24 agosto 2013

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El lío de las cementeras

INVESTIGACIÓNLa industria del cemento en Colombia enfrenta una grave acusación sobre un presunto acuerdo de precios y de reparto de mercados. El sector se defiende.

El lío de las cementeras. Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y comercio.

Pablo Felipe Robledo, superintendente de Industria y comercio.

Foto: Daniel Reina Romero / Semana

La semana pasada la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) hizo un anuncio bomba: informó la apertura de investigación y pliego de cargos a cinco empresas cementeras del país y a 14 altos directivos de estas compañías. La razón es un presunto acuerdo para fijar precios y repartirse el m
ercado del cemento gris entre los productores en Colombia.

Según el organismo, estos acuerdos habrían derivado en incrementos injustificados en los precios del cemento gris desde enero de 2010, fecha a partir de la cual la SIC monitoreó el mercado y recaudó información y pruebas sobre este segmento de la economía.

Antes de que la SIC anunciara públicamente la apertura de la investigación, el tema se venía ventilando en La W Radio, donde a través de cuñas con el Boletín del Consumidor se quejaban por los mayores precios del cemento en Colombia, comparado con el de algunos países vecinos.
Las cinco empresas implicadas en el caso son Cementos Argos, Cemex Colombia, Holcim (Colombia), Cementos Tequendama y Cementos San Marcos. 

Según la Resolución 49141 del 21 de agosto del presente año de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia, a los investigados se les imputa la posible infracción de las normas que prohíben toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y el cobro de precios inequitativos. También las que impiden hacer acuerdos que tengan por objeto o efecto la fijación directa o indirecta de precios, y que prohíben los acuerdos que busquen la repartición de mercados entre productores o entre distribuidores. 

Dentro de la investigación, la SIC encontró una serie de correos entre funcionarios de las compañías en los que se intercambian información sobre datos que deberían ser estratégicos y confidenciales de las empresas. Por ejemplo, se hallaron mensajes entre funcionarios de Argos, Holcim y Tequendama en los que se confirma el precio del cemento gris, incluido el IVA y el transporte.

Según la Superintendencia, este tipo de mensajes no es común entre competidores. Otros correos muestran que funcionarios del área comercial compartían información propia de las empresas, lo que sugiere que no estarían compitiendo. 

Hasta el momento, las compañías han guardado silencio, solo se ha pronunciado José Alberto Vélez, presidente del Grupo Argos, la matriz de la compañía cementos Argos.

El presidente de esta organización empresarial afirma que Argos no ha participado y que no participa en ningún tipo de acuerdo de repartición de mercado ni en la definición de precios, ni en Colombia ni en los demás mercados en los que compite. Señala que no es cierto que el precio del cemento en Colombia sea cinco veces más altos que en la región y agrega que en el precio influyen los costos de energía, el combustible, el transporte, la distribución, los impuestos, entre otros, y que algunos de ellos son más altos en el país. 

Sobre la denuncia según la cual las cementeras comparten información para impedir la libre competencia, Vélez asegura que dicha acusación es totalmente falsa. “Doy mi palabra que eso no es así”. 

Si el proceso administrativo termina declarando que existió una violación de las normas de la libre competencia, la Superintendencia, además de adoptar medidas para que cesen las conductas anticompetitivas, puede imponer multas que irían hasta los 58.950 millones de pesos.

No es la primera vez que la Superintendencia investiga al sector cementero colombiano. Anteriormente, la SIC abrió en dos ocasiones investigaciones por presuntas prácticas contrarias a la competencia. En 2005, la Superintendencia les había impuesto una sanción por 3.000 millones de pesos a Cemex, Argos y Holcim por un acuerdo en los precios.

Tiene la última palabra frente a este caso el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, quien afirma que, en este y en otros casos, está protegiendo el bienestar de los consumidores, la eficiencia económica y la libre participación de las empresas en el mercado, todo con el fin de que los ciudadanos reciban una mayor y mejor oferta de bienes y servicios a menores precios. 
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