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| 11/18/1996 12:00:00 AM

EL LIO DE LA TELEVISION

Detrás de la discusión sobre el proyecto de ley para una nueva licitación de TV se pueden estar redefiniendo las reglas del juego entre los medios, el gobierno y el Congreso. Análisis de SEMANA.

El miercoles pasado el gobierno destapó sus cartas. Después de varias semanas de declaraciones ambiguas el Ministerio de Comunicaciones emitió un comunicado en el cual dejó en claro que, aunque el proyecto de ley que pretende abrirle las puertas a una nueva licitación de los espacios de televisión de la Cadena Uno y del Canal A surgió por iniciativa de un grupo de congresistas y no del gobierno, éste apoya en general su contenido y ve con buenos ojos que los contratos vigentes, adjudicados a mediados de 1991, no sean renovados el próximo año sino que se den por terminados para darle paso a una nueva licitación de los espacios.El ministro Saulo Arboleda y el consejero para las comunicaciones Tulio Angel explicaron en diferentes declaraciones el alcance de la posición gubernamental y le dieron así al proyecto el empujón final para que, después de su aprobación en la comisión sexta de la Cámara, sea aprobado en la plenaria y pase al Senado, donde todos los cálculos indican que, con algunas modificaciones, habrá de convertirse en ley.Pero más allá de esta mecánica y del contenido mismo del proyecto que de seguro será objeto de varias modificaciones, lo que es evidente es que detrás del lío que la propuesta ha generado se oculta un agudo conflicto entre los medios de comunicación, el Congreso y el gobierno del presidente Ernesto Samper. Para entender este asunto es necesario reconocer primero que todo que hay tres grandes protagonistas con tres puntos de vista diferentes y, en principio, incompatibles: los antigobiernistas, el Presidente y el Congreso. ¿Qué piensa cada uno de ellos?Los antigobiernistasConsideran que con la iniciativa legal que avanza en el Congreso el Presidente quiere vengarse de los noticieros y periodistas que ayudaron a destapar la olla podrida del proceso 8.000. Creen que para hacerlo quiere reemplazar informativos de horario triple A que han sido críticos con la administración y con la clase política que la respalda, como TV Hoy y QAP, por nuevos noticieros que resultarían mucho más amigos del Presidente, como el Noticiero Criptón _hoy al mediodía el fin de semana_ y otros que estarían en manos _por ejemplo_ del columnista Roberto Posada, D'Artagnan, o del Grupo Santo Domingo. Para los antigobiernistas, el Presidente va a dejar que esto suceda 'a sus espaldas' con el argumento de que el proyecto de ley es iniciativa del Congreso y que por lo tanto él no tiene por qué oponérsele.El PresidenteErnesto Samper piensa que tanto las encuestas como las reacciones espontáneas de la gente en las calles demuestran que él es un mandatario popular y respetado por la mayoría, o cuando menos por una buena parte de sus compatriotas. Su problema, cree él, es que 10 personas, por razones que él no entiende muy bien, lo odian y lo tratan como a un delincuente, con el agravante de que esas 10 personas controlan los principales medios de comunicación. Para él, esto determina que la información que los colombianos reciben sea una visión de la realidad distorsionada por cuestiones de antipatía personal. El Presidente piensa que si todos sus antecesores han podido adjudicar noticieros de televisión no hay razón para que él tenga que ser el primero en no disfrutar de ese privilegio. Además, como al fin y al cabo el proyecto de ley es iniciativa del Congreso y no suya, no existe razón alguna para que él deba oponérsele.El CongresoLa mayoría de los senadores y representantes piensan que al Congreso nunca le ha ido bien con los medios de comunicación. Pero así como estaban acostumbrados a eso, creen que durante este gobierno y en el marco del proceso 8.000 a algunos noticieros se les fue la mano. Sienten que por cuenta de ese tratamiento hoy en día ser congresista es equiparado por la opinión con ser delincuente. La mayoría de los parlamentarios reconocen que Marta Catalina Daniels, Carlos Alonso Lucio y Jaime Dussán, impulsores del proyecto, tienen una pelea personal con los medios y quieren sacarse el clavo. Sin embargo están convencidos que son tales los excesos cometidos