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| 5/18/2002 12:00:00 AM

El lote de la discordia

Uno de los más grandes centros comerciales que se construye en el país enfrenta una demanda del Inurbe que cuestiona la validez de la venta del terreno.

Los protagonistas de este lío jurídico no podrían ser más disímiles. Uno es el gigante Supertiendas Olímpica, otro es la modesta parroquia de San Basilio Magno y el tercero es el Inurbe en liquidación. Los une su relación con un gigantesco lote del desaparecido Instituto de Crédito Territorial (ICT), que se ha convertido, por obra y gracia del sistema Transmilenio, en uno de los bienes comerciales más apetecidos de la capital.

En septiembre de 2000, cuando la terminal de Transmilenio estaba ya en obra, Supertiendas y Droguerías Olímpica compraron la mayor porción del predio por 2.300 millones de pesos, esto es, un poco más de 100.000 pesos por cada uno de los 21.155 metros cuadrados incluidos en el negocio. Unos pocos meses más tarde los fieles de San Basilio Magno celebraban que, luego de 16 años de estar ocupando una porción del mismo lote, les acababan de reconocer la posesión de los 1.500 metros cuadrados de tierra que ocupaban. Pagaron 9.900.000 pesos y se tomaron la foto con el entonces ministro de Desarrollo Augusto Ramírez Ocampo, quien les entregó las escrituras.

Hoy el Inurbe en liquidación, que recogió los asuntos del antiguo ICT, demandó ambas ventas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca pues considera que con ellas sufrió una lesión enorme. La razón, aduce, es que estos terrenos se vendieron por menos de la mitad de su valor comercial.

El Inurbe aspira a que, a menos que se restituya el mayor valor según él no pagado, se deshaga el negocio. Es decir, que el templo y el centro comercial que está construyendo Olímpica enfrentan un pleito mayor. Tanto el párroco, Luis Alberto López, como Antonio Char, presidente de Supertiendas Olímpica, dicen que no hubo nada irregular y que lo pagado fue lo que determinó en ese momento el ICT.

El debate en torno a estas ventas es sólo una muestra de los cientos de enredos encontrados en el ICT. Lo primero que sorprende es que como resultado del desgreño administrativo y burocrático de varias administraciones, y la falta de voluntad política de los gobernantes de turno, esta entidad aún sobrevive tras 12 años de liquidación.

"Los avances de la Unidad Administrativa Especial Liquidadora de los Asuntos del ICT (UAE-ICT) se deben observar con reserva", dice un informe reciente de la Contraloría General, y esto se evidencia en lo que han encontrado los funcionarios del Inurbe en liquidación, entidad que absorbió desde enero lo que tenía pendiente la UAE-ICT (ver cuadro). Tanto es el problema que Cecilia Rodríguez, ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, dice que "mientras liquidar el Inurbe tardará máximo un año, con el desorden encontrado en la liquidación del ICT es posible que nos tomemos más tiempo".

Por ejemplo, en el caso de la venta de este lote no es claro cómo se aplicó el principio de transparencia y selección objetiva. Según los documentos consultados en el Inurbe no se encontró soporte de que se hubiera hecho una subasta o una licitación pública.

Pero Antonio Char, presidente de Supertiendas Olímpica, dice que el lote sí salió a subasta pública, en la que se presentaron varias ofertas y que como constancia de esto en la carta que les aprueba la oferta dice que de no pagar a tiempo se lo adjudicarían al segundo oferente. Esta comunicación está firmada por Gloria Peñaranda, entonces gerente del UAE-ICT.

La oferta de ellos, según copia de documentos que vio SEMANA, estuvo 11,5 por ciento por encima del valor con el que el ICT ofreció el lote, que era de 2.062 millones de pesos. "Nosotros participamos en las condiciones que nos dio el ICT", dice Char. El directivo asegura que por las características del proceso no tenían cómo saber quién más hizo ofertas.

Char dice que hasta el momento no ha sido notificado de ningún proceso en su contra y que su derecho es primero conocer el texto de la demanda. Sostiene que su empresa tiene todos los documentos que sustentan que su participación fue transparente.

La nuez de la demanda es la duda sobre cómo se vendió a un precio que parece ser inferior al valor comercial real. Avalúos del lote hechos en 1997, 1998 y 1999 daban valores superiores al que se negoció en 2000. (ver gráfico). Pero en este último año la UAE-ICT contrató dos conceptos con firmas diferentes a la que venía realizando estos trabajos, que le sirvieron como soporte de la venta.

Oscar Borrero es el gerente de Borrero Ochoa y Asociados, firma que hizo los primeros avalúos y que fue contratada por el Inurbe este año para hacer un avalúo retroactivo del lote. Dice que es "absolutamente imposible" que al momento de la venta se diera el valor de 108.000 pesos por metro cuadrado por el que se negoció. "En esa época un lote residencial en esa zona valía el doble del precio que se pagó por este comercial", dice Borrero.

Esto porque todos los estudios mostraban el potencial comercial de esta zona ante la inminente llegada de Transmilenio, cuya obra ya estaba en marcha.

Sin embargo Diego Monroy, representante de la Lonja Inmobiliaria de Bogotá -firma que avaluó en 2000 el lote en el precio de 95.000 pesos el metro que sirvió de base para la negociación de la UAE-ICT-, dijo a SEMANA que los avalúos se hacen según las condiciones del momento y que aún no estaba funcionando Transmilenio. "No podemos ser futuristas" dice, y agrega que entonces los precios de la tierra habían bajado mucho y que los conceptos de los avaluadores pueden ser muy diferentes porque esto es un asunto subjetivo.

Por su parte el padre Luis Alberto López dice que los 10 millones de pesos que él pagó por el terreno fueron "un valor institucional que le cobraron. Si hay algún problema que vengan y hablen con la comunidad", dice. Lo cierto es que ni él ni sus feligreses imaginaron que el lote de su capilla valía, según sostiene hoy el Inurbe, 570 millones de pesos.

La controversia está planteada y todas las partes tienen argumentos para defender sus intereses. Sólo las autoridades competentes dilucidarán si en este caso hubo un detrimento patrimonial para el Estado o si las condiciones de la venta permitieron que, dentro de las normas legales, los interesados aprovecharan un buen momento para comprar.
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