Sábado, 21 de enero de 2017

| 1993/09/20 00:00

El metro de la discordia

El alcalde de Envigado se le atraviesa al Metro de Medellín y obliga al Gobernador de Antioquia a defender la obra con la tropa.

El metro de la discordia

UN DUELO DE PODERES REgionales está poniendo a prueba los alcances de la autonomía municipal en Colombia. Ante la renovada amenaza del municipio de Envigado de impedir la continuación de las obras del Metro de Medellín dentro de su jurisdicción, el gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, jugándose tal vez su más arriesgada carta política, ha resuelto ofrecerle al consor cio hispano-alemán Metromed, ejecutor de los trabajos, una fuerte protección militar.
Gómez respondió así a las acciones de desalojo emprendidas por el alcalde Jorge Mesa Ramírez, y a las primeras protestas de ciudadanos envigadeños que, como su jefe municipal, se oponen virulentamente al que llaman "indeseado e inconsulto" sistema de transporte masivo para el Valle de Aburrá, cuyos dueños son el departamento de Antioquia y el municipio de Medellín.
El Metro debió entrar en funcionamiento en 1991, pero constantes problemas financieros y de cumplimiento en la ejecución del contrato han postergado su culminación. Después de tres años de parálisis, el proyecto se destrabó en Madrid, en febrero de 1992, y hoy la meta para la entrega total del sistema es noviembre de 1995.
En el acuerdo de Madrid, las partes interesadas se comprometieron a no incurrir en más demoras y, por eso, se reanudaron rápidamente las faenas en todos los frentes. Uno de ellos era el tendido del viaducto en un tramo de 640 metros que toca la juris
dicción de Envigado, si bien los terrenos son de propiedad de Medellín.
Pero el municipio, con su polémico alcalde a la cabeza, no solo se opuso al proyecto sino que lo retó jurídicamente. Al punto que la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, ETMVA, y el consorcio Metromed decidieron sacar a Envigado de la línea, eliminando no solo su estación sino desviando el curso del viaducto para pasar directamente a Itaguí.
"Mesa se tiró a Envigado', dijo a SEMANA Ramiro Valencia Cossio, secretario privado de la gobernación."Le quitó a su comunidad la posibilidad de tener acceso directo al mejor sistema de transporte masivo que se conozca".
Para Mesa, sin embargo, el Metro es una obsesión de Medellín, apa drinada por la gobernación. "A los demás, simplemente, quisieron imponernos el proyecto", le dijo a SEMANA.
La verdad es que, aunque la ETMVA informó a los municipios del Valle de Aburrá sobre las generalidades del proyecto, nunca les detalló, con cifras y argumentos de fondo, las implicaciones económicas o ambientales, ni sometió a sus fueros el estudio del plan. "Sencillamente, violaron el debido proceso administrativo", dijo Mesa.
Por eso Envigado se opuso desde un principio. Y para enfrentar la situación, el entonces gobernador Antonio Roldán Betancur expidió, en mayo de 1989, una resolución departamental que eoncedía el permiso necesario para construir la obra en los municipios de Bello, Medellín, Envigado e Itaguí por considerarla de alto interés social.
Mesa entabló querella eontra la resolución, pero tanto el Tribunal Administrativo de Antioquia eomo el Consejo de Estado se pronunciaron en favor de la decisión departamental. Y con esas herramientas en la mano, la ETMVA y Metromed se creyeron con carta blanca para pasar por Envigado.
Pero el problema no había terminado. Después de promulgada la Ley de Metros, que obligaba el pago de valorización para sufragar parte de los empréstitos, Mesa la demandó, alegando que el Metro "es una aspiración del municipio de Medellín, y éste no tiene ningún poder para hacer obras de interés en otro municipio" que no sea el suyo. La Corte Constitucional apoyó la posición de Envigado por estimar que a un municipio no se le pueden imponer cargas ni obligaciones "sin la participación popular, o, al menos, institucional, de la localidad".
La ETMVA prefirió acogerse a la resolución departamental y a los pronunciamientos del Tribunal Administrativo de Antioquia y del Consejo de Estado, y prosiguió con los trabajos. Pero expertos consultados por SEMANA aclararon que el Tribunal de Antioquia y el Consejo de Estado emitieron fallos que pueden o no ser acogidos, mientras que el pronunciamiento de la Corte Constitucional posee categoría de fallo superior.
A principio de agosto, y amparado por la garantía jurídica de la resolución departamental, el consorcio Metromed inició tareas dentro del terreno en conflicto. Pero cuando Mesa y el Concejo Municipal de Envigado se percataron del hecho, se expidió una orden de desalojo para sacar del lugar maquinaria y trabajadores.
Enfurecido, el gobernador Gómez, presionado ya por la cercanía de los plazos de entrega, contraatacó, e impuso al final de la semana un cordón militar para garantizar la continuación de las labores. Consciente dcl riesgo asumido, el gobernador dice en público y en privado que no cederá, especialmente porque la actitud de Mesa puede conducir a nuevos y onerosos ajustes en los plazos de entrega y en el presupuesto.
El lío de Envigado puede llevar al consorcio a presentar otra reclamación por trabas locales, que se sumaría a las 18 ya pendientes, cuyo monto supera los 300 millones de dólares. La última alternativa sería modificar el curso del viaducto para evitar los 640 metros dc terreno en jurisdicción de Envigado.
Pero la solución costaría más de 1.7 millones de dólares, solo en etapa de diseño. "Desviar el viaducto está, para nosotros, fuera de toda consideración", dijo a SEMANA Patricia Duque, secretaria general de la Empresa.
Con las salidas jurídicas y administrativas actualmente bloqueadas, y el cordón militar y policial en pleno vigor, se entra en una fase de posible agitación del orden público, en una zona que, por haber sido cuna de numerosas células del narcotráfico, ya ha conocido las incomodidades de la intervención militar. Sin embargo, Mesa confesó a SEMANA que "aquí no vamos a promover el desorden porque somos un municipio de la paz".
Lo cierto es que llegar al punto de imponer un proyecto de las dimensiones del Metro de Medellín por la fuerza, activa una señal de alerta en un país como Colombia, donde gobernadores con poderes reducidos pueden violar los derechos consignados en la nueva Constitución. Pero en el caso de Envigado surge también la pregunta de hasta dónde llega la autonomía municipal en un Estado unitario y no federal, porque, ciertamente, según dijo a SEMANA una fuente de la ETMVA. ' este no es el principado de Mónaco".
La última encuesta de opinión realizada en Envigado, entre 2.500 personas, encontró que el 100 por ciento de la población piensa que el Metro no es una obra fundamental. Pero fuera de Envigado, a Mesa se le ve como víctima de un extraño capricho personal, y como alguien en cuya conciencia reposa el juicio -bueno o malo de haber torpedeado uno de los proyectos más ambiciosos de Colombia . Y tal vez por eso, aunque quisiera, ya no puede dar marcha atrás.

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