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| 12/2/1985 12:00:00 AM

EL MISTERIO DE LAS AUTOPSIAS

Aunque nada contundente los inculpa, los militares se enredan con el nuevo giro del caso de los soldados bachilleres.

El episodio de la muerte de los dos soldados bachilleres a principios de marzo en la base militar de Tolemaida, durante una "práctica de supervivencia", estaba a punto de quedar definitivamente olvidado. De hecho, casi nadie se acordó de él durante más de seis meses. Fue necesario que una sanción menor impuesta por la Procuraduría Tercera Regional al director del Instituto de Medicina Legal, Egon Lichtenberger, por no haber entregado al Ministerio Público copia de las autopsias practicadas en los cadáveres de Iván López Cortés y José de Jesús Vargas Varela, de 17 y 19 años respectivamente, saltara a la primera página de los periódicos a mediados de la semana pasada, para que el tema recuperara actualidad.
Y la recuperó con un ímpetu inusitado. En efecto, no se trataba solamente de sancionar a Lichtenberger por haberse equivocado administrativamente al negarle a la Procuraduría algo a lo cual ésta tenía pleno derecho (artículo 311 del Código de Procedimiento Penal), sino de revelar que los resultados de las autopsias que se le habían ocultado a la Procuraduría explicaban la muerte de los soldados bachilleres no ya por insolación, como se creyó en un principio, sino por golpes. Claro está que hablar de golpes no implica hablar de que fueron propinados por alguien, pues bien podría tratarse de una caída durante los ejercicios y prácticas. Pero lo que complicaba las cosas es que esa información hubiera permanecido oculta a la opinión pública y a la propia Procuraduría durante tanto tiempo, como si alguien hubiera estado empeñado en que no se diera a conocer.

LAS AUTOPSIAS
La historia comenzó el 2 de marzo de este año, cuando un contingente de 400 soldados bachilleres del batallón Miguel Antonio Caro, fue trasladado a la base militar de Tolemaida cerca a Melgar. El 3 iniciaron los primeros ejercicios de una temporada de práctícas y entrenamiento, identificada como la más severa de todo el año de servicio militar de los reclutas del batallón MAC.
Conociendo los temores que los padres de familia suelen abrigar frente a este viaje, 15 días antes del traslado del contingente, los oficiales que lo comandaban los habían reunido para explicarles que todo iba a salir bien. "Ustedes nos han entregado unos niños y el Ejército piensa devolverles unos hombres había dicho uno de los oficiales a los padres de familia, según relataron algunos de ellos a SEMANA.
Pero el pronóstico del oficial no llegó a cumplirse del todo. Al menos no en el caso de los soldados Vargas y López, quienes fallecieron a las 2 de la tarde del lunes 4 de marzo. A las pocas horas, la noticia causaba gran revuelo en la prensa, la radio y la televisión. En un momento en que el proceso de paz, como para variar, pendía de un hilo y su desenlace estaba íntimamente ligado a la credibilidad de las instituciones y protagonistas involucrados en él, la muerte de los soldados, víctimas supuestamente de insolación y deshidratación (según lo señalaron las autopsias iniciales practicadas en Tolemaida), era un duro golpe para el Ejército.
Los altos mandos militares trataron en un principio de restarle importancia al episodio, pero de cualquier manera prometieron "una profunda investigación". Esta investigación quedó en manos de la juez 113 de Instrucción Penal Militar, quien ordenó, una semana después del entierro de los soldados, que el Instituto de Medicina Legal efectuara nuevas autopsias. Estas se llevaron a cabo y fue entonces cuando comenzaron los problemas.
Según dijo a SEMANA Lichtenberger después de ser informado de la sanción, las autopsias practicadas por los forenses del Instituto "confirmaron algunos de los hallazgos de las primeras autopsias realizadas en Tolemaida, como la evidencia de quemaduras en primer grado y posible insolación". Pero además "se encontró en el caso del soldado Vargas una fractura de cráneo que pasó desapercibida en la primera autopsia porque en ésta no se llevó a cabo la apertura de la cavidad craneana, tal vez por inexperiencia o por falta de elementos para llevarla a cabo. En el caso del soldado López se encontró además un hematoma, o sea una hemorragia en la región renal, también de origen traumático, producto de un golpe".
Pese a que éstas autopsias se realizaron en el Instituto el 14 y 15 de marzo, seis meses después sus resultados no se conocían y la opinión pública seguía creyendo, como lo creyó hasta la semana pasada, que la causa de las muertes había sido la deshidratación por insolación. La Procuraduría, que había recibido una solicitud de los familiares de las víctimas para vigilar de cerca el proceso, había comisionado a sus delegados para que asistieran a las autopsias en Medicina Legal y mantuvieran un continuo seguimiento del caso.
El 7 de mayo, la Procuraduría pidió a Lichtenberger por escrito que le enviara una copia de los resultados de las autopsias. Pero el director de Medicina Legal respondió en una carta que le era imposible dar curso a la solicitud, pues la juez 113, Aurora Bonilla Garzón, le había ordenado verbalmente que cualquier solicitud de este tipo fuera tramitada por intermedio de la Procuraduría Delegada para las Fuerzas Militares.

