EL JUICIO

Desde noviembre de 1985, un fantasma recorre a Colombia: el de los dramáticos episodios de la batalla del Palacio de Justicia. El fantasma reaparece periódicamente, por uno u otro motivo desatando nuevas polémicas o reviviendo las mismas de antes. La semana pasada volvió a espantar, cuando la Procuraduría General de la Nación, por intermedio del delegado para las Fuerzas Militares Manuel Salvador Betancur corrió pliego de cargos al general Jesús Armando Arias Cabrales y al coronel Edilberto Sánchez Rubiano, por sus actuaciones durante la sangrienta confrontación.
La decisión de la Procuraduría sirvió para comprobar que, tres años y medio después, la cuestión del palacio sigue siendo espinosa, en especial cuando de establecer responsabilidades se trata. La única en la que todo el mundo parece estar de acuerdo es la que le corresponde al M-19, por cuenta de haber lanzado la primera piedra y de haber desatado la batalla. A partir de ahí, nadie parece ponerse de acuerdo. Y los casos de los oficiales que deberán responder a los cargos esta semana no son la excepción.
La acusación contra el general Arias podría definirse como de tipo técnico-militar. Lo que la Procuraduría -como resultado de la investigación realizada por el Tribunal Especial nombrado por el gobierno de Belisario Betancur para investigar el caso- trata de establecer es si el entonces comandante de la XIII Brigada y responsable del operativo militar con que se respondió a la toma, hizo lo suficiente para proteger la vida de los rehenes -entre ellos varios magistrados de la Corte Suprema- que se encontraban en manos del M-19.
El principal cargo tiene que ver con los sucesos que se presentaron,en las postrimerías de la batalla, en el baño ubicado entre el tercer y el cuarto pisos. Allí se habían refugiado algunos guerrilleros,al parecer comandados por Andrés Almarales, y el grueso de los rehenes. Todo indica que unos y otros murieron en ese lugar,después de que un rocketazo disparado por las fuerzas del orden derribara la pared del baño, desde donde algunos rehenes pedían a gritos que cesara el fuego.
Aunque evidentemente el general Arias estaba a cargo de la operación militar, un juicio de esta naturaleza resulta hoy muy difícil de plantear. La discusión bien puede centrarse en definir qué era hacer lo suficiente para proteger la vida de los rehenes, si además de esto había que dominar a los guerrilleros y evitar que se hicieran fuertes en el palacio. La verdad es que las decisiones militares, que se dieron sobre la marcha y con las balas zumbando, resultan mucho más fáciles de juzgar a posteriori que de tomar en medio del fragor de la batalla. En todo caso, cabe esperar que los descargos del general Arias -hoy segundo comandante del Ejército- sirvan, al menos en parte, para aclarar los centenares de interrogantes que quedaron después de terminada la batalla.
En el caso de las acusaciones al coronel Sánchez, no existen las mismas dudas. Lo que establecieron las investigaciones en las que se basa el pliego de cargos en su contra, es que el coronel es"presuntamente responsable de la desaparición de la guerrillera Irma Franco Pineda y de la detención, agresiones físicas, verbales y psíquicas ocasionadas" a dos estudiantes de derecho del Externado. Si en el caso del general Arias la complejidad de la batalla y la confusión que reinaba cuando esta estaba terminando pueden servirle de justificación, no sucede lo mismo con el coronel, quien estaba a cargo de los detenidos. Ningún combate, por recio y sangriento que sea, justifica la tortura o las desapariciones. De ahí que, en este caso, el laberinto del coronel Sánchez sea mucho más intrincado que el del general Arias.