El juez no pegó

En lo único en lo que están todos de acuerdo sobre el caso del juez español Baltasar Garzón es en que se trata de un hombre polémico. Así como logró un hecho histórico en materia de derechos humanos en el mundo al detener al ex dictador chileno Augusto Pinochet, también es blanco de duras críticas en su país y en el exterior, porque consideran que le ha puesto ciertas dosis de show a la justicia.

Por eso, la semana pasada, cuando trascendió que el presidente Juan Manuel Santos lo invitó para que lo asesore en materia de derechos humanos, se abrieron interrogantes: ¿sí es bueno que venga el juez Garzón , ¿qué tan útil puede ser para el país?

Las reacciones no se hicieron esperar. La más dura vino del procurador Alejandro Ordóñez: "Sería como designar a uno de los investigados del DAS como asesor de inteligencia de otro Estado", dijo. El mismo Procurador se encargó de dar dos de los argumentos que comenzaron a esgrimirse contra su venida. El primero, que "es un juez cuestionado" y el otro, que "su conocida agenda política" alimentará la polarización del país. Desde una orilla ideológica conservadora, sus planteamientos tienen algo de cierto, pero sus alcances tienen matices.

Garzón fue recientemente expulsado como miembro de la Audiencia Nacional de España, donde logró notoriedad internacional al perseguir a los dictadores de medio mundo. Son varias las causas en su contra. Una, que aún no se falla, tiene que ver con que ordenó hacer unas interceptaciones telefónicas, que se alega fueron ilegales, en un sonado caso de corrupción. De ahí el símil que hizo el procurador Ordóñez con el caso del DAS. Lo paradójico es que esta versión ni siquiera ha sido respaldada por la Fiscalía del país ibérico. La otra tiene que ver con el radicalismo de Garzón en busca de que se aplique justicia, que lo hizo pasar por encima de un acuerdo político de su país en el que se había definido que no se llevarían ante los estrados los excesos cometidos durante el régimen de Francisco Franco.

En España, este intento por juzgar a los responsables de tamaños crímenes dividió al país, hizo que algunos lo tildaran de 'tener agenda política' y le costó el retiro de sus labores como magistrado. Aun así, su postura contó con el respaldo unánime de las más prestigiosas organizaciones de derechos humanos del mundo.

De ahí que, más allá de lo polémico del personaje, cabe preguntarse qué tanto puede aportar a Colombia. El presidente Santos dice que trae a Garzón porque "tiene gran experiencia" en derechos humanos. Y la canciller María Ángela Holguín precisó que vendrá para ayudar a preparar las "respuestas a las demandas o preguntas que haga cualquier organismo internacional y, en general, de cooperación judicial". Sin duda, a pesar de todos los juristas expertos que tiene hoy el país, la ventaja de Garzón es que goza de una privilegiada posición global y es asesor del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Esto puede eventualmente significar conflictos de intereses al asesorar sobre casos que puedan llegar, por ejemplo, a esa corte.

Lo que pareciera buscar el gobierno Santos es un aliado de quilates como este, que sepa comprender las particularidades de la violencia colombiana que, más temprano que tarde, tendrá al país dando explicaciones en múltiples estrados judiciales.

Pero en este propósito se puede equivocar el gobierno. Por sus antecedentes, Garzón no será incondicional. No solo no asumirá causas indefendibles, sino que seguro las denunciará. De ahí que será incómodo para quienes tienen cuentas pendientes pues, dado el caso, se enfrentará con ellos como un jurista implacable, que tiene un evidente afán de figurar en esas causas de alto perfil.

Que sea un juez controvertido no lo descalifica, como lo presentan los más radicales. Ni tampoco ser una figura mundial de la defensa de los derechos humanos lo hace necesariamente el asesor más indicado para un Estado. Garzón ha sido más un contestatario que un hombre pro oficialista. Y, al fin y al cabo, en un tribunal el juez siempre estará en un lugar y el gobierno, en otro.