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| 10/9/2014 10:00:00 PM

El lánguido final de la Comisión de Acusaciones

Los representantes que la integran se han declarado impedidos para investigar magistrados. ¿Avanzarán los procesos?

Por estos días el Congreso está enfrascado en la discusión de la reforma al equilibrio de poderes. Este proyecto, que tiene como objetivo primordial eliminar la figura de la reelección presidencial, se ha convertido en una compleja mezcla entre reforma política y reforma a la justicia.

Y por esa razón, entre los llamados ‘inamovibles’ del proyecto, además de acabar con la reelección, está la eliminación de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El Senado discute si se debe crear un nuevo tribunal de aforados que además de investigar también juzgue a los altos dignatarios, o si simplemente se le cambie de nombre y conformación a este cuestionado organismo.

Hay pleno consenso entre partidos políticos y el Gobierno para eliminar la Comisión, circunstancia que hace suponer que esta célula, que históricamente ha sido cuestionada por su ineficiencia y ha sido llamada ‘Comisión de absoluciones’, se acabe después del 20 de junio del próximo año.

Con esa advertencia, los representantes que aceptaron integrar la Comisión saben que serán los congresistas que sepultaron la comisión. Pero a pesar de ello, tienen la obligación de trabajar y darles curso a los cientos de procesos que aún están activos. Hay varios expedientes de alto interés para el país, por ejemplo los que se adelantan contra el expresidente Álvaro Uribe, por paramilitarismo, chuzadas del DAS y 'yidispolítica'. O demandas como la que le puso la excontralora Sandra Morelli al fiscal Eduardo Montealegre por el caso de Saludcoop.  

Pero todo hace pensar que, fiel a su historia, la Comisión versión 2014 tampoco le cambiará la imagen.  Y eso que entre sus 15 integrantes hay congresistas de los cuales se espera mucho, tanto en trabajo como en vigilancia. Por ejemplo, allí llegaron Angélica Lozano (Verde) y Edward Rodríguez (Centro Democrático), que venían precedidos por buenos antecedentes. La primera como concejal de Bogotá, y el segundo como mano derecha del ex vicepresidente Angelino Garzón.

Desde el pasado 20 de julio, día en que se instaló el Congreso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara ha recibido 106 nuevas denuncias en contra del presidente de la República; el fiscal general, Eduardo Montealegre ,y varios de los actuales magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. “Han llegado procesos contra todos”, dijo a Semana.com un integrante de la comisión.

Sin embargo, desde esa fecha, la Comisión de Acusaciones lleva sesionando cada 15 días y aún no ha empezado labores. Aún no se ha hecho el reparto de los procesos y aún no se sabe cuándo se hará.

Como se recordará, en la primera sesión de la Comisión, Yahir Acuña se autonombró presidente ad hoc, repartió los procesos y se quedó con más de la mitad. Esa resolución, semanas después, fue derogada, por lo que se debía proceder a un nuevo reparto.

Pero dicha diligencia aún no se va a poder hacer. Primero, porque se ordenó un minucioso inventario de los procesos que lleva la comisión, y segundo, porque en la última sesión, el miércoles pasado, se presentó una insólita avalancha de impedimentos.

Más de la mitad de los 15 parlamentarios alcanzaron a mencionar supuestos conflictos de interés. La mayoría por tener denuncias o investigaciones penales y disciplinarias tanto en el Consejo de Estado como en la Corte Suprema de Justicia, lo que en la práctica significaría que investigarían a quienes los están investigando.

Por eso, antes de hacer el reparto la comisión empezó a analizar los impedimentos. De aceptarlos, habría dificultades para adelantar procesos, pues no habría quién investigue a los magistrados.

En ese sentido todo parece indicar que el último año de vida de la comisión (si es que se aprueba la reforma de poderes) podría ser bastante lánguido.
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