Sábado, 25 de octubre de 2014

| 2013/09/05 00:00

La omisión de la Corte Constitucional

Al Tribunal se le ‘olvidó’ informar su rechazo a la “suspensión total” de la pena a guerrilleros que hayan cometido graves crímenes.

Corte Constitucional Foto: Guillermo Torres / SEMANA

Cuando todos pensaban que la Corte Constitucional le había dado un espaldarazo completo al proceso de paz con su fallo positivo sobre el Marco Jurídico para Paz, le apareció otra pata al gato.

En la noche del jueves se conocieron diferencias entre el boletín leído por el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Iván Palacio, el 28 de agosto, cuando se decidió la exequibilidad del Marco Jurídico, y el comunicado oficial sobre la decisión –que es el que ‘vale’–, que se colgó en la noche del miércoles en la página web de la Corte.

Una de esas diferencias es que el comunicado excluye la posibilidad de suspender totalmente la pena a los máximos responsables de graves violaciones a los derechos humanos. Un ‘detalle’ que se omitió en el boletín inicial y que puede tener serio impacto en el proceso entre el Gobierno y las FARC, pues se refiere claramente a la suerte de los jefes de la guerrilla.

La Corte Constitucional declaró exequible el Marco, el instrumento con el que el Gobierno aspira a ofrecer herramientas de justicia transicional para el tratamiento a los guerrilleros que se desmovilicen mediante un acuerdo de paz, dirigido expresamente a la negociación con las FARC en Cuba y, eventualmente, a la que se haga con el ELN.

La Corte aprobó que, en aras a la paz, se justifica la adopción de medidas de justicia transicional, entre ellas la posibilidad de no juzgar a todos los autores de graves violaciones de derechos humanos, sino de seleccionar a los máximos responsables de esos crímenes para concentrar en ellos el proceso penal.

El Marco, además, contempla la posibilidad de suspender las penas, dar penas alternativas o introducir modalidades especiales de cumplimiento de la pena a los que sean condenados por esos delitos. En el boletín inicial se avalaron esos mecanismos, con la condición de que estén “orientados a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.  

Sin embargo, el comunicado oficial tiene un punto nuevo. Entre las recomendaciones que la Corte pidió al Congreso tener en cuenta para tramitar la ley estatutaria que debe reglamentar el Marco para la Paz ‘apareció’ una más: “El mecanismo de suspensión total de ejecución de la pena no puede operar para los condenados como máximos responsables de los delitos de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática”.

De aplicarse literalmente, podría significar que la Corte notifica ahora a las FARC que sus jefes más importantes no podrían evadir la cárcel. Un mensaje en sí mismo potencialmente explosivo. Que además podría reforzar la desconfianza de la guerrilla en las instituciones, al ver que hasta el máximo tribunal del país es capaz de incurrir en un ‘olvido’ tan sustancial como este.

Según fuentes de la Corte Constitucional consultadas por Semana.com, en ese punto hubo una acalorada discusión debido a que no existió un consenso definitivo para definir si se suspendía totalmente la pena a los máximos responsables de violaciones a los Derechos Humanos.

El debate, además, sólo se hizo al final, sin exhaustiva preparación, bajo el impacto de dos cartas en las que la Fiscal de la Corte Penal Internacional atrajo la atención de los magistrados sobre la suspensión de penas y sus eventuales implicaciones frente a los compromisos internacionales del Estado colombiano.

Los magistrados Mauricio González Cuervo, Jorge Ignacio Pretelt, Luis Guillermo Guerrero, Nilson Pinilla y Gabriel Mendoza se manifestaron contrarios a la suspensión total de la pena a los máximos responsables de delitos contra el DIH.

Según algunos magistrados, fue un olvido del presidente Jorge Iván Palacio lo que llevó a no incluir ese punto en el boletín que leyó en la rueda de prensa. En una movida reunión posterior en la que los magistrados recapitularon su decisión, se convino introducir este y otros puntos en el comunicado oficial.

Según lo que semana.com pudo averiguar, las cartas de la Fiscal tuvieron un peso decisivo a la hora de tomar la decisión. Si bien los magistrados habían apoyado la selección, decidieron optar por un punto medio al pedir al Congreso que no opere la suspensión total de la pena para los máximos responsables. Según varios magistrados, de no adoptar esta decisión, Colombia podría incumplir obligaciones internacionales. Un argumento que evoca lo dicho por la Fiscal de la CPI en sus cartas.

Si bien el punto ‘olvidado’ puede ser asumido con gran preocupación en La Habana, fuentes jurídicas consultadas por semana.com indicaron que se debe leer con cuidado.

Por una parte, la Corte se pronuncia contra la suspensión “total” de la pena, lo que no excluye que esta pueda ser suspendida parcialmente. Además, desde el boletín inicial, la Corte aceptó penas alternativas y mecanismos especiales de ejecución de sentencia que no necesariamente implican privación de la libertad (esos mecanismos pueden ir de la prisión domiciliaria o el brazalete electrónico, a la reclusión en establecimientos o regiones especiales).

En la noche de este jueves miembros del equipo del alto comisionado para la Paz analizaban las implicaciones del comunicado, y, con toda probabilidad, las FARC, en Cuba, estarían haciendo lo mismo.

Habrá que esperar a la sentencia, de casi 300 páginas, cuyo proceso de revisión final puede tomar un mes o más. Puede que se imponga finalmente una interpretación que no signifique una bomba para el proceso de paz. Pero el caso es que este cambio evidente en una decisión crucial del más importante tribunal de Colombia en el lapso de una semana cae como un baldado de agua fría.

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