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| 3/24/2011 12:00:00 AM

El lobby gringo por Colombia, tras el bombardeo al campamento de 'Reyes'

EE.UU. jugó un papel clave en la estrategia diplomática para evitar que Colombia fuera condenada por el ataque fuera de su territorio al campamento de 'Raúl Reyes'. ¿Cómo fue la maniobra?

Los cables de WikiLeaks revelan que tras la muerte de ‘Raúl Reyes’, Estados Unidos planeó una avanzada diplomática para evitar que Colombia fuera condenada por la violación de la soberanía de Ecuador. La estrategia consistió en reforzar el argumento de que los países de la región debían comprometerse a no refugiar “terroristas”, para restarle importancia a la violación de la soberanía territorial del país andino, que incluso fue aceptada por Colombia. Esa maniobra está consignada en los cables diplomáticos de diferentes representaciones diplomáticas enviados a Washington en el mes de marzo de 2008.

Tras el bombardeo del Ejército colombiano, el 1 de marzo de 2008, al campamento de alias ‘Raúl Reyes’, Venezuela, Ecuador y Nicaragua condenaron el hecho y rompieron relaciones con Colombia. Además, se sumó la el rechazo del presidente Nicanor Duarte, de Paraguay, quien calificó el hecho como una “agresión externa”. La crisis tomó ribetes insospechados.

Desde el comienzo, Washington comenzó a recabar información sobre la posición de los diferentes países de la región ante el hecho, y a hacer sus propias interpretaciones de lo que cada uno de los mandatarios de la región opinaba. De esta manera, barajaba las cartas.

Uno de los cables diplomáticos fechado el 12 de marzo, da cuenta de cómo fue que el Consejo Permanente de la OEA aprobó la resolución del 5 de marzo que reafirmó “la inviolabilidad de la soberanía nacional” y convocó a una reunión extraordinaria para el 17 de ese mismo mes.

El cable originado en la Secretaria de Estado da cuenta de que Colombia cumplió, gracias a la intervención de Estados Unidos, el objetivo “clave de evitar la condena”.

En ese encuentro de emergencia de los embajadores ante la OEA, que duró dos días, las delegaciones de Venezuela, Argentina y Nicaragua, trataron de mantener la atención únicamente en la incursión de Colombia en Ecuador y desestimaron los argumentos de Colombia.

Sin embargo, la comunicación diplomática indica que “Argentina adoptó un perfil más bajo en el segundo día, evidentemente como resultado de las solicitudes de Embajada (de EE UU) en Buenos Aires ante el Gobierno de ese país para así frenar a su delegación”.

No obstante, según se infiere del texto, la delegación estadounidense veía con preocupación el hecho de que Colombia hubiera aceptado que el bombardeo era una violación al derecho internacional.

“La delegación de EEUU expresó su preocupación a la delegación de Colombia por la aparente aceptación de Colombia que había violado el derecho internacional, e instó a Colombia a considerar un texto alternativo o citar artículos de OEA y otros instrumentos internacionales que permitan la actuación en defensa propia”, dice la comunicación.

Claramente, la invocación de la “defensa propia” fue desde el principio la doctrina que Estados Unidos pretendió invocar para justificar el ataque.

No obstante, la delegación colombiana en esa reunión le explicó a los estadounidenses que “sus manos estaban atadas porque el Presidente Uribe ya había reconocido (la violación) y se había disculpado por la incursión en Ecuador. Además, Colombia teme que si se cita la autodefensa (doctrina), esto podría abrir la puerta para que las FARC obtuvieran la condición de beligerantes”.

En otras palabras, la declaración dejó un sinsabor que no satisfizo todas las expectativas de Estados Unidos, sensación que se nota en las comunicaciones que se dieron más adelante.

