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| 4/21/2012 12:00:00 AM

“El ICBF está amenazado”

Diego Molano, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, habla de los problemas que tiene la entidad en el centro de debates políticos, investigaciones y críticas, pero también habla de carteles, adopción y el uso de drogas en menores.

SEMANA: ¿Qué está pasando en el ICBF para que una entidad que está en el corazón de los colombianos, ahora esté en la mira de la Contraloría, de la Procuraduría, de los políticos; se cuestionen sus programas de adopción o alimentación, y hasta le estén pidiendo su renuncia?

DIEGO MOLANO:
Hay problemas estructurales y coyunturales, pero también grandes intereses. Claro que detrás del discurso de la defensa de los niños que algunos esgrimen se esconden otros intereses: disputas políticas regionales, electorales, licitaciones y contratación de alimentos. Nosotros estamos transformando esa entidad, pero estamos en un punto de inflexión en el que la sociedad debe decidir si quiere una institución pública ejemplar que garantice los derechos de las familias y los niños colombianos o no.

SEMANA: ¿Pero hay problemas reales?

D.M.:
Hay serios problemas en sus procesos de contratación, administración y supervisión muy delicados, tal y como lo establecieron la Contraloría y la Procuraduría en sus investigaciones y que han tenido consecuencias. Por fortuna, tenemos una institucionalidad y un equipo de funcionarios excepcional. La situación es que modernizamos y transformamos al ICBF para que asuma los retos que el país de ahora le impone o está condenado a desaparecer.

SEMANA: ¿Algunos dicen que haber incluido al ICBF dentro del Departamento de la Prosperidad Social perdió el norte?

D.M.:
No. Por el contrario, va a tener mayor relevancia lo que hacemos, va a darle mayor atención a la niñez, la adolescencia y la familia, y va a ser el eje de ese departamento.

SEMANA: ¿Por qué dejaron a 700.000 niños sin alimentación?

D.M.:
Para entender las polémicas y debates que se han armado es necesario entender lo que hemos hecho. Desde que llegué, el 8 de noviembre, hemos seguido con todos los 35 programas que tiene el ICBF, pero con mejores esquemas de contratación. Hoy tenemos 5,2 millones de niños atendidos, el 55 por ciento del presupuesto de 2012 contratado y 1,6 millones de niños en nuestros hogares comunitarios. Los problemas se han presentado en dos frentes específicos.

SEMANA: ¿Cuáles?

D.M.:
Uno, de leche y galletas,? que es un programa de complemento alimentario para niños de 0 a 5 años. Tuvimos problemas para comprar la leche por culpa de la ola invernal. Esto hizo que este año el programa se suspendiera, pero ya está subsanado. Lo importante es que vamos a garantizar los 180 días este año a los niños que lo reciben.

SEMANA: ¿Y la comida de los ancianos?

D.M.:
Cuando llegué, este programa estaba parado porque no tenía financiación a largo plazo y porque los operadores estaban siendo investigados. Ahora tenemos 540.000 protegidos con bonos de mercado, que son financiados con el Fondo de Solidaridad Pensional, y la idea es que los 800.000 que ayudamos, queden protegidos. Es un tema que estamos solucionando.

SEMANA: ¿Hay una mafia en el suministro de alimentos?

D.M.:
Hay un cartel de la alimentación, no solo en el Bienestar Familiar sino en diferentes ciudades. Por ejemplo, en una licitación vemos que se ponen de acuerdo para que se presente un solo proponente o en otras casi que señalan al ganador. Estamos haciendo procesos claros, objetivos, y eso implica cambios, como los que nos sugirieron la Contraloría y la Procuraduría, y que hemos acogido, como disminuir el número de zonas o buscar que haya operadores locales, y no como se ve hoy, que empresas de la costa atienden los hogares de Boyacá.

SEMANA: ¿Qué está pasando con las adopciones de niños en Colombia?

D.M.:
Esta es una buena oportunidad para que el país piense y defienda la adopción como una medida importante que permite reconstruir la vida y los derechos de los niños, lo que no significa que no podamos perfeccionar nuestros procedimientos o procesos. Por ejemplo, debemos adoptar lo aprobado en convenciones internacionales, como la de La Haya, o la relación que tiene el ICBF con las entidades particulares de adopción.

SEMANA: ¿No le preocupa la serie de denuncias que 'Séptimo Día' ha hecho sobre el tema?

D.M.:
Lo que me preocupa es que está promoviendo una visión de que en Colombia no debería haber adopciones. Debido a la obligación que nos impone la ley de guardar la reserva, no le hemos podido responder, pero sería bueno que se supiera cuál era la radiografía de esas familias cuando el ICBF intervino para proteger a los menores.

SEMANA: Pero lo que está en duda es si estos niños fueron arrebatados de sus padres para darlos en adopción.

