradición”, afirma Alfredo Rangel, quien recuerda que la guerrilla le ha solicitado al Presidente abolir la extradición. Pero más grave aún, dice, es que la extradición podría desestimular la firma de un acuerdo de paz, que en todo caso supondrá una amnistía o indulto. “Si ese riesgo de extradición posterior a la amnistía no desaparece la firma de un acuerdo es imposible”, puntualiza.

Aunque todo lo anterior complica el panorama, también es cierto que así se determine que las Farc son terroristas se puede negociar con ellas. El primer ministro británico Tony Blair, que encabeza con Bush la cruzada antiterrorismo, negocia con el IRA.

Por eso algunos piensan que el endurecimiento de la comunidad internacional frente a organizaciones que cometen actos de terrorismo presionará a la guerrilla a negociar, como seguramente llevó al grupo irlandés a tomar la decisión de desarmarse (ver artículo en la sección Mundo). Sin embargo, como se anotó anteriormente, es poco probable que las Farc sigan el ejemplo del IRA en su ofrecimiento de deponer las armas como consecuencia de la nueva situación internacional creada por los hechos del 11 de septiembre.

A pesar del entusiasmo de buena parte de la clase dirigente colombiana por la nueva línea dura del Tío Sam no es seguro que ésta no vaya a crearle problemas adicionales a la compleja situación colombiana. Todo el proceso estaba estructurado sobre la idea de que las Farc le tienen más miedo a la paz que a la guerra y que, por ende, había que diseñar un mecanismo para que éstas ganaran confianza en su habilidad de hacer política por la vía democrática sin necesidad de las armas. Por eso la importancia que se le dio a las audiencias públicas y la decisión de comenzar hablando de empleo como una forma de que la guerrilla pudiera ganar cierta legitimidad frente a la población enarbolando banderas sociales. Al calificar a las Farc de terroristas lo que se hace es quitarle el carácter político a la negociación, lo que va precisamente en contravía de la estrategia de paz que se había planteado el gobierno de Pastrana desde el inicio.

Una consecuencia inmediata a nivel interno del nuevo espíritu internacional desencadenado el 11 de septiembre es el proyecto de ley antiterrorismo que acaba de producir el Ministerio de Defensa (ver recuadro). De ser aprobado en su texto original dificultaría aún más la negociación con las Farc. Este borrador, como la iniciativa de la Comisión de Televisión que busca establecer controles a los medios de comunicación (ver Punto de Vista), tiene otros peligros.

El proyecto del Ministerio de Defensa parecería revivir el Estado de sitio del artículo 121 de la Constitución de 1886, cuya abolición en la Asamblea Constituyente fue aplaudida por todos los defensores de derechos humanos como uno de sus grandes logros. No es lo mismo crear una legislación de excepción que limita las libertades individuales en países con un sistema judicial sólido como Estados Unidos que hacerlo en un país como Colombia, donde ya abundan los casos de violaciones de derechos humanos por funcionarios oficiales. Como dijo la relatora de las Naciones Unidas Kalliopi K. Koufa en su informe sobre terrorismo y derechos humanos presentado en agosto pasado, es clave que “en la lucha antiterrorista los gobiernos se cuiden de volverse ellos mismos terroristas”.

El futuro no es claro. Aun bajo el nuevo contexto internacional la negociación es todavía posible y seguramente se mantendrá, aunque el reloj marcha ahora al ritmo de Washington y no al compás de San Vicente del Caguán. Las iniciativas de la sociedad civil pueden ayudar a reactivar el proceso de paz. Aunque, como dijo el canciller, Guillermo Fernández de Soto, en el mismo foro de Fenalco, “la palabra la tienen ahora los diferentes actores del conflicto para que definan sus opciones frente al espacio que les ofrece la historia”.