La avanzada diplomática

El 6 de marzo, el embajador de Estados Unidos en Uruguay Frank E. Baxter se reunió con el canciller recién nombrado en ese país Gonzálo Fernández, para conocer su posición frente al bombardeo al campamento de Reyes. Tras la reunión, el embajador quedó satisfecho con la respuesta de González y, según el cable diplomático, escribió:” Fernández es mucho más pro-estadounidense que su predecesor y ya está tomando un enfoque de estadista en la política exterior de Uruguay”.

Luego vino la ruptura de las relaciones de Managua con Bogotá. Tan pronto el presidente Daniel Ortega, de Nicaragua, rompió las relaciones diplomáticas con Colombia, el embajador Paul A. Trivelli se reunió con el saliente embajador colombiano en Managua, Antonio González, para escuchar su versión de los hechos.

La reunión se dio el 7 de marzo, según lo registró uno de los cables conocidos por Semana.com. Para González era claro que Ortega estaba esperando un momento como ese para agitar las aguas con Bogotá, debido al diferendo limítrofe entre Colombia y Nicaragua por San Andrés y Providencia.

González, además de expresar la sorpresa por las decisiones de Managua, dijo que el gobierno de Uribe estaba muy preocupado por lo que veía como “un esfuerzo calculado, coordinado por Chávez y sus acólitos de ‘cerrar el círculo en Colombia’”.

Ese mismo día fue que se celebró la Cumbre de Río a la que asistieron todos los mandatarios y que demostró ser un escenario propicio para la resolución de los conflictos diplomáticos de la región. Washington estaba preocupado por la posibilidad que de hubiera “presiones para aprobar una resolución del Grupo de Río, particularmente una reafirmación de los principios como la soberanía nacional y la no injerencia de asuntos internos”.

Las órdenes de Washington

Fue entonces cuando el Departamento de Defensa decidió dar instrucciones de cara a la Cumbre de la OEA que se celebraría el 17 de marzo. En un cable fechado el 12 de ese mes originado en la Secretaría de Estado, Washington trazó los derroteros de la tarea de los embajadores estadounidenses en la región.

En síntesis fueron dos: “limitar las consecuencias de la ruptura diplomática entre Colombia y Ecuador y otros vecinos, y desviar la atención del interés de la región de castigar a Colombia por la violación de los límites territoriales del Ecuador, para que la comunidad hemisférica pase a la causa del incidente, que es la amenaza transnacional planteada por las FARC”.

El objetivo incluía evitar un texto que calificara el bombardeo como una violación de los principios del derecho internacional o de la soberanía de Ecuador e integridad territorial o que “selectivamente cite de la Carta de la OEA sin tomar en cuenta otras consideraciones. Una de las indicaciones clave era que la cumbre debía tener “visión de futuro”.

La reacción

La dirección dio resultado en algunos países de la región. Así lo demuestran los correos diplomáticos que se escribieron después desde México, Canadá, Uruguay y Costa Rica.

James Lambert, director del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional para América Latina de Canadá confirmó al asesor político de la embajada de EE.UU. en Ottawa que los dos gobiernos estaban “en la misma página”. Es decir, que compartían los argumentos de fondo esgrimidos por Estados Unidos. Además se comprometió a evitar cualquier expresión que diera la percepción de que Canadá y Estados Unidos estaban en contra de Venezuela.

El embajador de México ante la OEA en ese entonces José Antonio Zabalgoitia destacó, según un cable enviado desde la embajada de ese país, la importancia de que “el agregado de Estados Unidos use la Cumbre de la OEA del 13 de marzo para enfocarse en ‘el futuro’ y en una mejor dirección de las amenazas transnacionales que contribuyen a los conflictos”.

Al final, la resolución del 17 de marzo recogió una posición ‘salomónica’ de los países de la región. Por un lado “rechazó” la violación del territorio (no la “condenó”), y, por el otro, se impuso, una mención al “compromiso” de los estados miembros de combatir a “grupos criminales”, en particular “a aquellos vinculados al narcotráfico”.
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