EL MADRUGON DEL GOBIERNO

AL QUE MADRUGA DIOS LE AYUDA: ESA PArece haber sido la maxima que aplicó el gobierno en la primera semana del año cuando el ministro del Interior, Horacio Serpa, aun antes de que los colombianos empezaran a desperezarse del guayabo de diciembre, anunció que la administración del presidente Ernesto Samper está dispuesta a dialogar con los grupos de autodefensa que operan en Córdova, el Urabá antioqueño y, eventualmente, con regiones como el Magdalena Medio y otras zonas del país. Según Serpa, voceros autorizados de dichos grupos le habrian transmitido a finales del año pasado al propio ministro su disposición para comenzar un proceso de desmovilización.
Aunque en sus declaraciones a los medios Serpa no fue muy explicito en el alcance que podría llegar a tener estos diálogos, dejó entrever que el proceso se haría en el marco de la ley de Orden Público, cuya vigencia fue prorrogada por el congreso hace pocas semanas.
La primera sorpresa que generó la noticia fue el hecho de que la propuesta hubiera sido presentada por Horacio Serpa, quien durante toda su vida pública habia sido un fuerte contradictor de los grupos de autodefensas, a los cuales en varias oportunidades llegó a encasillar en la categoria de simples delincuentes comunes. El país todavía recuerda sus duros cuestionamientos contra esas organizaciones cuando se desempeñó como Ministro de Gobierno de Virgilio Barco. Una posición similar mantuvo cuando ocupo el cargo de Consejero de Paz durante el mandato de Cesar Gaviria.
Sin embargo el Serpa modelo 1996 piensa distintoy es, sin duda, el mayor defensor de la propuesta. "Me parece que sí es útil dialogar con estos grupos al amargen de la ley porque con ello se estaría cumpliendo con el proposito de que el Estado recupere el monopolio del uso de las armas. Además el fenomeno de las autodefensas es demasiado crítico como para desatenderlo", dijo Serpa el miércoles pasado a SEMANA.

OBSTACULOS EN EL CAMINO
Pero aparte de las anteriores con sideraciones, que si se quiere no pasan de ser anecdóticas puesto que toda persona tiene derecho a cambiar de opinión, la propuesta de diálogo con los grupos paramilitares no deja de tener varios líos juridicos. El primero de ellos, y quizá el más importante de todos, es el hecho de que la propia Constitución Política de Colombia y la llamada Ley de Orden Público reservaron el mecanismo de los diálogos para buscar una salida pacífica solamente en el caso de violaciones a la ley cometidas por delincuentes políticos que en un momento determinado se han alza en armas contra el Estado. No seria este el caso de los grupos paramilitares, que surgieron para combatir a las organizaciones guerrilleras. Y si bien Serpa puede haber cambiado de opinión frente a la valorición de la condición delincuencial de los paramilitares, la interpretación legal no havariado.
El tratamiento que debe darsele a los grupos paramilitares había sido objeto de debate reiterado en administraciones anteriores. A comienzos del mandato de cesar gaviria el asunto pareció quedar esclarecido, cuando en el marco de los análisis sobre los decretos de sometimiento a la justicia el gobierno abrió una puerta para que las organizaciones de autodefensa se desmovilizaran, entregaran sus armas y recibieran un beneficio judicial por ello. Estos beneficios no sólo no cambiaron la valoración de delincuentes comunes dada a los paramilitares, sino que la confirmaron, pues el tratamiento ofrecido era similar al que se abría camino para los narcotraficantes que se rindieran a la justicia.
De ahí que, si el gobierno pretende cambiar la calificación delincuencial de los paramilitares, es muy posible que requiera una modificación a la Ley de Orden Público, que tendría que darse por medio del Cogreso, o transitoriamente por un decreto de conmoción interior. Lo otro sería simple y llanamente que el gobierno decida interpretar que las autodefensas sí son organizaciones que actúan con moviles políticos y recorra el camino del diálogo con esos grupos con la esperanza que la Corte Constitucional o la Corte Suprema no se le atraviesen con un fallo de inexequibilidad o ilegalidad a alguno de los pasos del proceso.
Quienes dentro y fuera del gobierno defienden estas tesis sostienen que si la guerrilla argumenta que su origen y su lucha es de tipo político, lo mismo pueden alegar las autodefensas, que nacieron para combatir a esos grupos guerrilleros. Quienes se oponen argumentan que mientras el alzamiento guerrillero es en contra del Estado lo que confirma, por equivocada que sea su justificación ideológica, su condición de alzamiento polítice el de los paramilitares es contra la guerrilla y en defensa de los intereses económicos y de seguridad de los propietarios rurales, no en la búsqueda de un cambio político en el país.
Pero los líos no son sólo jurídicos. Hay también serios problemas prácticos. El jefe mnxima de las autodefensas de Córdova y el Urabá antioqueño, Fidel Castaño, está acusado de ser el autor intelectual de varias masacres y otros delitos atroces. Castaño fue condenado a 20 años de prisión al ser hallado responsable de la muerte de 40 campesinos en las fincas Honduras, La Negra y Punta Coquitos en 1988, y la sentencia está en firme. Además, tanto él como su hermano, Carlos Castaño, aparecen vinculados a los procesos por las masacres de Loma Verde y La Mejor Esquina, ocurridas también durante ese año.
La condena y la vinculacion de los jefes máximos de las autodefensas con delitos atroces terminará por convertirse en un serio problema para el éxito final del proceso de paz con estos grupos. Una cosa es que en el caso de algunas organizaciones guerrilleras desmovilizadas varios de los combatientes rasos aparezcan sindicados de delitos comunes, como ha sucedido en el pasado, y por ello mismo deban quedarse por fuera del proceso, y otra muy distinta es que los propios jefes estén vinculados a dichos delitos. Para apreciar la complejidad del asunto, en el caso de Fidel Castaño, por ejemplo, teniendo en cuenta la condena que pesa sobre él, lo único que el gobierno podría ofrecerle sería una ley de indulto difícil de sostener jurídicamente y de vender políticamente.

