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| 12/23/2006 12:00:00 AM

El juicio del año

El proceso a los militares de Jamundí es la primera gran prueba al nuevo sistema penal acusatorio. Crónica de una agitada primera semana de audiencias.

Lo que hasta ahora se conoce del caso Jamundí, donde 10 policías y un civil murieron bajo el fuego de 15 militares del Batallón de Alta Montaña, parece sacado de una de las más sangrientas películas de Hollywood. Así mismo, el juicio, que la semana pasada comenzó su carrera hacia el veredicto final, no ha estado exento de polémica y momentos cinematográficos de lado y lado. En la sala número uno del Palacio de Justicia de Cali y bajo la dirección de Edmundo López, juez cuarto penal del circuito, se vive a diario un debate jurídico con tintes dramáticos, que sentará precedentes para la justicia en Colombia.

La sala dispuesta para que sea revelada la verdad de lo que ocurrió en esa fatídica tarde del 22 de mayo pasado, tiene 18 metros de largo por seis de ancho. En ella se acomodan como pueden los 15 militares acusados de homicidio agravado, sus seis abogados y tres asesores que completan la defensa. El fiscal especializado que lleva el caso, sus tres asesores y el procurador delegado por el Ministerio Público, aparte del juez, tres técnicos y cuatro custodios, que son el personal normal del recinto.

Las paredes recubiertas de una madera oscura son el paisaje de fondo para los 18 periodistas que cubren, minuto a minuto, lo que acontece en cada audiencia. Eso sin contar con las 25 bancas, del mismo material, en las que se sienta un público diverso compuesto en su mayoría por familiares de víctimas y victimarios, estudiantes de derecho y uno que otro pato, además de algún jubilado que se cuela para espantar, durante algunas horas y gracias al aire acondicionado, el sopor navideño que envuelve a Cali.

A la espalda de Edmundo López, el juez, un Cristo y la bandera de Colombia son los únicos adornos con que cuenta la sala, que fue acondicionada con una pantalla de gran formato, un televisor y un par de bafles adicionales para facilitar la exposición de las pruebas del caso. Durante los días que lleva el juicio la bandera jamás ha ondeado y el Cristo es testigo mudo de la agria disputa trenzada entre la Fiscalía y la defensa. Todo por tomar la delantera en la argumentación que permitirá al juez, dentro de dos meses según calculan los más optimistas, llegar a un fallo de primera instancia.

El lunes pasado comenzó la fase en que las partes pueden interrogar a los testigos. Lo que generó la ilusión de una mayor fluidez en lo que resta del juicio. Pero la dinámica de las audiencias no es como en el cine y por el contrario, las constantes interrupciones, de parte y parte, han logrado exasperar a los asistentes, arrancándoles exclamaciones de fastidio.

La mecánica del juicio es lenta y agotadora, en principio cada testigo es interrogado por la Fiscalía y luego pasa a manos de la defensa. En ese momento cada uno de los seis abogados tiene el derecho de contrainterrogarlo. La serie de preguntas de la defensa en algunas oportunidades se torna extensa y repetitiva. Toda una sorpresa ha sido la participación, a través de preguntas directas para los testigos, del coronel (r) Bayron Carvajal, algo que el nuevo sistema penal permite, pero que produce momentos de alta tensión en la sala.

Finalmente Eduardo Castillo, procurador delegado para el caso, realiza algunas preguntas cuya finalidad es aclarar o ampliar los temas tratados en el interrogatorio.

Por su lado, la defensa se queja constantemente de que los testigos no dejan de mirar al fiscal y su grupo asesor, mientras los interrogan, lo que podría influir en sus respuestas. Esto llevó al juez a solicitarles a los testigos que le den la espalda, en un intento de calmar a la defensa.

En los recesos, y al final de cada día, lo que se escucha en los desolados pasillos del Palacio de Justicia, es que este juicio, más allá de lo obvio, es una dura lección sobre las bondades y los defectos del nuevo sistema penal que se vienen implementando en el país. A un ritmo de cuatro testigos diarios, que alcanzan a ser interrogados en un promedio de ocho horas de audiencia, avanza el litigio y con cada testigo que sube al estrado, los secretos de Jamundí se van develando.



Sombras de una masacre

Establecer la condición de los acusados fue la tarea inicial del juez López para esta primera etapa. A la pregunta de cómo se declaraban, los 15 militares respondieron: inocentes. Luego el juez les advirtió que, de ser hallados culpables, su castigo oscilaría entre 40 y 60 años de encierro, lo que produjo un silencio incómodo en la sala.

