El hacker, clave en el caso de Gustavo Petro

“Cuando destituyeron a Petro y se estaba hablando de hacer una revocatoria, yo creé una estrategia apoyada por el Centro Democrático y por el equipo del procurador o la gente cercana a él, en la que el objetivo era hacer una campaña de desprestigio contra Petro. Yo redacté el documento. Yo tenía el respaldo de la gente de la Procuraduría (…) La manera de amarrarme con eso fue que me dijeron si hace una buena estrategia, le podemos hacer algo de las elecciones. Cuando se entrega eso, yo le hice saber al procurador que yo era el de la estrategia”.

Esas palabras, entregadas por el denominado hacker Andrés Sepúlveda a SEMANA el 22 de agosto pasado, sirvieron de punta de lanza para que el alcalde Gustavo Petro y sus abogados aleguen una campaña de desprestigio en su contra que salió de las entrañas de la Procuraduría, que a su vez fue juez natural del alcalde en el proceso que lo destituyó a 15 años por el tema de las basuras.

Lo hicieron en la primera audiencia que dio inicio formal al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en el Consejo de Estado, con el que se busca echar para abajo la drástica sanción disciplinaria que el Ministerio Público le impuso al mandatario.

Ante el magistrado Gerardo Arenas, el representante del alcalde, Héctor Carvajal, mostró sus cartas para solicitar la anulación del fallo. En primer término, el abogado cuestionó la competencia de la Sala Disciplinaria de la Procuraduría –despacho que sancionó al alcalde-. Según Carvajal, sólo el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, podía llevar el proceso.

El jurista insistió en que Petro no tuvo intención de afectar el sistema de recolección de basuras con la implementación de un esquema distinto del que estaba cuando llegó al cargo. Indicó el jurista que su cliente actuó de acuerdo con la Constitución y a la ley en el momento de incluir a los recicladores en el nuevo modelo de basuras –como ordenaba un fallo- y en la decisión de cambiar la contratación con los operadores privados.

Pero esos puntos eran apenas lógicos en la defensa del alcalde. Lo que no estaba en las cuentas de algunos de los asistentes a la audiencia era que el abogado solicitara el testimonio del hacker Andrés Sepúlveda por una indebida presión por parte del Ministerio Público a su cliente.

“Solicitó que sea tenido en cuenta el testimonio del señor Andrés Sepúlveda, puesto que en una publicación de la revista SEMANA, el señor señala que varios funcionarios de la Procuraduría gestaron una campaña de desprestigio contra el alcalde mayor de Bogotá”, dijo el jurista.

A su turno, el abogado de la Procuraduría, Manuel Marín, se opuso tajantemente al uso del testimonio del hacker. Argumentó que se trata de una prueba extemporánea que no guarda relación con el proceso puesto que los hechos revelados por el señor Sepúlveda son objeto de análisis por parte de la Fiscalía y carecen de importancia en este caso.

El magistrado Arenas escuchó a las partes y decretó de oficio los testimonios del controvertido contratista Emilio Tapia y el abogado Manuel Sánchez, para que declaren bajo juramento la presunta existencia de un complot contra el alcalde mayor, Gustavo Petro, por parte de los operadores privados de aseo.

El magistrado dejó para el próximo 5 de noviembre la definición sobre cuáles pruebas se tendrán en cuenta y si avala o no el testimonio del hacker Sepúlveda.