Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2003/11/30 00:00

El medio ambiente se calienta

Próximamente se elegirán los directores de las Corporaciones Autónomas Regionales. La presión política se está haciendo sentir.

El 24 de octubre pasado, cuando fue encargado de la dirección de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico (CRA), Leonardo Muñoz se dio cuenta de que algo olía mal en esta entidad. Ordenó a los empleados que recogieran los talegos de la basura, pues varios de los funcionarios que habían sido despedidos trataban de deshacerse de cientos de copias de contratos y órdenes de servicio que hoy son motivo de investigación de la Procuraduría.

Esta había suspendido provisionalmente a su director Raúl Tarud el 10 de octubre y ordenó que fuera investigado por posibles faltas gravísimas contra la administración pública. Se encontró una feria de contratos que le representan hasta la fecha a la CRA un déficit de 14.000 millones de pesos. "Todavía no sabemos si hay más, sólo hemos contabilizado el 2003", señala Muñoz.

La vigilancia del Ministerio de Vivienda y Ambiente y la indagación preliminar de la Procuraduría encontraron que la CRA con 35 empleados tenía 160 contratos de prestación de servicios que le costaban 171 millones de pesos al mes. Los sueldos de los asesores se fueron incrementando durante los últimos dos años, con una variación de 260 por ciento, muy por encima de las recomendaciones hechas por el gobierno central en materia de austeridad.

En dos años esta entidad de corte técnico se convirtió en la cuna de la politiquería y el despilfarro. Según conoció SEMANA por diversos testimonios y documentos, quien tenía el 'control' político de la CRA era el vicepresidente del Senado, Efraín Cepeda Sarabia, cuñado del director suspendido, Raúl Tarud.

La radiografía de lo que sucedió en Atlántico no es tan distinta de la de otras corporaciones. El mismo 10 de octubre la Procuraduría suspendió provisionalmente también a los directores de Corpomojana, la del Valle del Cauca, Cundinamarca, Sucre, La Guajira, Caldas y Boyacá. Unos días después fue suspendido el director de la del Cauca. Cada caso tiene sus particularidades y hasta ahora se han iniciado las investigaciones y aún no hay sancionados. Sin embargo en las indagaciones preliminares para determinar la suspensión provisional se hallaron nóminas paralelas en centenares de contratos de prestación de servicios con personas que realizaban exactamente las mismas labores que los empleados de planta. También encontraron contratos multimillonarios de asesorías con objetos muy ambiguos.

Como casi todas las corporaciones tienen un presupuesto considerable, pues además de una sobretasa sobre el impuesto predial, reciben transferencias de la Nación y del sector eléctrico, a veces tienen mayores recursos que el propio departamento. De ahí el interés que han demostrado los políticos en tener allí sus fichas.

No es coincidencia que según el Indice de Integridad 2003 de las entidades gubernamentales de Transparencia por Colombia, que está próximo a hacerse público, algunas corporaciones autónomas regionales ocupen los lugares del más alto riesgo de corrupción entre todas las instituciones del país.

Ante semejante panorama, el Ministerio del Medio Ambiente, bajo el nuevo gobierno, comenzó a vigilar más de cerca las corporaciones, a través de los delegados que tienen ministerio y presidente en sus consejos directivos. "Comenzamos a pedir cuentas de los contratos que se firmaban, el desorden en las licencias ambientales, entre otros", dijo un funcionario del Minambiente.

Encontraron problemas en otras corporaciones, además de las sancionadas por la Procuraduría, como en Codechocó que tenía una planta de personal de 124 empleados, con apenas 62 cargos ocupados, y sin embargo encontraron 146 contratos de prestación de servicios por tres o cuatro meses. Por presión del gobierno nacional se pudo nombrar un director encargado que comenzó a poner la casa en orden desde febrero de este año.