La Fiscalía, que es la primera en intervenir según estipula el sistema oral, planteó su teoría de lo que ocurrió en Potrerito. "Este es el caso de una masacre. La Fiscalía demostrará que los acusados para el 22 de mayo, de manera premeditada y por órdenes de Byron Carvajal emboscaron y masacraron a 11 personas", dijo Javier Tamayo Perdomo, el fiscal que lidera el proceso. Enseguida anunció sus 42 testigos y cómo iba a probar con ellos esta teoría.

La respuesta de la defensa no se hizo esperar. Ella busca demostrar que los militares fueron inducidos al error "por la falta de coordinación de los policías".

Entre los testimonios que se han escuchado en los primeros días del juicio se destacan los de tres miembros de la Dijín y tres funcionarios de la Fiscalía. El primero en subir al estrado fue el general Óscar Naranjo, director de la Dijín. El alto oficial fue interrogado y contra interrogado por las partes durante dos horas. Con sus respuestas, la Fiscalía apuntaló argumentos clave para probar su teoría. "La Dijín no tenía la obligación de comunicar sobre sus procedimientos, pues esta fuerza no está bajo control operacional", dijo Naranjo para desvirtuar uno de los argumentos más repetidos por la defensa: la ausencia de coordinación entre fuerzas en una zona con amenaza terrorista.

En su exposición alcanzó a exaltar la idoneidad de los agentes muertos y aseguró que ellos agotaron los procedimientos ajustados a la ley. Señaló que la Procuraduría General de la Nación investiga una presunta irregularidad en la orden de servicio y el plan de marcha, pero explicó que "esa es una falsedad inocua, ya que lo consignado en la orden de marcha se ajusta a la verdad y a lo que verbalmente me fue informado por mis subalternos". Aclaró que se enteró de la verificación de una caleta con droga por boca del coronel César Pinzón, subdirector de la Dijín.

El general hizo énfasis en la identificación que portaban sus hombres, al llevar la chaqueta y la goliana (gorra) con las palabras Policía y Dijín, en el momento de los hechos. La defensa intentó poner en duda este argumento y le preguntó si ese uniforme ha sido utilizado por grupos irregulares, a lo que Naranjo contestó que "nunca los grupos al margen de la ley han aparecido en combate con chaquetilla policial".

Luego pasó por el banquillo de los testigos el mayor Eliécer Camacho, quien era el jefe inmediato de los agentes fallecidos en Potrerito. "A las 5:30 de la tarde del 22 de mayo escuché por el Avantel al mayor Elkin Molina, comandante de la Comisión Cali (Comca), cuando decía que se pusieran los chaquetas y las gorras", dijo el oficial al comenzar su relato, en el que describe cómo se enteró de la muerte de sus hombres. Este fue uno de los momentos más dramáticos que se han vivido dentro del juicio, pues el oficial estuvo al borde de las lágrimas.

Dice Camacho que unos 20 minutos después escuchó cuando el mayor Molina pedía apoyo y confirmaba que había un hombre herido. Luego alguien gritó: "a la zanja". Según el oficial, "la voz era del patrullero Sánchez, porque reconozco a quienes trabajan en el Comca, pienso que vio a los soldados y pensó que habían llegado refuerzos porque por el radio dijo: llegó el apoyo, como con la emoción de que hubiera aparecido un respaldo". Esa fue la última vez que escucharía a alguno de sus hombres.

Camacho, además de narrar los instantes fatales, recordó que a las 7 de la mañana de ese día habló con el mayor Molina, quien lideró el grupo que fue exterminado, y todavía no reportaba nada especial. Sobre las 11 de la mañana le informó que tenía contacto con un informante para un posible decomiso de cocaína, que iba a disponer lo necesario para adelantar la verificación. A las 3:30 de la tarde el mayor Molina le dijo a Camacho que estaba listo, con tres carros y 10 hombres y que el informante los acompañaría.

El tema de la legalidad del procedimiento que realizaba el grupo de la Dijín en la tarde del 22 de mayo, cuando murieron, recibió el apoyo de Martha Janeth Mancera, actual directora seccional de Fiscalías de Cali y quien para la fecha de los acontecimientos era fiscal especializada. Ella contó cómo el mayor Molina le informó sobre la actividad que iba a realizar, una verificación, y que le había pedido tener un fiscal a su disposición por si encontraba personas o material para judicializar.

Faltan más de 140 personas por subir al estrado de la sala número uno del Palacio de Justicia de Cali. Aún hay mucho por contar en el que es considerado el juicio del año.
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