EL JUICIO FINAL

La semana pasada fue, sin duda alguna, la más agitada que ha tenido el ex presidente Belisario Betancur desde que abandonó el Palacio de Nariño. O al menos eso era lo que parecían indicar los titulares de prensa. Aparte de que la Procuraduría anunciaba que llamaría a declarar a Betancur en indagación preliminar sobre el sonado caso de la Base Naval del Pacífico, nuevamente la comisión de acusaciones de la Cámara, en un caso que ya se consideraba archivado, citaba al ex presidente a rendir testimonio sobre la toma del Palacio de Justicia.
Irónicamente, el que debería estar más preocupado con la citación, el propio ex presidente Betancur, fue el primero en declarar que estaba absolutamente dispuesto a acudir ante la Cámara de Representantes a rendir las declaraciones que se le solicitaran. Y privadamente le manifestó a algunos de sus amigos que era una excelente oportunidad para exorcizar el fantasma del Palacio de Justicia.
La historia parece darle de entrada la razón a Betancur. Personajes tan disimiles como Sócrates en la Grecia antigua, y Fidel Castro en la Cuba de Batista, afrontaron juicios políticos de los que a pesar de haber sido condenados salieron reencauchados para la historia. Y para no ir más lejos, el propio general Rojas Pinilla resucitó políticamente dos años después de que fuera derrocado, al ser exonerado en el juicio que afrontó ante el Congreso.
Ese parece ser el tipo de reencauche que algunos temen le pueda suceder a Belisario. Entre otros el propio Virgilio Barco quien, ya como Presidente electo, movió los hilos para que los represenlantes liberales Horacio Serpa y Carlos Mauro Hoyos archivaran una investigación sobre el mismo caso. Entonces a Barco no sólo le preocupaba eso. Lo inquietaba también el hecho de que su gobierno se estrenara con un debate sobre el Palacio de Justicia en el Congreso que nadie sabía a dónde iba a parar, ni en qué medida afectaría las relaciones del nuevo gobierno y del Partido Liberal con el estamento militar que, inevitablemente, sería uno de los afectados con la resurrección de la polémica. Ahora, diez meses después, al gobierno le preocupa la posibilidad de que este debate pueda enrarecer aún más el ya bastante cargado ambiente del proceso de reconciliación nacional.
Sin embargo, todo indica que en esta ocasión el tema se va a revivir. Aun si la Comisión de Acusaciones de la Cámara concluye que no hay méritos para acusar al ex presidente Betancur ante el Senado, las audiencias que se realicen previamente van a significar una revisión de la forma como se adelantaron las operaciones que desembocaron en la masacre del Palacio de Justicia, la mayoría de cuyas heridas aún no han cicatrizado.
Algunas de las personas que han presentado denuncias ante la comisión consideran que el debate se morderá la cola y conducirá a buscar respuestas a la pregunta sobre por qué, a toda costa, se ha intentado evitar la polémica. Juan Manuel López, curiosamente hijo del ex presidente Alfonso López Michelsen (quien, consultado telefónicamente por Betancur cuando se encontraba en Europa, lo apoyó integralmente) ha dicho que "es claro que el debate no es alrededor de los hechos mismos, sino de la interpretación y manejo que se les ha dado posteriormente, en el sentido de que derogan todos los principios sobre los cuales está basado el Estado colombiano".
Más allá de las implicaciones políticas que, en todo sentido, pueda tener el debate, hay una serie de hechos establecidos y publicados por Medicina Legal y otras entidades públicas y privadas que, cuando sean puestos sobre el tapete en un debate con ex presidente a bordo y seguramente transmitido por radio, levantarán ampolla. Entre estos pueden citarse: que los magistrados Reyes Echandia y Gaona Cruz murieron por armas no pertenecientes a los guerrilleros, que el incendio solo pudo ser desencadenado por los rockets del Ejercito, que las Fuerzas Armadas levantaron la protección del Palacio por razones diferentes a la supuesta solicitud del presidente de la Corte Suprema, que por lo menos dos guerrilleros y otras doce personas fueron desaparecidas, y que la intervención humanitaria del director de la Cruz Roja fue deliberadamente obstruida por instrucciones militares. Más complicado todavía para el actual gobierno es el hecho de que buena parte de los documentos que han presentado los denunciantes, particularmente las grabaciones de las comunicaciones internas de los militares ese día, podrían poner en dificultades al ministro de Defensa, general Rafael Samudio, quien estuvo al mando de las operaciones.
Todas estas consideraciones permiten pensar que si hay interesados en resucitar el debate, también los hay en enterrarlo definitivamente.