El lío del juez penal militar que intentó llevar el caso Plazas Vega

En enero del 2009, el abogado Andrés Garzón dirigió un escrito a los juzgados de división del Ejército en el que les pedía que asumieran la competencia en el caso de Alfonso Plazas Vega en el proceso del Palacio de Justicia (1985). El juez Mauricio Cujar Gutiérrez envió una solicitud a la Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, para que aceptara el traspaso del proceso de su despacho a la justicia penal militar. El caso, aunque se mantuvo en la justicia ordinaria, sufrió un estancamiento a causa de dicha solicitud.

Los representantes de las víctimas, casi de inmediato, interpusieron una demanda contra el juez Cujar y pidieron que se investigara al abogado que hizo la solicitud. “El argumento de Cujar Gutiérrez se basaba en que en los hechos del Palacio de Justicia no hubo desaparecidos y que todo se enmarcó en actos de guerra que debían ser de conocimiento exclusivo de la justicia penal militar”, explica el abogado de las víctimas, Jorge Molano.

La petición del juez fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura, que finalmente la rechazó y la calificó de antijurídica. Sin embargo mientras lo resolvió el caso estuvo frenado. A Cujar Gutiérrez, por esos hechos, le imputaron el delito de prevaricato por acción. Y este miércoles el ministerio de Defensa se reconoció como víctima en el proceso. La razón es que las actuaciones del juez afectan la imagen de la justicia penal militar.

Jean Carlo Mejía, director de la Defensoría Militar Integral (Demil), asegura frente al tema que aunque respeta la posición del ministerio de Defensa, “no existe una afectación a la imagen de la justicia penal militar, si desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario y el derecho operacional, el fiscal delegado ante el tribunal solicitó el regreso de un caso en medio de una operación militar a la justicia castrense”.

Sin embargo, el ministerio fue aceptado y el próximo 22 de marzo continuará en el Tribunal Superior de Bogotá la diligencia contra el juez. Ese día empezará la audiencia preparatoria que dará paso al juicio. Y de acuerdo con el delito, Cujar Gutiérrez podría pagar una pena de doce años de cárcel, al haberse extralimitado en sus funciones jurídicas y administrativas.

Hace menos de un mes el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en fallo de segunda instancia que, por los hechos sucedidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el coronel Plazas Vega deberá pagar 30 años de prisión.

El Tribunal estableció que la decisión en contra del coronel Plazas Vega corresponde a sólo dos de los llamados desaparecidos del Palacio de Justicia. Se trata de la exguerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería del lugar, Carlos Augusto Rodríguez Vera. En cuanto a las otras nueve personas desaparecidas, que no hacen parte de la condena, se decretó nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de la investigación.
Sobre Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lirazazo, Luz Mary Portela, Norma Esguerra, Gloria Anzona y Lucy Amparo Oviedo, el Tribunal consideró que la investigación no reunía los requisitos de seriedad e integralidad, por lo cual dispuso la nulidad para que se recolecte más evidencia y se establezca si realmente están desaparecidas o sus cuerpos reposan entre los cadàveres encontrados y evacuados del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.

Plazas debe cumplir su condena en un centro carcelario en condiciones que no hieran a las víctimas ni a la sociedad, señala la sentencia del Tribunal, que además advierte que ninguna unidad militar del país puede llevar el nombre de Alfonso Plazas Vega.

El fallo también ordena que el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército, el comandante de la Brigada 13 y el comandante de la Escuela de Caballería celebren, en los próximos tres meses, un acto público en la Plaza de Bolívar en el que pidan perdón por los delitos registrados los días 6 y 7 de noviembre de 1985.