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| 8/27/2001 12:00:00 AM

El límite

Un fallo de la Corte Constitucional reabre el caso del general Uscátegui y lo envía a la justicia civil.

Muchos colombianos se sorprendieron la semana pasada con la decisión de la Corte Constitucional de ordenar que el general (r) Jaime Humberto Uscátegui sea juzgado otra vez, pero en esta ocasión por la justicia ordinaria. Sin embargo dentro de la corporación este era un hecho que se veía venir tal como lo refleja la unanimidad en la votación.

Los magistrados, acogiéndo la jurisprudencia de una sentencia anterior, señalaron que los militares no podían ser juzgados por sus pares cuando incurrieran en conductas que por su singular gravedad rompieran toda relación entre el acto y el servicio. Es decir, graves violaciones de derechos humanos o crímenes de guerra. “La conducta que facilite la violación de los derechos humanos no puede justificarse como un acto de servicio a la institución militar”, señaló el fallo actual.

Hace cuatro años, en otro caso, la Corte había puesto una frontera entre los que eran actos de servicio y los que no. Dijo que las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, la tortura y el desplazamiento forzado, entre otros, no tenían que ver con el fuero militar. Eran actos delincuenciales.

Por lo tanto, cuando a un miembro de las Fuerzas Armadas se le juzgue por un delito de estos es la justicia ordinaria la que tiene que determinar su sanción y no la militar. Basado en esta jurisprudencia un grupo de familiares de las víctimas de la masacre de Mapiripán, Meta, empezaron una acción judicial para anular el proceso castrense mediante el cual se había condenado a 40 meses de prisión al oficial.

Para ellos el hecho de no haber evitado la masacre —que causó espanto en todo el país ya que durante una semana al menos 48 personas fueron torturadas, descuartizadas y arrojadas a los ríos— no podía ser castigado con una pena tan leve. En su momento la justicia militar determinó que el oficial, junto con el coronel Hernán Orozco Castro, eran culpables al permitir con su conducta omisiva la masacre.

Los familiares interpusieron una tutela, que fue fallada por la Corte dándoles no sólo la razón sino recordando que cuando los miembros de la Fuerza Pública faciliten u ocasionen la violación de derechos humanos o la infracción del Derecho Internacional Humanitario deberán ser procesados por la justicia ordinaria.

El caso produjo diversas reacciones. De un lado se ubicaron las organizaciones defensoras de derechos humanos, para las que el fallo es positivo porque, como manifestó la organización humanitaria Amnistía Internacional, al juzgar al general por la justicia ordinaria se “están comenzando a desmantelar los mecanismos de impunidad en Colombia”. Igualmente los familiares de las víctimas aseguran que se abrió una puerta para que impere la justicia.

Por su parte el general Uscátegui, quien siempre ha alegado su inocencia, se mostró sereno luego del fallo. Explicó que tenía la conciencia tranquila con su actuación, además de mostrar su disposición para acudir a la justicia. “Yo confío que en esta Corte, con estos funcionarios de tan alta investidura, se demuestre mi inocencia, se descubra la verdad y se reivindique mi honor y mi dignidad”, explicó. Según el oficial él es el más interesado en que se haga justicia. De ahí que haya anunciado que entregará unas 200 pruebas que tiene en sus manos, “las que revelan quiénes fueron los autores intelectuales de la matanza”.

La polémica, que hasta ahora empieza, permite augurar que un caso que parecía cerrado va a dar mucho más de que hablar.



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