por los medios en estos meses que son solidarios con sus colegas para ponerle un tatequieto al libertinaje que, según ellos, caracteriza la información en el país. Saben que de pasada le dan una manito al Presidente, a quien consideran víctima del mismo tratamiento y de quien piensan que no tiene por qué ser el primer mandatario en la historia sin ningún campo de maniobra en la televisión.El revolcónPor cuenta de estos tres puntos de vista encontrados hay en el país un panorama muy confuso en lo que se refiere a la relación entre los medios de comunicación y el poder. Existen consideraciones políticas, jurídicas y económicas alrededor de todo este asunto que se han ventilado en las últimas semanas. Sin embargo el problema de fondo no ha sido mencionado aún. Consiste en que desde que nació la televisión en Colombia, y hasta el gobierno de Ernesto Samper, las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación habían tenido un doble estándar. En los medios escritos existía la libertad de expresión sin restricciones. En televisión nunca había existido una actitud muy crítica o fiscalizadora frente al Ejecutivo. Por el contrario, la información de los noticieros había sido manejada de manera más bien oficialista y gobiernista.Esta dicotomía tenía su origen en la convicción de que la televisión era un medio demasiado poderoso para dejarlo por fuera de la órbita del Estado y, por ello mismo, de la influencia del gobierno de turno. Una cosa es que 100.000 ó 200.000 personas con capacidad crítica puedan leer las andanadas de Enrique Santos Calderón o Antonio Caballero contra un gobierno, y otra cosa muy distinta que siete u ocho millones de personas reciban, por medio de la televisión, esos mismos puntos de vista en la sala de su casa.La noción que nutría este esquema era que una sociedad subdesarrollada y tan propensa a la violencia como la colombiana aguantaba bastante libertad de información, pero no tanta como para que el medio masivo por excelencia, la televisión, pudiera estar tan suelta del gobierno como los medios impresos. Como resultado de esta concepción la clase dirigente adoptó la fórmula mixta de prensa escrita independiente y televisión oficialista. Para mantener el sistema bajo control, sin hacer este acuerdo explícito, lo único que se requería era que cada gobierno hiciera una adjudicación de televisión. Ante la posibilidad de ser sacado del aire por mala conducta ningún noticiero se exponía a aparecer como una oveja descarriada.Todo esto cambió durante el gobierno de César Gaviria. Y cambió fundamentalmente por dos razones. La primera, por una simple cuestión de evolución social. En todos los países civilizados la prensa escrita y la televisión son objeto de un tratamiento similar en materia de libertad de expresión. La premisa de que los intelectuales pueden asimilar opiniones críticas pero las masas no es rechazada desde hace decenios en otras latitudes. En Estados Unidos, por ejemplo, las cadenas de televisión ABC, CBS o NBC son tan independientes del gobierno como el New York Times o el Washington Post. Y después de 40 años de televisión amarrada, en Colombia se llegó a la conclusión de que existía la suficiente madurez para dejar atrás la tradición de la televisión oficialista.La segunda circunstancia que motivó el cambio en el anterior gobierno fue el hecho de que Colombia era uno de los pocos países del mundo donde no se había privatizado la televisión. El sistema de adjudicaciones a dedo cada cuatro años tenía también por propósito democratizar la televisión para que no perteneciera exclusivamente a uno o dos grupos económicos. Esta democratización tuvo, sin embargo, el problema de que el país se quedó atrás del resto del mundo en materia de televisión. No había grandes inversiones ni la estabilidad y la continuidad que las garantizaran.Por todo lo anterior el gobierno de Gaviria y el Congreso de entonces llegaron a la conclusión de que tarde o temprano sería inevitable abrir las puertas a los canales privados de televisión. Como la economía colombiana no da para tanto, los cálculos permitían prever que sólo uno, dos o máximo tres grupos económicos estarían en capacidad de invertir entre 50 y 100 millones de dólares para poner a andar su propio canal. La entrega de la televisión a los grupos que se derivaría de esta apertura tenía el