LA INVESTIGACION
La Procuraduría resolvió entonces iniciar una investigación administrativa sobre la actuación de Lichtenberger y, dentro de este proceso, llamó a la juez 113 a declarar. Ella desmintió a Lichtenberger y explicó que lo que se había dado entre ellos había sido "una conversación sobre temas profesionales". La investigación terminó hace algunos días con la sanción a Lichtenberger quien perdió cinco días de sueldo. El procurador Tercero Regional, Federico Torres, emitió la resolución de sanción, pero se cuidó de dejar en claro en el documento que la causa de la muerte de los soldados no había sido la insolación, sino los golpes.
Pero hablar de golpes no implica obligatoriamente hablar de maltratos. Lo cierto es que bien podrían ser fruto de un accidente durante los ejercicios. De hecho, cuando SEMANA preparó un informe especial sobre el servicio militar en Colombia (ver edición N° 149), los testimonios recogidos revelaron abusos de autoridad, arbitrariedades, problemas en la comida, pero ninguno de los ex reclutas interrogados mencionó la posibilidad de que se presentaran palizas o maltratos similares.
Sin embargo, si bien lo anterior podría exonerar al Ejército de una responsabilidad directa en la muerte de los soldados bachilleres, lo que sin duda complica las cosas es el manejo que el estamento militar ha dado del caso. En primer lugar, porque las deficiencias de las autopsias iniciales se hubieran podido obviar si el Ejército, en vez de arriesgarse a que se presentaran, hubiera pedido de inmediato la intervención de Medicina Legal, la entidad más autorizada en estos casos. Este punto se puede prestar hoy para muchas sutilezas, pues las autopsias realizadas diez días después de la muerte de los soldados, si bien establecieron los golpes, no pudieron aclarar el origen de éstos, pues ya no se trataba de cadáveres frescos, sino de los restos exhumados. En segundo lugar, el estamento militar no parece haberse comportado del todo bien con las familias de las víctimas: en caso de la madre del soldado Vargas, no solo no le han reconocido las prestaciones a las que en principio tendría derecho, sino que a la abogada designada por ella, Yolanda Barrera de García, no le han permitido constituirse en parte civil, pues la juez militar rechazó esta solicitud desde un principio, alegando que se trataba de la investigación de un accidente. "Sobre esto es necesario decir dos cosas -explica la doctora Barrera-: que hablar de accidente implica prejuzgar, pues aún no se sabe si fue un accidente, y que de todos modos, en un accidente se puede constituir una parte civil".
Los problemas de manejo del caso parecen afectar, incluso, al propio ministro de la Defensa, general Miguel Vega Uribe, quien el jueves dijo a los periodistas que lo interrogaron sobre las nuevas revelaciones en el caso de los soldados bachilleres que "se trata de una campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas". El general Vega anotó que "no se debe condenar a una persona, sin antes haberla escuchado", en lo cual tenía mucha razón. Pero las trabas impuestas por e] juzgado militar a los familiares de las víctimas, dejan esa afirmación sin piso. "La verdad es que este proceso -aclara la doctora Barrera- no ha contado con la vigilancia de ningún abogado de las familias, que también tienen derecho a ser escuchadas, o por lo menos, a que se les permita conocer lo que pasó con sus hijos".
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