El mensaje del Tío Sam

Desde 1999 no venia a Colombia una delegación estadounidense de tanto peso como la que visitó al país la semana pasada. Encabezada por el nuevo subsecretario de Estado para asuntos políticos de ese país, Marc Grossman, incluyó otras figuras clave, como Rand Beers, subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico; Janet Ballantyne, subdirectora de AID, la agencia que está manejando los dineros del componente social del plan; John Maisto, asistente del presidente Bush para América Latina en el Consejo Nacional de Seguridad, y Bob Brown, el zar antidrogas encargado, pues el nuevo y duro zar, John Walters, aún no ha sido confirmado por el Senado. Además se anunció la visita del propio Colin Powell, el poderoso canciller estadounidense, para el 11 de septiembre.

Aunque la misión estuvo precedida por fuertes especulaciones sobre si esta visita inauguraba un papel de Estados Unidos más activo en la lucha contra las Farc, sus miembros negaron tales versiones.

En entrevista con algunos medios impresos, entre ellos SEMANA, Rand Beers, del Departamento de Estado, fue enfático: “No es deseable, ni es la intención de Estados Unidos, meterse en el conflicto colombiano y esto no va a cambiar”. Sin embargo aclaró que “apoyarán a Colombia hasta un punto muy alto” y que no están dispuestos a darles un pase a las guerrillas y otros grupos armados para que sigan cultivando droga.

Y Grossman reiteró esa posición cuando dijo que el respaldo en todos los órdenes que Washington ofrece a Bogotá “no ha cambiado”’.

A la postre, entonces, la visita vino a reafirmar la difícil política que se había propuesto Washington bajo Clinton: la de intensificar al máximo la fumigación de cultivos ilegales o, en palabras de Beers, “enviarles el mensaje a los campesinos que cultivar droga no es la mina de oro; no es una opción sin altos riesgos y si son pobres no quiere decir que no deban cumplir la ley”, sin diferenciar si quienes cuidan el cultivo ilegal o pagan las cosechas en efectivo son guerrilleros o paramilitares, como sucede en gran parte del territorio nacional. Los funcionarios estadounidenses lo han repetido hasta el cansancio: no están en el negocio contrainsurgente sino en el de antinarcóticos, pero si los insurgentes están metidos en el narcotráfico la lucha también será contra ellos.

Como toda política siempre es local, la visita de Grossman y demás dignatarios también busca enviar una señal a su propio Senado –que discutirá el tema la semana entrante– de que el plan está funcionando. De ahí que incluyeran en su agenda encuentros con los campesinos del Putumayo que han firmado pactos de sustitución voluntaria de cultivos y están recibiendo apoyo para encontrar opciones para ganarse la vida.

El senador demócrata Patrick Leahy, presidente del subcomité de apropiaciones para operaciones en el exterior y un crítico del Plan Colombia, es quien está encargado de redactar la versión del Senado de la ayuda a la Iniciativa Andina Antidrogas, que ya fue aprobada por la Cámara. Aunque Leahy no ha revelado el contenido de su versión, fuentes cercanas al Congreso esperan que condicione la ayuda al estricto cumplimiento en derechos humanos por parte de las autoridades colombianas y creen que es probable que esta vez no deje en manos del presidente de Estados Unidos la decisión de enviar la ayuda aun cuando las condiciones no se cumplan, como sucedió con Clinton y el Plan Colombia. Así mismo se espera que Leahy proponga controles más estrictos a la fumigación de los cultivos para asegurarse de que no estén dañando ni el medio ambiente ni las personas.

“El Ejecutivo se opone a cualquier condicionamiento del Congreso, como norma general”, dijo Beers.

Por eso es tan importante para el gobierno Bush demostrar en su país que el Plan va bien; que las cuestionadas fumigaciones están acabando con un mal mayor; que la ayuda social va en aumento y que como dijo el nuevo director de la DEA, Asa Hutchinson, ante el Congreso, “la justificación de la iniciativa estadounidense no es parar el flujo de drogas a Estados Unidos sino fortalecer la democracia colombiana y reducir su dependencia de la plata de la droga”. Frenar el narcotráfico sería un efecto secundario.

En pocas semanas se sabrá si estas visitas ayudarán a empujar en el Congreso la Iniciativa Andina Antinarcóticos, que incluye 399 millones de dólares para Colombia en ayuda militar y social para el año 2002. Aquí, en cambio, tendrá que pasar un buen tiempo para saber si la política de Washington logrará mantenerse, como pretende, sólo en la lucha antinarcóticos y no inmiscuida en el cenagoso terreno de la contrainsurgencia.