El lento avance del cartel de la toga después del ventilador de Gustavo Moreno

Una carta del abogado Gustavo Moreno alborotó el abispero por la impunidad que podría rondar en el escándalo del cartel de la toga. Su alerta apunta a acelerar la prórroga de su negociación con la justicia, la cual causó furor en un primer momento pero ahora deja un pobre balance y muchos interrogantes sin resolver.

Producto de su acercamiento con la justicia, Moreno firmó un principio de oportunidad a cambio de una matriz de colaboración que incluye 26 nombres de magistrados, congresistas, abogados y altos funcionarios del Estado. Varios de estos nombres al parecer no tienen relación directa a hechos delictivos, pero sí hicieron parte del listado de clientes del exabogado cuando ejercía como penalista.

"De no prorrogarse la suspensión de mi acción penal (...) se cerraría mi oportunidad para colaborar, mis declaraciones y testimonios no podrán ser utilizados de forma alguna, lo que implicaría que decisiones judiciales que han hecho parte de esta investigación podrán anularse, y en resumen retornaría la libertad  las personas detenidas, serían reintegradas a sus cargos, y en definitiva, no podría seguir colaborando, pese a mi disposición para hacerlo", aseguró el exfiscal al presidente Iván Duque.

Por la delicadeza de estas afirmaciones, SEMANA hizo un balance de los casos que se desprenden de su colaboración. La conclusión es alarmante pero no por las razones que argumenta el exfiscal.

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La Fiscalía General tiene la competencia para avanzar en 16 procesos de los mencionados en la matriz. Solo se tiene noticia de avances en tres casos, dos de los cuales fueron objeto de negociación: el de Alejandro Lyons y el de su primo, el abogado Luis Ignacio Lyons. El tercer caso es el llamado a juicio al exmagistrado Francisco Ricaurte (ver abajo: La matriz de colaboración de Moreno).

Coincidencialmente, al mismo tiempo en que se conoció la carta de Moreno, se difundió la petición de libertad que radicó el exmagistrado por haber pasado 240 días privado de la libertad sin que haya arrancado el juicio en su contra.

La solicitud del exmagistrado poco o nada tiene que ver con la negociación de Moreno con la justicia. De hecho, aunque las declaraciones del exfiscal sirvieron para llevarlo a prisión por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias de particular y utilización indebida de información privilegiada, el proceso está en el límite de los términos por otras circunstancias.

Las 120 pruebas

El escrito de acusación contra Ricaurte fue radicado el 12 de diciembre de 2017 y desde entonces se viene extendiendo una preparatoria que amenaza los términos exigidos por la ley para dar inicio al juicio. La mayor talanquera ha estado en las cerca de 14 audiencias que le tomó a la defensa del exmagistrado presentar las 120 solicitudes probatorias para el proceso. 

La que más debate ocasionó en la opinión pública fue la solicitud completa de los audios entregados por la DEA a Colombia, en los que se escuchan las conversaciones sostenidas por el exgobernador Alejandro Lyons y el abogado Leonardo Pinilla. La misma Procuraduría acompañó la petición del abogado Álvaro Luna, defensor de Ricaurte, con el fin de que se dieran a conocer en su totalidad las horas de grabación.

Esta solicitud fue negada por el juez 10 de conocimiento de Bogotá, quien argumentó que la ley impide trasladar como prueba al proceso material cuyo contenido no ha sido destapado en su totalidad porque tienen reserva. También señaló que la defensa de Ricaurte desconoce el contenido de estos audios por lo cual no puede sustentar a ciencia cierta cuál es su pertinencia.

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Los cuestionamientos que hizo el columnista Daniel Coronell por la fragmentación de los audios que llegaron desde la Fiscalía a la Comisión de Acusaciones y a la Corte Suprema, en donde se habrían omitido referencias al fiscal Néstor Humberto Martínez, hicieron que esta prueba se volviera la más taquillera. Pero la defensa de Ricaurte pidió sin éxito mucho más. Quiso sentar en el banquillo de los acusados a casi 90 testigos incluyendo allí al expresidente Juan Manuel Santos, al exfiscal Eduardo Montealegre y al actual jefe de la Fiscalía Néstor Humberto Martínez. A los magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema, incluyendo a los expresidentes de esta corporación José Luis Barceló y Leonidas Bustos.

Pidió como declarantes a la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez, al abogado Dagoberto Charry, al exvicefiscal Jorge Fernando Perdomo y a los escritores y periodistas Juan Gossaín y Gustavo Álvarez Gardeazabal. También al ex fiscal general Guillermo Mendoza Diago, al exgobernador Juan Carlos Abadía, el secretario de la Cámara de Representantes Juan Pablo Duque, el exsenador Julio Manzur y su hijo, Wadith Manzur.  Varios congresistas aparecían en listado como Hernando José Padauí, Germán Varón Cotrino, Jorge Enrique Rozo, entre otros. Hasta el fiscal que lleva el caso Ricaurte, Jaime Camacho Flórez, era llamado a declarar. 

