EL JUICIO

Había mucho nerviosismo en la sala. El agente especial de la Procuraduría que se desempeña como fiscal del proceso, Antonio J. Fontalvo, abotonaba y desabotonaba permanentemente su chaqueta. Gilberto Rodríguez Orejuela, el único presente de los tres procesados, mandaba a uno de sus ayudantes a comprar pastillas de cepacol. Los abogados de la defensa fumaban mientras leían documentos y Fernando Navas Talero, delegado del Ministerio Público, se paseaba para lado y lado con el maletín y el saco bajo el brazo. Eran las 2 y 45 y la audiencia estaba citada para las dos de la tarde del martes 17 de marzo.

A las tres en punto, dando cumplimiento a la hora judicial de margen, el juez 11 del Circuito Penal, Tobías Iván Posso, se hizo presente y comenzó la sesión interrogando al acusado. Gilberto Rodríguez, negó conocer a Hernando Giraldo Soto, uno de los sindicados, y aceptó haber conocido al otro, José Santacruz Londoño, cuando ambos eran accionistas del Hipódromo del Valle. En sus respuestas dijo frases como "nunca he tenido negocios ilícitos y menos de cocaína"; "la cocaína sí la conozco porque mi profesión es farmacéuta"; "la marihuana la conocí accidentalmente"; "nunca he estado requerido por juzgado alguno en el país o en el exterior"; "este llamamiento a juicio, con todo respeto es injusto" y "estas acusaciones son un montaje de la Policía norteamericana".

Gol de la fiscalía
Cuando la bancada de la defensa comenzaba a tomar aire debido a que Rodríguez contestaba de acuerdo con lo preparado, el juez dio la palabra al fiscal y este anunció la presencia del agente de la DEA, Richard Crawford, quien venía a atestiguar contra Rodríguez. Luego de un discurso florido pero confuso, en el que hablaba de "la potestad soberana para administrar justicia" y el "deber de que sean los jueces nacionales a quienes corresponda decidir en justicia la culpabilidad o inocencia de los sindicados", el fiscal pidió que fuera escuchado el testigo norteamericano. Aunque la defensa se opuso con el argumento de que las pruebas deben ser solicitadas por escrito por lo menos con dos días de anticipación, el juez aceptó el testimonio amparado en la norma según la cual él puede solicitar las pruebas que considere convenientes y en el momento que lo crea necesario.

El agente de la DEA hizo una larga cronología en la cual pretendía demostrar cómo Gilberto Rodríguez Orejuela era el orquestador de toda una organización que importaba la pasta de la coca desde Perú, la procesaba en Colombia, la enviaba y la distribuía en los Estados Unidos, particularmente durante los años comprendidos entre 1976 y 1980. Esta intervención que prácticamente duró dos de los cuatro días en que se desarrolló la sesión de la audiencia, estuvo marcada por la tensión que produjo la deficiencia de la traductora del DAS que logró que el agente norteamericano se llevara las manos a la cara y frunciera el ceño casi cada cinco minutos. Para rematar estaba afónica y el juez tuvo que hacerla repetir varias veces lo que quería decir en medio de las sonrisas de los presentes.

Pero las sonrisas de los abogados no duraron mucho tiempo. Vieron cómo cayó un baldado de agua fría cuando Richard Crawford sacó de su maleta un pasaporte argentino a nombre de Roberto Antonio Matarraz, con la foto de Rodríguez Orejuela. Los abogados guardaron silencio y Rodríguez se mostró visiblemente preocupado. Para contrarrestar un poco el impacto, volteó hacia los periodistas que intentaban a toda costa tomar la foto del pasaporte por encima de todo el mundo. Rodríguez tomó el pasaporte y haciendo un gesto de tranquilidad les dijo en tono bajo: "¡Ah, pero yo puedo pedir que se confronten la firma y la huella!". Crawford, además, sacó una fotocopia de una licencia de conducción a nombre de Fernando Gutiérrez y supuestamente también con la foto de Rodríguez. Este segundo golpe no fue tan directo a la mandíbula ya que la foto es bastante borrosa y el documento no está autenticado.

