El lío de las Zonas de Reserva Campesina

La propuesta que hicieron esta semana las Farc de pedir que representantes de las diferentes Zonas de Reserva Campesina hagan parte de los diálogos con el gobierno en La Habana desató una nueva tormenta dentro del sube y baja al que ha estado sometido este proceso.

La guerrilla quiere que en la mesa de negociación se discuta su idea de crear a lo largo y ancho del país 59 Zonas de Reserva Campesina (ZRC) que tendrían una extensión de 9 millones de hectáreas. En estas tierras, que según el gobierno equivalen al doble de las que actualmente se cultivan en todo el país con caña, café, algodón y tabaco, entre otros, las Farc quieren que tengan la misma autonomía política, económica y cultural de los resguardos indígenas o los territorios de los afrodescendientes.

La iniciativa desató una rifirrafe entre los voceros de la Farc y los ministros de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, y de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quienes manifestaron su total rechazo a la iniciativa.  

Lo primero que hay que decir es que las ZRC no son una invención de las Farc. Fueron creadas por la Ley 160 de 1994 con el fin de proteger a las comunidades campesinas, especialmente aquellas ubicadas en zonas de frontera agrícola, colonización o de conflicto armado, del avance del latifundio o de los grandes monocultivos. Uno de sus mayores promotores e impulsores ha sido el reconocido escritor, periodista e investigador Alfredo Molano.

Aunque las ZRC han sido difíciles de crear y han tenido muchos opositores, desde 1997 se han establecido seis reservas que suman 830.000 hectáreas y en las que viven cerca de 75.000 personas. La más grande es la ubicada entre los municipios de San José del Guavire, El Retorno y Calamar, con una extensión de 463.000  hectáreas. El gobierno de Juan Manuel Santos no ha creado ninguna, pero está pensado en desarrollar una en los Montes de María para proteger a los pequeños campesinos del avance desaforado de la palma, la minería y los grupos armados.

Sin embargo, casi 20 años después de su creación, las ZRC volvieron a quedar en el centro del debate en febrero, cuando las Farc, dentro de las diez propuestas mínimas para el reconocimiento político y de todos los derechos del campesino, propusieron en el punto segundo: “Constitucionalización de la figura del territorio campesino, en cabeza de las comunidades campesinas y de sus organizaciones, la cual representará una de las formas de organización territorial del Estado colombiano en los mismos términos que para las comunidades indígenas y afrodescendientes. En tal sentido, los territorios campesinos serán inembargables e imprescriptibles. 

En consideración a las formas de propiedad existentes en estos territorios–individual, asociativa, comunitaria o colectiva–, y con miras a evitar la concentración de la propiedad sobre la tierra, habrá en ellos regulaciones específicas sobre la transferencia de derechos. Sin perjuicio de otras formas, los territorios campesinos estarán conformados por Zonas de Reserva Campesina o por Zonas de producción campesina de alimentos”.

Y en el punto tercero advirtieron que “los territorios campesinos gozarán de autonomía política, administrativa, económica, social, ambiental y cultural, y en la administración de justicia a través de los mecanismos de la justicia comunitaria. La autonomía se comprende en términos de la capacidad de autogobierno, autogestión y autodeterminación, enmarcada dentro del ordenamiento constitucional que resulte del nuevo contrato social pactado en la Asamblea Nacional Constituyente”.

Como esta propuesta es uno de los puntos álgidos que hay sobre la mesa de diálogo, algunos consideran  que las Farc decidieron jugarse una nueva carta el miércoles, cuando anunciaron que habían recibido una carta de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc) para hacer parte de la mesa de negociaciones de La Habana y que ellos la apoyaban. Incluso, instaron a que toda la mesa de negociaciones “acompañe las deliberaciones del Tercer Encuentro Nacional de Zonas de Reserva Campesina, que se celebrará en San Vicente del Caguán entre el 22 y el 23 de marzo”.

Para el ministro de Agricultura, “crear zonas de reserva campesinas en todo el país y con una autonomía que no tienen ni siquiera hoy los departamentos, es un disparate”. E incluso advirtió que: “las Farc quieren dividir y convertir al país en un mosaico de republiquetas independientes, y eso es algo que va contra la ley, contra la Constitución y este gobierno no lo va a hacer”. 

El expresidente Ernesto Samper dijo que la salida del ministro fue desafortunada, pues no se pueden comparar a las Zonas Campesinas con las repúblicas independientes, que eran concentraciones de guerrilleros liberales por fuera del gobierno y con ínfulas de república. “Por el contrario, si estas se ciñen a la Ley 160 son una figura que permitiría restituir a muchos campesinos de manera colectiva, sin perder sus títulos individuales, y evitaría que los antiguos dueños o terratenientes los sigan cazando como palomas para ampliar sus propiedades, tal y como está ocurriendo”.

Para Alfredo Molano, la propuesta de los diez puntos de las Farc no tiene nada de revolucionario e insurreccional. Simplemente es una idea que en una democracia liberal no tendría mayor relevancia. Para él, tiene muchos puntos en común con la reforma agraria de 1936, lo cual significa que al campesinado no se le han solucionado sus derechos fundamentales como el acceso a la tierra. Cómo será de poco revolucionaria esta figura, que hasta el Banco Mundial la ha apoyado económicamente.

 

Pese a la polémica, es claro que gobierno no se opone a las ZRC, pero considera que es una figura que se debe utilizar para casos especiales y excepcionales, y no para promover las políticas de desarrollo rural y bienestar para los campesinos. Sin embargo, tal y como está escrita, se podría llegar a la idea de revivir la experiencia de las repúblicas independientes como la de Marquetalia.

Sin duda, el debate sobre el futuro de la economía campesina es algo que el país se está demorando en resolver. El problema no es de tierra, pues según Molano, en Colombia hay alrededor de 114 millones de hectáreas, 40 millones dedicadas a la ganadería, lo que significa que hay mucho espacio para las zonas de reserva campesina. El secreto está en cómo garantizar su existencia sin que afecte la integridad del país. Ese es el dilema de La Habana.