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| 11/3/2012 12:00:00 AM

El Incoder: con camisa de fuerza

El Incoder, que debe ser motor de la revolución de tierras que propone el gobierno, está en riesgo de parálisis por pleitos que heredó, líos con otras entidades y enemigos internos que se resisten a salir.

Miriam Villegas lleva tan solo seis meses como directora del Incoder y ya está agobiada. Reemplazó a Juan Manuel Ospina, quien salió a finales de marzo, en medio de críticas porque no había puesto a marchar al instituto al ritmo que se necesita y tampoco había logrado descifrar muchos de los problemas internos. A pesar de la gran voluntad que la asiste, la nueva directora no solo no ha podido quitarle la camisa de fuerza que tiene puesta la entidad desde hace años, sino que ahora, de todos lados, le están apretando más fuerte las amarras. La situación llega a ser tan difícil que vale la pena preguntar ¿qué tan viable es en realidad esta entidad clave para el desarrollo agrario del país y para definir a quién le pertenece la tierra?

Una de las formas como están paralizando al Incoder es a través de demandas y pleitos judiciales. Y no son propiamente pleitos sencillos. La entidad tiene en estos momentos más de 90 casos críticos que vienen de muchos años atrás y consumen parte importante de sus recursos. Entre ellos está el caso de El Prado, un predio en la Jagua de Ibirico, en el Cesar, que el Incora (hoy Incoder) destinó en 1996 para 149 familias que llegaron deportadas de Venezuela. Esas tierras colindan con la mina de Calenturitas que explota hoy la multinacional Prodeco.

En 2007, por sugerencia del gobierno Uribe, Prodeco adquirió esas tierras para controlar el impacto ambiental. Y para eso, por un lado les pagó a los ocupantes del momento (que ya no eran los que habían ocupado las tierras en 1996, sino otros) las mejoras y le pagó las tierras al Incoder que nunca había dejado de ser el verdadero dueño. Se dieron dos problemas. El primero, porque luego regresaron los primeros ocupantes y dijeron que a ellos los habían desplazado de esas tierras. La Fiscalía está investigando si en efecto los segundos ocupantes -los que recibieron el pago por las mejoras- eran testaferros de paramilitares. Y el segundo problema es que, con la plata que Prodeco pagó por esas tierras (que en realidad la puso en una fiducia para que el Incoder comprara otras), un director regional del Incoder de entonces, que hoy está preso por paramilitarismo, compró tierras inservibles en otras partes del país.

El procedimiento del Incoder de la época, así como el tipo de contrato que hizo con Prodeco para venderle la tierra deja, por decir lo menos, muchos interrogantes abiertos. La situación hoy se resume en que, por un lado, Prodeco se quedó sin la tierra del Prado, que están en discusión, y sin la plata que pagó por ella. Le está reclamando el dinero al Incoder, y de hecho anunció que demandará, pero este no tiene cómo devolvérselo. Y por el otro, los primeros ocupantes también demandaron, un juez falló y ordenó al Incoder entregarles las tierras o pagarles 25.000 millones de pesos. Pero como el Incoder no es el dueño ya de las tierras tendría que desembolsar esa suma y la directora Miriam Villegas no lo ha hecho porque considera que incurriría en prevaricato. Ya no tiene prácticamente ninguna instancia judicial a la cual recurrir para resolver ese enredo y podría terminar en la cárcel por los errores de quienes la precedieron en el cargo.

Pero este no es el único caso en el que Miriam Villegas parece tener una camisa de fuerza. Tanto ella, como la subgerente de tierras, Jennifer Mojica, y hasta el mismo ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, han sido recusados para participar en otro difícil proceso de recuperación de tierras, el caso de Las Pavas. Según los empresarios afectados con la decisión del Incoder, los tres funcionarios conocían el caso de antemano, y con la recusación les atan las manos para actuar. El Incoder entonces está esperando a que se cumpla el término del debido proceso para empezar la tan anunciada extinción de dominio de estos predios.