D.M.:
Entre 2002 y 2011 el país dio 25.988 niños en adopción, y los casos en duda son mínimos. Por unos pocos casos se está condenando a los 1.080 defensores de familia y cientos de empleados que a diario se juegan su vida protegiendo los derechos de los niños.

SEMANA: ¿Pero qué ha hecho para subsanar cualquier error?

D.M.:
Rediseñamos todo el protocolo de adopción, desde que el niño llega a nuestras manos hasta que se da en adopción, para que haya un debido proceso y no se presente ninguna violación a los derechos del menor o de sus padres. Incluso, acabamos de firmar un acuerdo con Unicef para revisar todos nuestros programas y labores. Pero lo que no se puede permitir es que algunos padres nos dejen a sus niños tirados, porque tienen algún problema, y dos o tres años después vengan por él. En estos casos, y que los padres queden notificados, el Estado tiene que actuar para proteger al menor.

SEMANA: ¿Qué opina de que algunas casas privadas de adopción pidan donaciones?

D.M.:
No estamos cuestionando el papel ni la labor que realizan las casas privadas, pero nos preocupa el manejo de esas donaciones. Los servicios legales de una adopción son públicos, pero la convención de La Haya recomienda que las donaciones vayan a un fondo común. Eso sería lo ideal, que todo vaya a una sola cuenta, administrada o supervisada por el ICBF, y de la cual se financie a las casas privadas de adopción.

SEMANA: ¿Cuántos menores tiene hoy el ICBF a su cargo?

D.M.:
Hay tres cifras. La primera, es que tenemos 61.000 menores en protección. La segunda, es que hay 10.000 niños que están creciendo entre nuestros hogares y que están en proceso de adoptabilidad, y la otra, es que de esos menores, tenemos 8.600 niños de difícil adopción, porque tienen más de 7 años o tienen alguna discapacidad. El año pasado se dieron en adopción 2.700 niños, de los cuales el 55 por ciento fueron recibidos por parejas foráneas y el 45 por parejas colombianas.

SEMANA: ¿Pero la ley no dice que se debe preferir a los adoptantes colombianos?

D.M.:
Así es. Pero mire: desde 2006 los colombianos han adoptado 422 niños en situación de difícil adopción frente a 4.617 familias extranjeras que no les importa recibir un hijo de 8, 9 o 12 años o con alguna discapacidad. Es contradictorio que mientras los colombianos aceptan a sus hijos naturales como son, a la hora de adoptar, parecieran buscarlos a la carta.

SEMANA: ¿Qué es lo que más le preocupa de la niñez del país?

D.M.:
Varias cosas. El país tiene muy abandonada la protección y cobertura de los niños de 7 a 17 años. En este grupo es donde estamos teniendo problemas de embarazos en adolescentes, reclutamiento forzado, trabajo infantil, consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Estamos diseñando un programa para trabajar en 400 municipios.

SEMANA: ¿Cuál es la mayor amenaza de nuestros niños?

D.M.:
Las drogas. Los niños están comenzando a los 9 y 10 años a consumir drogas y son policonsumidores. Es decir, consumen a la vez bazuco, coca, marihuana y drogas químicas, como el 'Dish', un químico que se usa para limpiar CD y computadores, que se lo ponen en la mano y lo inhalan en el día, y toman alcohol. A esto se suma que el uso de estas sustancias también está relacionado con la sexualidad, que está comenzando a los 12 años. Muchos niños están buscando placer en las dos cosas: si hay plata, drogas y alcohol, y si no, en el sexo. Por eso debemos desarrollar una política urgente para este grupo.

SEMANA: De las nuevas responsabilidades que tiene el ICBF, ¿cuál es la que más le preocupa?

D.M.:
Las 11 tareas que nos puso la Ley de Víctimas. En los últimos diez años murieron 465 niños en más de 200 masacres, hay 1.500.000 menores víctimas del desplazamiento, 900 niños víctimas de minas antipersona, 4.600 niños desvinculados de los grupos armados. Hay una tarea enorme por delante.

SEMANA: Usted ha tenido roces o problemas en el pasado con personas que hoy exigen su dimisión, como los senadores Juan Lozano o Alexánder López.

D.M.:
No he tenido problemas con ningún político ni partido. No sé si en el desempeño de mis actividades se han afectado las relaciones de ellos conmigo. El ICBF debe cambiar la vida de los niños y jóvenes en todos los rincones del país, sin negociar sus principios.

SEMANA: ¿Usted va a renunciar?

D.M.:
El ICBF es uno de los retos personales y profesionales más importantes que he tenido en mi vida y estoy decidido a cumplir con el mandato que recibí. La decisión de si debo estar en este cargo es del presidente de la república.
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