Miércoles, 17 de septiembre de 2014

| 2013/08/29 00:00

“El Marco Jurídico depende de dejación de armas”

El Gobierno del presidente Santos precisa los alcances del que califica como “histórico".

Audiencia pública 25 de julio en la Corte Constitucional sobre el Marco Jurídico para la Paz. Foto: Archivo SEMANA.

El Gobierno colombiano dijo este jueves que la aplicación del Marco Jurídico para la Paz, aprobado por la Corte Constitucional, depende de la dejación de armas por parte de los grupos rebeldes que además deben reconocer los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Así lo aseguró la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, en un comunicado en el que también afirma que el éxito de las conversaciones de paz que celebra el Gobierno con las FARC en Cuba, “depende en gran medida de la decisión que ha tomado la Corte”.

La Corte Constitucional dio este miércoles el aval al Marco Jurídico para la Paz, herramienta que regulará el paso a la reconciliación si se logra el fin del conflicto armado interno.

En el comunicado de cuatro puntos, el Gobierno advierte que la aplicación de esa ley depende también del “reconocimiento de responsabilidad, la contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas, la liberación de los secuestrados y la entrega de los menores reclutados”.

Agrega que la decisión tomada por la Corte es también un mensaje para las FARC y el país en el sentido de que el logro de una paz estable y duradera “implica el reconocimiento de las víctimas y la satisfacción de sus derechos”.

El acto legislativo 01 de 2012 o Marco Jurídico para la Paz fue sometido a un examen en la Corte Constitucional el pasado 25 de julio, después de que ese instrumento fuera aprobado en el Congreso en junio de 2012 y demandado más tarde por una organización no gubernamental.

El Marco Jurídico para la Paz recibió agudas críticas de organismos como Human Rights Watch, que por medio de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, señaló cuando comenzó el debate en la Corte Constitucional que el articulado “abre la puerta a la impunidad para guerrilleros, paramilitares y militares responsables de atrocidades”.

Ahora, con el aval de la Corte, el Congreso deberá discutir leyes que desarrollen esta herramienta legal y permitan la desmovilización de los grupos armados.

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