Otro caso emblemático que han logrado frenar a punta de tutelas es el de las tierras del Vichada, asignadas a testaferros del excongresista investigado por vínculos con paramilitares, Habib Merheg, que SEMANA denunció en 2007. Un año después de la denuncia, el Incoder empezó un proceso para revocar los títulos de esos predios, pero solo dos años después ordenó a los ocupantes salir de esas tierras. Antes, el Consejo de Estado debía certificar que no había ninguna demanda de revisión de los afectados y solo dio su visto bueno en 2011. Finalmente, este año se dio la orden definitiva de desalojo a los ocupantes pero estos lograron que un juez del Tribunal Promiscuo de Puerto Carreño fallara a su favor unas tutelas, y con eso, frenaron el proceso. Ahora, el Incoder tiene que esperar a que la Corte Constitucional revise esa tutela y determine si un juez local tiene competencia para bloquear la orden de un ente nacional. Mientras tanto, la Fiscalía investiga a los ocupantes, a los jueces, y a los funcionarios del Estado que podrían ser cómplices en esta estrategia de los testaferros de Merheg para conservar los baldíos.

Pero no solo son problemas de gran calado los que no lo dejan avanzar. El Incoder también está teniendo problemas con jueces y funcionarios locales y todo tipo de trabas administrativas. Recientemente, por ejemplo, los jueces ante los que se presentó una demanda contra unos concentradores de tierras le exigieron presentar el contrato original de compraventa de los terrenos, lo que incluso va en contra de la Ley Antitrámites. Y en cuanto a la cooperación de otras entidades locales, el Incoder se queja, por ejemplo, de que en una diligencia que sus funcionarios tenían que hacer para aclarar una propiedad en las Islas del Rosario, la misma alcaldía de Cartagena no quiso colaborar.

Al interior del mismo Incoder también hay enemigos. En algunas oficinas aún no han sacado personal que sigue siendo cómplice del despojo de tierras, engavetando algunos procesos e incluso operando oficinas paralelas donde falsifican documentos. Pero nada se puede hacer por ahora, es otra camisa de fuerza, porque todo debe seguir un debido proceso disciplinario y debe haber pruebas de estas acciones para poder sacarlos de la entidad, sobre todo cuando son de carrera.

Para completar, la articulación del Incoder con otras entidades del Estado tampoco ha resultado muy efectiva. Se supone que el Ministerio de Agricultura, el Incoder, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y la Superintendencia de Notariado y Registro comparten información sobre las tierras y que todo está articulado en un mismo sistema de consulta. Pero hay notarías y oficinas de registro en varias zonas del país que todavía tienen la información en papel. Además, el Estado y el desorden de algunos de los archivos de estas entidades en algunas regiones son deplorables.

También hay problemas a la hora de esclarecer si un predio está en una zona de protección ambiental, por ejemplo en zona de reserva forestal, como de hecho lo están muchos de los baldíos sobre los que hay solicitudes de titulación y ocupación por parte de campesinos, o si sobre él hay una concesión o solicitud de un título minero. Para esto el Incoder debe solicitar información al Ministerio de Medio Ambiente y a la Agencia Nacional Minera, lo que hace que estas consultas se demoren aún más. Un proceso de titulación de tierras puede demorarse cuatro años.

Todos estos factores son un mal presagio para lo que viene con los procesos de restitución de tierras. Si bien es cierto que la restitución no depende enteramente del Incoder, pues el gobierno creó la Unidad de Restitución de Tierras que se dedica exclusivamente a lograr esa misión, las leguleyadas y demás trabas que enfrenta el Instituto también podrían presentarse contra los procesos que lleva la Unidad. Los jueces de tierras tienen la responsabilidad de que el apego a ciertos formalismos del derecho y las estrategias jurídicas de quienes se oponen al proceso no terminen siendo otra camisa de fuerza para implementar la ley.
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