Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 1997/05/19 00:00

EL MALDITO 30 %

La obligación de tener socios pone en peligro el futuro de los canales privados de televisión en Colombia.

EL MALDITO 30 %

Cuando hace unas semanas el Procurador envió a la Corte Constitucional su concepto acerca de la Ley de Televisión la atención de la opinión se centró en el aspecto de las prórrogas de las actuales programadoras y noticieros. Sin embargo había un punto de sus declaraciones que pasaba relativamente inadvertido y que es igualmente importante. Se trata del que busca revivir el tope del 30 por ciento máximo a la propiedad que una sola persona o sociedad puede tener en un canal privado.El 30 por ciento era un tope que había fijado la ley con el fin de prohibir prácticas monopolísticas en el manejo de la información, evitar la concentración del poder de la televisión en pocas manos y lograr también la democratización accionaria. En teoría todo esto sonaba perfecto pero en la práctica la cosa es más complicada. La realidad es que la televisión privada es un negocio intensivo en capital y los únicos que están en condiciones de medírsele en Colombia son los grupos económicos. Pretender que Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila Lülle inviertan unos 40 millones de dólares _el 30 por ciento de una operación que se calcula puede costar unos 150 millones o más_ en un negocio que no puedan controlar no es realista. De esta manera el tope sólo podía desembocar en dos situaciones: o que se abstengan de participar en el negocio o que lo manejen a través de alianzas que pudieran levantar suspicacias. Apoyados por esta lógica, y por el poder que tienen los grupos en el Congreso, éste reversó, por medio de otra Ley, el tope del 30 por ciento. Ahora, para formar un canal, entre otros requisitos se debe tener una sociedad con un mínimo de 300 accionistas y estar registrados en bolsa. Esta nueva disposición no es más que un adorno para el consumo popular de la Ley. En el fondo lo que significa es que una sola persona puede tener el 99,9 por ciento de un canal y el restante 0,1 por ciento se repartiría entre 299 socios más. Bajo esas reglas de juego los grupos aspirarían por lo menos al 51 por ciento y de ahí en adelante a lo que su liquidez les permita. Si bien la norma es engañosa, también es inofensiva. Se puede cumplir sin violar la ley y al mismo tiempo se le deja a los dueños controlar sus inversiones. En ese estado estaban las cosas cuando el Procurador conceptuó a favor del tope del 30 por ciento. De ser acogido este concepto por la Corte se dejaría a los canales privados en una situación sin salida, pues sin control los grupos no participarían en el negocio. Esto obedece a los más elementales principios de la racionalidad económica. Si se revive el tope del 30 por ciento se está creando la obligación de tener socios, lo cual atenta contra cualquier criterio de libre empresa. Asociarse tiene que ser un acto voluntario, no obligatorio. La concentración del poder en los medios de comunicación no se soluciona creando medios en los cuales nadie mande sino enfrentando a muchos medios fuertes.

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