En la Corporación Autónoma Regional de Santander encontraron otra debacle. A diciembre de 2002 había 409 contratistas que se renovaban mes a mes, se habían robado 63 expedientes de licencias ambientales y apenas habían aprobado ocho planes de ordenamiento territorial (POT) de los municipios. La elección del director había sido anulada por el Consejo de Estado y el anterior director está en la cárcel. Hace un año fue nombrado un nuevo director, Alvaro Prada, para que terminara el período. No fue fácil que saliera elegido un técnico, menos aun cuando según el Ministerio, hubo hasta amenazas de muerte a los alcaldes que tenían que votar. El nuevo director en un año bajó el número de contratos a 145, y los escogió por concurso de méritos y logró la aprobación de 46 POT. "Es que entró gente que sabía y así es fácil", dijo Prada a SEMANA.

Además el Ministerio presentó en abril de 2003 un proyecto de ley para modificar la composición de los consejos directivos de las corporaciones para que no puedan ser manipulados fácilmente por algunos políticos regionales. El proyecto propone darles participación a las universidades, reducir la de los alcaldes y hacer que los representantes de los gremios los escojan los mismos gremios y no los alcaldes como sucede hoy. Además busca la ley que las ONG ambientales que participen sean legítimas y no, como sucedió en Atlántico que de 111 ONG ambientales inscritas para poner representantes en el consejo directivo, apenas una cumplía los requisitos establecidos por la ley de estar trabajando en el medio ambiente.

Como esta ley no caminaba demasiado rápido en el Congreso, donde muchos se beneficiaban del desorden reinante, la entonces ministra Cecilia Rodríguez diseñó un proyecto de decreto que estableciera la meritocracia para el nombramiento de los directores de las CAR. Este decreto no resultó jurídicamente viable y el Ministerio recurrió a presentar otro proyecto de ley con mensaje de urgencia para darle facultades al presidente Alvaro Uribe para reglamentar los procedimientos y de estos nombramientos. Este proyecto obtuvo ponencia negativa y se hundió.

Con la nueva ministra, Sandra Suárez, muchos adivinan un giro de política. Ella no sólo intentó retirar el proyecto del ley que tenía mensaje urgente, según dijeron a SEMANA fuentes de Congreso, sino que además, hace dos semanas, expidió el decreto de la meritocracia que había sido cuestionado por su legalidad anteriormente. De otra parte, algunos ven con preocupación que la ministra Suárez pueda estan cediendo a la presión de los políticos. Por ejemplo, la semana pasada le pidió la renuncia al director encargado de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), Alvaro Gómez Cerón, un antropólogo reputado por su buen desempeño como director territorial del parque en los últimos años. El había reemplazado al anterior mientras duraba su suspensión provisional. No tiene mucho sentido que le hayan pedido la renuncia a un director encargado que apenas le faltan unos días de ejercicio. El gobernador del Cauca y presidente del consejo directivo de la CRC, Floro Tunubalá, le dijo a SEMANA que a Gómez Cerón lo sacaron como fruto "de las presiones del congresista Negret a los funcionarios del Minambiente". Tunubalá explicó que todas las organizaciones indígenas y sociales del Cauca rechazan la posibilidad de que la CRC vuelva a manos politiqueras y no trabaje para los caucanos y su medio ambiente. Aunque SEMANA intentó entrevistar a la ministra Suárez para conocer su versión de estos hechos, no fue posible.

Los próximos días definirán si hubo en efecto cambio de rumbo en el Minambiente, ya que son cruciales para el futuro de las CAR. Los consejos directivos de las 33 corporaciones elegirán a los nuevos directores. Algunos ya han dicho que adoptarán el decreto del gobierno y escogerán a los directores por concurso de méritos. Otros han dicho que no reconocen su legalidad pues viola la autonomía regional. De la firmeza del gobierno frente a la presión politiquera -que se ha vuelto mayor ante la urgencia de que le aprueben la reforma tributaria en el Congreso- dependerá que las CAR vuelvan a ser las entidades que verdaderamente protegen el medio ambiente, administren los recursos renovables y propendan por el desarrollo sostenible. Dejarlas convertidas en botín político es un crimen que pueden pagar las generaciones venideras.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.