inconveniente de acabar de un tajo con la democratización del manejo de la información, mal que bien garantizada por el esquema mixto de la adjudicación de noticieros en los dos canales de Inravisión. Por esa razón la pasada administración resolvió adjudicar 10 noticieros diferentes para los distintos horarios de los días de semana, sábados, domingos y festivos.Para que este concepto de pluralismo informativo fuera realidad era indispensable que el Estado les garantizara algún tipo de estabilidad a las programadoras que iban a competir con los grupos. Si en los nuevos canales privados, que se daba por descontado serían de Caracol y RCN, iba a haber organizaciones informativas con recursos ilimitados, satélite, helicóptero, corresponsales por todo el mundo y economías de escala para hacer tres o cuatro noticieros en un solo día, resultaría imposible para un grupo de periodistas dueños de un solo espacio informativo diario o de fin de semana sobrevivir y no ser arrasados por semejante competencia. Para enfrentar a los Arizmendi y a los Gossaín, respaldados por las chequeras del grupo Santo Domingo y de la organización Ardila Lülle, las programadoras pequeñas de los canales de Inravisión requerían, cuando menos, una estabilidad garantizada en la ley y en sus contratos. De ahí nació el concepto de la administración Gaviria de adjudicaciones a seis años con una prórroga semiautomática por seis años más (ver recuadro), lo que hacía que el régimen de televisión se asimilara al de la radio, medio que desde hacía años llevaba una enorme ventaja por las garantías de continuidad de sus contratos.El estreno de la libertadFue ahí cuando se rompió la dependencia de los noticieros de televisión de los gobiernos de turno, pues los periodistas y propietarios de los informativos adjudicados en 1991 sintieron que su futuro estaba prácticamente garantizado hasta más allá del año 2000. Esta independencia recién ganada de las programadoras frente al Ejecutivo se tradujo, como era lógico, en una mayor libertad de información frente a la que había existido en el pasado.Semejante evolución, considerada como sana y deseable cuando se presentó, coincidió, quizás en perjuicio del proceso que vivía la televisión, con las revelaciones sobre la narcofinanciación de la campaña presidencial y del Congreso de 1994, un escándalo tanto o más novedoso que la libertad que estrenaban los noticieros. Con procesos judiciales, órdenes de captura y encarcelamientos a los más altos niveles de la clase política la nueva televisión hizo uso de esa libertad con una actitud fiscalizadora y crítica. Esto, que habría sido normal en cualquier otro país, era una novedad en la Colombia de la televisión oficialista. Debido a las dimensiones que alcanzó el escándalo y al hecho de que cada noticiero quería tener mejores 'chivas' que sus competidores, hubo indiscutibles excesos y abusos en la información y se volvió inevitable calentar el ambiente a tal punto que la reacción de la clase política y del propio gobierno en contra de los noticieros generó la incertidumbre que hay hoy frente al futuro de la televisión.Lo que se está definiendo no es por lo tanto si es injusto que Ernesto Samper sea el primer presidente que no adjudica televisión, sino si fue o no conveniente que la televisión se volviera tan independiente como la prensa. Porque lo que es seguro es que si se regresa al sistema de adjudicación anterior la independencia de los noticieros de televisión desaparecerá. El gobierno tiene razón cuando piensa que los informativos fueron especialmente críticos con él y con los políticos que lo apoyan porque una nueva licitación no estaba programada durante la administración de Samper. Si hubiese estado prevista el cubrimiento del proceso 8.000 habría sido quizás diferente. Eso parece indiscutible. Pero sobre lo que no hay consenso es si ese cubrimiento independiente del mayor escándalo político de la historia de Colombia fue bueno o malo. Las percepciones al respecto dependen de la orilla en que se esté. Los samperistas creen que, por cuenta de los abusos de esa libertad, han sido objeto de una persecución. Los antisamperistas creen que, gracias a esa libertad, fue posible destapar la olla. Y no va a resultar fácil que en las próximas semanas se pongan de acuerdo.
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