Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2003/02/16 00:00

El mundo contra las Farc

La exitosa ofensiva diplomática del gobierno de Alvaro Uribe para que se declare a las Farc como terroristas, busca acorralar al grupo guerrillero.

En medio de la desolación que produjo el atentado terrorista contra el Club El Nogal la mayoría de colombianos recibió con alivio la cascada de declaraciones internacionales de repudio contra las Farc. Para muchos finalmente se le había quitado al lobo la piel de oveja frente a los ojos del mundo y otros preveían un inminente estrangulamiento mundial contra los lazos de la guerrilla.

Sin embargo, un grupo más escéptico consideró que más allá de una muestra simbólica de solidaridad las declaraciones de la Unión Europea, de los países de la región y de la ONU no eran más que un nuevo canto a la bandera.

Lo cierto es que con su maratónica ofensiva diplomática el gobierno de Alvaro Uribe consiguió la semana pasada dos cosas muy importantes. La primera, que los países latinoamericanos reconocieran oficialmente que las Farc eran las responsables de la muerte de las 33 personas en El Nogal y que ese acto confirmaba su "clara e incuestionable vocación terrorista" . Y la segunda, que el Consejo de Seguridad de la ONU condenara oficialmente este acto. Ambas cosas podrían tener consecuencias importantes en el futuro.

El compromiso concreto más claro que asumieron los países del continente tanto en la Declaración de Panamá el martes como en la del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos el miércoles en Washington fue su 'decisión incondicional' de cumplir con la Resolución 1373 de la ONU y con la Convención Interamericana contra el Terrorismo.

Frente a lo anterior muchos se preguntarán cuál es el gran logro del gobierno si en el fondo los países no hicieron más que ratificar una obligación que adquirieron desde septiembre de 2001, cuando tras el atentado contra las Torres Gemelas, en Nueva York, se forjó la alianza internacional contra el terrorismo. La verdad es que el logro es grande, pues para que un país esté en la obligación de aplicar contra alguien las fuertes medidas contempladas en esa resolución primero tiene que haberlo reconocido como terrorista. Y eso fue precisamente lo que hicieron los países de la región frente a las Farc la semana pasada.

Por ejemplo, todos los países firmantes de la 1373 tienen que perseguir las finanzas, aportar inteligencia, no dar refugio ni conceder asilo a ningún miembro del grupo Al Qaeda porque oficialmente lo reconocieron como terrorista cuando lo solicitó Estados Unidos. Pero si, dado el caso, un país no cree que la Organización para la Liberación Palestina sea terrorista, Israel no lo podría acusar ante el Consejo de Seguridad de la ONU por darle asilo a su presidente Yasser Arafat.

Por eso es que ahora que los países de la región vincularon por escrito a las Farc con el terrorismo actos que en el pasado fueron permitidos hoy serían inconcebibles. Por ejemplo, la negativa del gobierno venezolano de Hugo Chávez a entregar a las autoridades colombianas a José María Ballestas, presunto responsable del secuestro del ELN al Fokker de Avianca, tras ser capturado en Venezuela en 2001 provocó una fricción diplomática con el gobierno de Andrés Pastrana. Hoy esa misma vacilación constituiría un claro incumplimiento de la resolución de la ONU. Y, en ese caso, Chávez podría ser denunciado ante el Consejo de Seguridad.

La participación abierta de un delegado de las Farc en un foro de algún país latinoamericano como la que tuvo en el pasado Olga Marín en un auditorio del Senado venezolano también sería impensable. Y ni hablar de la violación que constituiría si se comprobara la denuncia que hizo en su momento el general Martín Orlando Carreño sobre la existencia de campamentos guerrilleros en la frontera venezolana desde donde presuntamente se planearon varios ataques en Norte de Santander con la anuencia de la Guardia Nacional venezolana; o las denuncias recientes de que tanto guerrilleros del ELN como de las Farc se pasean como Pedro por su casa por Guasdualito y El Amparo, en la frontera venezolana con Arauca.

"Es un cambio político muy grande", afirma la vicecanciller Clemencia Forero sobre las declaraciones de Panamá y la OEA. "Cualquier conducta que se aparte de la resolución 1373 convierte a ese país en un paria del sistema".

Estas declaraciones se convierten, además, en una herramienta adicional para que el gobierno colombiano pueda obtener una mayor colaboración de sus vecinos. "Es una especie de pasaporte que puede mostrar en cada retén político que encuentre", afirma un funcionario que prefirió no hablar oficialmente.

Podría hacerla valer, por ejemplo, para convencer a Panamá que deje escudriñar presuntas cuentas de las Farc en ese paraíso fiscal. La resolución 1373 obliga a los países a congelar de manera inmediata los fondos de las personas que cometan actos de terrorismo y, por lo tanto, le quedaría difícil oponerse a una solicitud judicial en este sentido.

Aunque, obviamente, esto tampoco significa que el gobierno colombiano vaya a obtener de manera automática la colaboración de sus vecinos. Pues si bien ahora la resolución tiene más dientes contra las Farc, igual se requiere que los países tengan la voluntad política de hacerla efectiva. Y por eso la labor diplomática del gobierno hasta ahora empieza para negociar, con cada uno, lo que demanda de ellos.

Esta labor será más fácil con las naciones que tienen un interés personal en debilitar a la guerrilla. Es posible que a España, para citar un caso, le interese evitar que las Farc estrechen lazos con la ETA y le inyecten dinero. Más ahora que está comprobado que miembros del grupo terrorista vasco entrenaron a los hombres de 'Tirofijo' en la zona de distensión en manejo de explosivos. O que países como Guatemala, Nicaragua y El Salvador quieran blindarse contra la guerrilla para evitar que reencauchen la creciente delincuencia de esa región. Así el gobierno de Uribe tendría buenas posibilidades de negociar, por ejemplo, un acuerdo regional para superar la permisividad de los gobiernos centroamericanos en el tema del tráfico de las armas sorantes de sus guerras civiles hacia los grupos armados en Colombia.

Estrategia regional

Desde finales de los 80 hasta mediados de los 90 las Farc emprendieron una estrategia continental que responde a su ideología de movimiento bolivariano y a su interés de crear focos de crisis en la región que dispersen la presión de Estados Unidos sobre ellos. "Buena parte de su fuerza descansa en su internacionalización. Eso les permite vender narcóticos, comprar armas y conseguir asesoramiento militar", afirma Román Ortiz, profesor de seguridad y defensa del Instituto General Gutiérrez Mellado de España y coautor del libro Terrorismo y seguridad publicado recientemente por SEMANA y Editorial Planeta.

Por eso tiene sentido que el gobierno de Uribe haya emprendido esta campaña para convencer a los países que la guerrilla constituye un peligro para toda la región y que por lo tanto la deben perseguir dentro de sus fronteras.

La condena del Consejo de Seguridad de la ONU al ataque va también en esa dirección. Si bien Colombia no consiguió que nombrara explícitamente a las Farc, como sí lo hizo con Al Qaeda del 11 de septiembre, es un primer paso para que la secretaría general de ese organismo multilateral le ponga más atención al conflicto interno colombiano.

El reto para el gobierno de Uribe ahora que abrió esta compuerta es grande. Arranca de entrada con un gran talón de Aquiles: Colombia carece de capacidad para hacer inteligencia en el exterior y tiene una tradición diplomática que actúa más al vaivén de la coyuntura política que de una estrategia coherente y pensada a largo plazo. Por eso si Uribe no apuntala este frente le dará razón a los pesimistas que creen que su periplo internacional la semana pasada no fue sino puro bombo para consumo interno.

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