El empate
Al día siguiente las cosas cambiaron. No solamente hubo nueva traductora, sino que la defensa llegó afilada. El agente de la DEA había dicho el día anterior que Fernando Gutiérrez era uno de los nombres utilizados por Rodríguez y que él personalmente lo había visto en Miami en 1980. Además dijo que una de sus fuentes confidenciales le había informado a la DEA que Rodríguez estuvo preso en Perú en el año de 1976. Los abogados defensores pidieron la palabra y con una serie de preguntas sobre la validez de las fuentes confidenciales y las declaraciones sin juramento que había mencionado Crawford, hicieron ver algunas inconsistencias en el testimonio del agente de la DEA. El ex magistrado de Cali, Carlos Julio Castrillón, abogado de Gilberto Rodríguez, haciendo gala de sus habilidades en el debate, preguntó al agente de la DEA ¿por qué si él había visto a Rodríguez en Estados Unidos, y este utilizaba documentos falsos, no lo detuvieron? "Yo y mi grupo estábamos investigando, y cuando fuimos a cogerlo ya no estaba", dijo. El abogado logró molestar al testigo norteamericano con el recorderis permanente de "bajo la gravedad de juramento diga...".

Cuando le tocó el turno a Rodríguez, luego de contradecir las afirmaciones del agente de la DEA, exhibió unos documentos debidamente autenticados ante el consulado de Colombia en el Perú en los que certifica que Rodríguez nunca ha tenido ni tiene procesos pendientes con la justicia de ese país.

Contragolpe del fiscal
El fiscal, por su parte mostró que también había hecho sus propias investigaciones. Entregó una lista de entradas y salidas del país de varios Fernandos Gutiérrez, con la pretensión de que se investigue si se trata del mismo por quien, según el agente de la DEA, se hacía pasar Rodríguez. Además, también trajo a cuento otro pasaporte. Fontalvo entregó constancias del número del pasaporte con que Rodríguez entró y salió últimamente del país y cómo ese número también correspondía a un pasaporte de un ciudadano caleño de nombre Fernando Villalobos de la Rosa. Pero a pesar de que el propio fiscal aclaró que ese no era un aporte como prueba sino como una constancia, la sensación que quedó en el ambiente era la de que existía otro pasaporte falso.

Dos-dos
Al final de la semana la defensa se apuntó un round. Invocando tecnicismos jurídicos, principalmente el de que sólo podía haber un delegado del Ministerio Público y no dos, logró que el juez no aceptara el uso de la palabra a Fernando Navas Talero, cuya intervención había sido preparada como la embestida principal de la Procuraduría. Indignado, Navas Talero dejó una constancia ante el juez por intermedio del fiscal, en la que señalaba que la actitud del juez no estaba a la altura del sentimiento nacional que se había expresado el mismo día en que se iniciaba la audiencia, cuando millares de niños habían salido a manifestar su rechazo a la droga a las calles del país.

Todo el ambiente de Perry Mason que reinó durante la semana no pudo ocultar un hecho. Rodríguez hábilmente estaba ganando la partida de ajedrez frente a la extradición. Desde que estaba en España movió algunas fichas que habrían de resultar claves en su circunstancia actual. El sólo hecho de que esté siendo acusado en Colombia por los mismos delitos de, que se le acusa en Estados Unidos y que haya desembocado en un juicio en Cali, hace casi imposible que pueda ser trasladado a Norteamérica, puesto que uno de los requisitos para que pueda haber extradición, es que no haya sido juzgado por los mismos delitos en el país. Navas Talero consciente de esta realidad jurídica, considera que "este juicio tiene una importancia histórica para el país, pues si se logra demostrar que un narcotraficante puede ser condenado por un juez colombiano, se reivindicaría la justicia colombiana frente a nosotros mismos y frente a los gringos y disminuiría la presión y la necesidad de extradición ".--