De las 120 pruebas solicitadas, alrededor del 70 por ciento fueron desestimadas por el juez. Y fueron necesarias otras siete diligencias para que la defensa apelara la decisión y pidiera que fuera reconsiderada una a una la conducencia, pertinencia y viabilidad de estas peticiones. En este momento la decisión definitiva está en manos del Tribunal Superior de Bogotá.

De la alerta de Moreno hay que reconocer que su declaración sí es clave en los casos que están en manos de la Fiscalía ya que por tratarse de procesos que avanzan con las reglas del sistema oral requieren su ratificación bajo juramento en audiencia de juicio. Lo paradójico es que hasta ahora Moreno no ha tenido que ser llamado a comparecer por teleconferencia desde Estados Unidos en ninguno. 

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El ente investigador a través de un comunicado señaló en que el trámite para prorrogar los beneficios de la negociación está dentro de los términos y que la solicitud está en estudio del grupo de Mecanismos de Terminación Anticipada y Justicia Restaurativa, que deberá emitir un pronunciamiento para que llegue a manos de un juez en los próximos días. Hay plazo hasta el 18 de febrero. Por lo pronto, las declaraciones que rindió antes de irse no han surtido el efecto esperado en los demás procesos que están en los despachos del ente acusador. 

Bustos, en veremos

En lo que tiene que ver con los casos ante la Corte Suprema de Justicia, regidos la Ley 600, sus declaraciones se dieron bajo juramento y como tal podrán ser tenidas en cuenta en los procesos. Con o sin negociación vigente. En este alto tribunal hay ocho investigaciones, de las cuales una está en etapa de juicio, que es la que compromete al exsenador Musa Besaile. Dos más están en indagatoria, las de Nilton Córdoba Manyoma y Argenis Velasquez. Las demás están en etapa de indagación previa. 

La ratificación de Moreno tampoco es crucial en los casos que están en manos de la Comisión de Acusación. El que va más avanzado y es el juicio contra el exmagistrado Gustavo Malo que comienza el 15 de mayo. Allí Gustavo Moreno ya rindió su testimonio y aunque podría ampliar detalles, sus declaraciones tienen plena validez para la justicia. 

En el caso del expresidente de la corte Leonidas Bustos, la Comisión de Acusación sigue resolviendo recusaciones contra los investigados y no ha podido decidir si acusa o no. 

Más allá de la preocupación de Moreno por su negociación, su carta deja sembradas dudas por el lento avance de los casos que avergonzaron a la cúpula de la justicia y los interrogantes de si el abogado se llevó una buena parte de la verdad para Estados Unidos que ahora sí estaría dispuesto a contarla. De hecho, en su carta anunció: "Existen muchos políticos y funcionarios poderosos preocupados por lo que debo contar".

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LA MATRIZ DE COLABORACIÓN DE MORENO

Magistrados y exmagistrados:
Gustavo Malo Fernández (Comisión de Acusaciones)
Francisco Javier Ricaurte (Fiscalía)
José Leonidas Bustos (Comisión de Acusaciones)
Camilo Tarquino (Fiscalía)
Camilo Ruiz (Fiscalía)

Congresistas:
Nilton Córdoba Manyoma, excongresista (Corte Suprema)
Argenis Velásquez Ramírez, excongresista (Corte Suprema)
Julio Eugenio Gallardo Archbold, excongresista (Corte Suprema)
Musa Besaile, excongresista (Corte Suprema)
Álvaro Ashton, excongresista (Corte Suprema)
Julio Manzur, excongresista (Fiscalía)
Zulema Jattin, excongresista (Corte Suprema)
Martín Emilio Morales, excongresista (Corte Suprema)
Luis Alfredo Ramos, excongresista (Fiscalía)
Alberto Velásquez, excongresista (Fiscalía)

Exfuncionarios, abogados y exgobernadores
Sandra Paola Hurtado (Fiscalía)
Lucas Gnecco, exgobernador (Fiscalía)
Luis Raúl Acero, exfiscal delegado ante la corte (Fiscalía)
Luis Ignacio Lyons, abogado (negociación con la Fiscalía)
Alfredo Bettin Sierra, exfiscal delegado ante la corte (Fiscalía)
Héctor Gerardo Torres, abogado conocido como Yayo (Fiscalía)
Juan Carlos Abadía, exgobernador (Fiscalía)
Alejandro Lyons, exgobernador (negociación con la Fiscalía)
Martha Cristina Pineda, exfiscal (Fiscalía)
Franklin Chaparro, exalcalde (Fiscalía)