¿GANAN LOS NARCOS?
A los líos jurídicos se vienen a sumar los problemas políticos que encierra la propuesta. Uno es de tipo interno, puesto que los grupos que aparentemente respaldarían la propuesta, que serían los ganaderos, no se muestran muy contentos con la iniciativa del gobierno. Y la razón es muy sencilla: para ellos el problema no son las autodefensas sino la guerrilla. "Están buscando el muerto río arriba. Hablar con las autodefensas no soluciona el problema de la violencia. Las autodefensas son el resultado de la guerrilla y de la incapacidad de la fuerza pública por derrotar a la subversión. Además, de nada sirve que se desmovilicen las autod efensas, como sucedió en 1991, si el Estado no llega a hacer presencia, porque esos espacios son ocupados casi que de inmediato por la guerrilla", dijo a SEMANA Rodrigo García Caicedo, presidente de la Federación de Ganaderos de Córdova.
Y el otro problema político ya no es de naturaleza interna sino externa. Para varios expertos en política exterior no tendría ninguna presentación el hecho de que un país como Colombia, que a diario recibe llamados de atención por parte de organismos internacionales por presunta violacion de los dereshos humanos, dialogue con organizaciones criminales que aparecen vinculadas con las más crueles masacres de la última década. Y tiene menos presentación aún que dicha propuesta sea presentada por un gobierno que desde un comienzo ha proclamado la defensa de los derechos humanos y que en esa materia ha querido distanciarse de sus antecesores, con demostraciones tan claras como el informe sobre la masacre de Trujillo.
Pero, aunque aparentemente resulte extraño, quienes sí podrían sentirse felices con el anuncio son los narcotraficantes. ¿Por qué? Porque si unos paramilitares, tradicionalmente relacionados con narcotráfico y considerados hasta ahora como delincuentes comunes, de un momento a otro comienzan a recibir un tratamiento político, eso podría llevar a los narcotraficantes a pensar que no hay ninguna razón para no darles a ellos el mismo tratamiento. "Se estaria abriendo una ventanita por la que perfectamente pueden caber todos los narcos del país, porque se les estaría dando un tratamiento preferencial que va muchísimo más allá de la política de sometimiento ", dijo a SEMANA un analista.
Es por todas estas razones que al gobierno le va a quedar difícil incluir a las autodefensas en procesos de paz distintos de los de su rendición y entrega de armas en espera de obtener bene ficios judiciales por esa causa. Y es que, tal vez, de no haber existido en el pasado ese concubinato que se hizo tan evidente entre paramilitares y narcotraficantes, hoy los primeros podrían estar aspirando legítimamente a algo más.
El gobierno parece consciente de estos riesgos, pero también es claro que no está dispuesto a engavetar sus iniciativas apenas surgen los primeros obstáculos, pues después del fallo inhibitorio de la Comisión de Acusaciones en el caso del presidente Samper, todo indica que el alto gobierno va a hacer todos los esfuerzos necesarios por cambiar el tema de debate y tratar de dejar atrás el proceso 8.000. Como apenas está comenzando el año, falta ver si en los meses por venir este tipo de anuncios audaces y controvertidos del gobierno le arreglan el 'caminao' o, por el contrario, se lo enredan más.

DICIEMBRE SIN TREGUA
Cuando el espiritu navideño invadiá a casi todos los colombianos la guerrilla decidió realizar dos incursiones terroristas con las cuales despidió 1995. La primera fue el ataque contra la población cundinamarquesa de Une, a pocos kilometros de Bogotá, realizado por el frente 51 de las Farc y la segunda fue contra el puesto de policía del municipio de Achí, al sur del departamento de Bolivar, donde murieron seis policías.
El ataque a Une produjo una emergencia sanitaria que obligó a evacuar algunas personas ante el peligro de una intoxiacación masiva. Durante la acción guerrillera murieron una niña y un policía, y fue volado un depósito de pesticidas, situación que puso en peligro a más de 9.000 personas que viven en el casco urbano de la población. Deacuerdo con las autoridades, la acción insurgente destruyó plaguicidas y abono agropecuarios por un valor superior a 100 millones de pesos. Al terminar la semana pasada la situación había sido controlada por las autoridades y, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Salud, "la labor de remoción de los materiales y residuos químicos terminó de manera exitosa".
Dos días despues de este ataque, el 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, cerca de 200 hombres de los frentes Alfredo Gómez Quiñonez y José Solano Sepúlveda, del ELN, y del frente 37 de las Farc, atacaron el puesto de policía de Achí. En la acción murieron seis agentes y unos 20 subversivos resultaron heridos, según fuentes de la Policía.
Lo que llamó la atención de ambos hechos es que por primera vez en muchos años la guerrilla tanto Frac como ELN rompió la tregua de diciembre y atacó a escasos días de finalizar 1995. La acciones se presentaron precisamente en momentos en que el gobierno y el frente Jaime Bateman cayón del M-19 anunciaban el inicio de conversaciones para una posible desmovilización de esa organización subversiva. La cruenta despedida que dio la guerrilla al año pasado hace pensar que 1996 no será la excepción en materia de ataques terroristas.